Queremos acelerar el camino para que exista ciencia y tecnología en todo Chile, en cada región del país. Con estas palabras, el presidente de la República Gabriel Boric anunció, en su cuenta pública del 1 de junio recién pasado, la creación de un fondo de financiamiento estructural específico para el desarrollo de la investigación en las universidades. Según precisó posteriormente la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Dra. Aisén Etcheverry, el nuevo instrumento tendrá un fuerte componente territorial y coexistirá con el actual sistema de concursos. Comenzará a operar el próximo año, con montos que se asignarán en la Ley de Presupuesto 2024, en una fase piloto para la que se seleccionarán algunas instituciones.

La inversión nacional en ciencia y tecnología no supera el 0.4% del producto interno bruto, muy lejos del 2.3% promedio de los países de la OCDE con los que aspiramos a compararnos. En un mundo en el que la creación y aplicación del conocimiento es un pilar fundamental de la competitividad de las naciones, Chile requiere de una mayor inversión pública y privada en esta área, así como de diversificar los mecanismos de financiamiento.

La concursabilidad ha sido eficiente en cuanto nos ha permitido alcanzar altos niveles de productividad y debe mantenerse, como se ha dicho que sucederá. Pero no es suficiente para crecer orgánicamente e impulsar líneas de investigación con una mirada más estratégica. Los fondos concursables no se hacen cargo de una realidad: Chile no tiene un desarrollo territorial armónico, que permita que en cada región existan la infraestructura y los recursos que se requieren para hacer ciencia y tecnología. Tampoco resuelven la desigualdad de oportunidades entre géneros, disciplinas o para científicos y científicas jóvenes.

Estas brechas estratégicas pueden ser muy nocivas para el país. Es necesario complementar la vía de los concursos con fondos estructurales para abordar proyectos en ámbitos de mayor complejidad, conformar equipos multidisciplinarios de largo plazo, construir laboratorios, generar condiciones laborales adecuadas para investigadores e investigadoras y escalar propuestas para una mejor aplicación y transferencia de resultados.

La alta productividad y el desarrollo en ciencia y tecnología se sustenta principalmente en las comunidades académicas de todo el país. Ellas, con el respectivo soporte institucional, generan la mayor parte de la investigación científica. Resulta del todo razonable recurrir a convenios con las universidades para, en un trabajo conjunto, entender sus requerimientos, reforzar sus capacidades y acelerar su desarrollo.

La creación y transferencia de conocimiento es una de las áreas misionales de la Universidad del Bío-Bío, la única estatal de las regiones del Biobío y de Ñuble. No podemos sino aplaudir esta iniciativa. Nos alegra que -tal como lo señaló la ministra Etcheverry en la visita que efectuó a mediados de junio a nuestra sede en Concepción- el nuevo instrumento de financiamiento marque un camino a seguir: sin dejar de lado la concursabilidad, generar las condiciones para hacer más y mejor ciencia en todo el país.

Actualmente, nos encontramos en una sociedad que envejece rápidamente debido a un descenso de las tasas de natalidad y de mortalidad, junto a un aumento de la expectativa de vida, asociado al fortalecimiento de políticas públicas sanitarias importantes que se han desarrollado en los últimos setenta años.

Sin embargo, en nuestro país, esta mayor esperanza de vida muestra un importante aumento de la morbimortalidad asociada a enfermedades crónicas no transmisibles (ECNTs) que representan la principal causa de pérdida de años de vida saludables (AVISA), siendo las enfermedades cardiovasculares la primera causa de mortalidad en Chile.

Si en la década de los 50 nuestra esperanza de vida era de 55 años, hoy se empina hasta los 80,7 años (83,2 en mujeres y 78,1 en hombres), proyectándose a alcanzar los 87,8 años en el 2050. Pero, el envejecimiento de la población no es solo un número, sino que, es una fase fundamental de nuestra vida que merece mayor atención y respeto, prestando atención desde ya a vivirla en mejores condiciones.

Frente a este contexto, se han desarrollado diversas estrategias que permiten disminuir las dificultades en la población mayor, creando planes, proyectos, políticas y programas, tanto a nivel internacional como nacional, dirigidas a aumentar la vitalidad de las personas mayores, permitiéndoles disfrutar de esta etapa de la vida en mejores condiciones de salud.

