Por Nicolás Álvarez Arrau

En el marco de la polémica que han levantado las investigaciones ligadas al denominado caso Convenios y las suspicacias que hay sobre la actuación de parte de los órganos públicos de la Región del Biobío, entre ellos el propio Gobierno Regional (Gore), este último ente anunció la implementación -por iniciativa propia- de una serie de medidas que tienen por objeto elevar el estándar en la gestión de iniciativas. De acuerdo a un documento al que tuvo acceso EL SUR, se trata de 15 medidas que se fundan en los términos de transparencia, control y probidad, las que fueron informadas a los consejeros regionales el 20 de julio pasado, en la comisión de Ética.

El primer grupo reúne medidas de carácter general y de impacto inmediato en la gestión del Gobierno Regional. Ahí, por ejemplo, es posible advertir la creación de la Unidad de Análisis, Control y Fiscalización de Programas Glosas Comunes para garantizar, más allá de la función particular de cada división, la legalidad de cada uno de los procedimientos y la asignación de fondos. A eso se suma el fortalecimiento y capacitación permanente a contrapartes técnicas y financieras y la realización de una auditoría general 2021-2023 a todos los programas financiados por la entidad que lidera Rodrigo Díaz, sean o no de adjudicación directa. Este punto ya fue aprobado por el pleno del Gore.

Con base a eso, se adoptarán acciones que apuntan al requerimiento de restitución de fondos ocupados en un fin distinto al programa, o al cierre anticipado y rápido de iniciativas en caso de constatarse mal uso de los recursos. En este mismo marco, también se solicitará a la Dipres que, con carga al presupuesto 2024, se autorice ejecutar programas para disminuir la externalización de tareas y que se fortalezcan los equipos de auditoría, control y supervisión de iniciativas encargadas a terceras partes.

Control y seguimiento

En un segundo paquete están definidas seis medidas asociadas a elevar los estándares de evaluación, control, seguimiento y transparencia. Aquí se pretende implementar un sistema de integridad en la gestión del Gobierno Regional, que incluye un nuevo estándar de compliance, con medidas tales como el fortalecimiento de los mecanismos de control interno y un protocolo de prevención de delitos, la exigencia de la declaración de intereses de los evaluadores y contrapartes técnicas y financieras, y la cautelación de los potenciales conflictos de interés hasta el tercer grado de consanguineidad para funcionarios del Gore, acreditándose la no participación del funcionario en ninguna gestión relativa a la iniciativa o la no aceptación.

Junto con lo anterior, se destacan medidas como la actualización de los manuales e instructivos internos necesarios en la postulación a los programas para las contrapartes técnicas y para las contrapartes financieras -los cuales serán sometidos a aprobación del Consejo Regional-, la gestión con la Contraloría para que desde 2024 todos los programas sean rendidos de forma simultánea y en línea entre ambas instituciones, el sometimiento de todos los programas a aprobación del Consejo Regional, la optimización del acceso a la plataforma SAGIR y la próxima plataforma informática que se instalará, "siempre con apego a los requerimientos legales de confidencialidad", y la búsqueda de una asesoría externa de un excontralor para supervigilar los procesos de auditoría y control.

Instituciones privadas

En tercer lugar, hay otras seis normas destinadas a elevar estándares de aseguramiento de la calidad de las instituciones privadas que postulen a financiamiento del FNDR. Para avanzar en este camino, el Gobierno Regional creará un registro de acreditación de instituciones privadas de la sociedad civil que verifique ex ante las condiciones institucionales de carácter jurídico, administrativo, técnico y financiero. Asimismo, las instituciones que postulen a las distintas vías de financiamiento tendrán que dar garantías de ser los titulares de los proyectos, evitándose la figura de intermediación y, de ser estrictamente necesario, la subcontratación dentro de las iniciativas deberá ser bajo condiciones especiales, como la debida justificación, la presentación de, al menos, tres alternativas de subcontratación, una consiguiente evaluación y que el gasto en subcontratación corresponda a un porcentaje presupuestario no superior a un valor previamente indicado.

Las tres últimas medidas de este segmento dicen que, en el proceso de postulación de iniciativas, la institución estará obligada a acreditar una demostrable capacidad de ejecución, tanto administrativa como financiera, que se exigirá a las entidades ejecutoras de proyectos que se contemple la contratación de un administrativo contable en cada proyecto, y que se aplicará un rango de remuneraciones a los profesionales que trabajen en iniciativas, para lo cual se construirán estamentos.

El gobernador Díaz anunció también ayer que solicitó al equipo jurídico que aliste una querella por probable mal uso de recursos públicos en el contexto del caso Convenios. La acción se entablará durante la semana.

3 grupos de acciones están contempladas en el documento del Gore. En total, la entidad formuló 15 medidas.

Rodrigo Martínez, administrador regional, indicó que estas medidas dan una respuesta inmediata a la coyuntura, "porque no vamos a esperar modificaciones legales ni la próxima Ley de Presupuestos 2024. Vamos a implementar desde ya la ejecución de estas acciones, a modo de adelantarnos y dar confianza a la ciudadanía". Agregó que en estos días transparentarán en un sitio específico de la página web del Gore todos los convenios con entidades privadas y el detalle de las transferencias de los recursos ejecutados.

La medidas fueron destacadas por una serie de consejeros, entre ellos Andrés Parra, James Argo, Teresa Stark y Rodrigo Vera.

A partir de este lunes, el centro de Concepción volverá a contar con el servicio de parquímetros, luego de que estuviese casi siete meses inactivo. El proceso se vio interrumpido desde el 3 de enero pasado, cuando finalizó la última licitación vía trato directo que se hacía cargo de este servicio de estacionamientos.

Producto de esta situación, conductores, profesionales y autoridades denunciaron un desorden de la ciudad, así como un aumento en la cantidad de robos de accesorios de vehículos. Asimismo, cuidadores irregulares se instalaron en buena parte de las arterias, quienes cobraban precios no regulados.

Con el retorno del servicio, el municipio penquista anunció recientemente que junto a Carabineros preparan esta restitución con una licitación nueva que se extenderá hasta noviembre de 2027. Además, informó que la empresa a cargo, Geo Parking System Chile SpA, contratará al 70% de los trabajadores que realizaban esta tarea con la última licitación vigente.

Principales cambios

De acuerdo a la Municipalidad de Concepción, el nuevo contrato permitirá que los usuarios puedan pagar a través de tarjetas y no sólo en efectivo, como se solía hacer.

Otra modificación importante dice relación con la cantidad de estacionamientos licitados, que disminuyó a 1.301, ya que hoy no se incluyen los espacios del Parque Ecuador.

Respecto a los precios, se informó que de lunes a viernes el valor por minuto llegará a los $27. Los sábados sólo se cobrarán $14 por minuto.

En horas de la mañana de ayer fue posible ver la instalación de las nuevas señaléticas en el centro de la ciudad.

Una compleja situación está atravesando el Servicio de Mejor Niñez producto de las denuncias de explotación sexual infantil que se han presentado durante el año 2023 y que implican a menores de edad de diferentes regiones del país, según recalcó Francesca Muñoz, diputada local por el Partido Social Cristiano. Es por ello que la comisión de Familia de la Cámara, instancia en la que Muñoz participa, invitó al fiscal nacional, Ángel Valencia, y a la directora de Mejor Niñez, Gabriela Muñoz, además de la