Así, en nuestro país es de gran importancia el Plan Nacional de Salud Integral para personas mayores, el cual está vigente desde el año 2020 y proyectado hasta el 2030, que busca levantar un sistema de salud integral e integrado, que permita el desarrollo de acciones en distintas instancias que partan desde el hogar y pase por los diferentes niveles de atención de la salud pública, con la misión de entregar servicios de salud a las personas mayores asegurando su acceso, la calidad y sostenibilidad en el tiempo.

Con este fin se estableció en la Ley N°20.422 la atención preferencial, donde se instauran normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social tanto para personas con discapacidad como para personas mayores, que permitió la creación de planes de desarrollo de atención preferente en los centros de salud, facilitando el acceso a acciones de promoción, protección, recuperación y rehabilitación en salud.

A pesar de los esfuerzos, este aún se plantea como un sistema frágil para esta población, ya que, por ejemplo, el contexto vivido por la pandemia por covid-19, conllevó a una disminución de los esfuerzos, afectando directamente a las personas mayores que han ido en retroceso en cuanto a sus condiciones de vida, con un alto impacto en las esferas biopsicosociales.

Por ello, uno de nuestros grandes desafíos es sumar calidad de vida a las personas mayores, abordar sus problemas de salud en conjunto con los determinantes sociales, a través del fortalecimiento de la red integrada de salud con profesionales y técnicos capacitados para una atención de calidad e integral, así como el mejoramiento de la infraestructura y equipamiento que permitan dar respuestas a las necesidades específicas de las personas mayores.

Muchos regionalistas vemos con preocupación las noticias de nuevos casos de corrupción que están afectando a los gobiernos regionales. La instalación de éstos, en el contexto de la Ley 21.074, debía ser perfecta, por ser ésta un punto de partida para el desarrollo regional.

Lamentablemente una de las causas que se esgrimen para frenar la descentralización, es la incapacidad que tienen las regiones para administrar sus propios recursos. Es por ello, que las últimas noticias del "Caso Convenios" y sus otros coletazos son un duro revés para esas "pruebas cotidianas", que tienen que dar los que viven en regiones, ante el centralismo de Santiago.

A más de alguno lo escuche decir: "ahora con qué ropa van a ir a exigir más recursos".

Cuando se hablaba de profundizar la descentralización, junto con el necesario traspaso de competencias y de recursos del gobierno nacional a los gobiernos regionales, se planteaba con igual fuerza la necesidad de mejorar los controles sobre los recursos públicos. A medida que se descentraliza, se generan nuevos espacios de poder y con éstos puede haber comportamientos "inapropiados" asociados al: oportunismo de algunos de los agentes, a la inexperiencia de los decidores o a una estructura que, por ser nueva, puede presentar una mayor cantidad de zonas grises de control. No es momento de adelantar hipótesis, sólo debemos tener claridad que estos riesgos de la organización pública están presentes.

La crisis está desatada y, a mi entender, se debe trabajar sobre dos líneas.

En un primer frente necesitamos tener una investigación rápida y profunda de los hechos ocurridos para determinar quiénes son los responsables. Entre más lento sea este proceso de investigación -sanción, mayor será el daño que le estaremos haciendo a la Región del Biobío. El Gobernador y el Gobierno Regional son una parte central de la red de actores territoriales, su eventual freno, por diversas causas, puede tener un costo altísimo para la región en su conjunto.

En un segundo nivel está la necesidad de fortalecer el Gobierno Regional, con una visión de largo plazo, lo que no implica sólo tener más recursos financieros, sino que significa mejorar el control de los procedimientos, reducir los espacios discrecionales a los mínimos necesarios, aumentar sus capacidades humanas, incorporar más tecnologías (por ejemplo: aplicaciones basadas en inteligencia artificial para anticiparse preventivamente a las situaciones complejas), generar espacios de articulación más profundos y transparentes con el resto de la institucionalidad pública - privada que trabaja con el territorio.

Tampoco sirve, como resultado de esta crisis, que los nuevos controles que se implementen entorpezcan e impidan el normal funcionamiento de las actividades. Justamente la lentitud de los procesos de control fue un argumento esgrimido por algunos para saltarse los procedimientos, operando la discrecionalidad en la asignación de recursos.

Depende de nosotros que esta crisis no implique un retroceso en el necesario curso de la descentralización. Debemos ver en esta difícil situación una oportunidad para fortalecer nuestro Gobierno Regional. Si queremos ser competitivos, necesitamos contar con una buena institucionalidad, que no es otra cosa que un buen marco generador de confianza entre diferentes actores de la Región y su entorno.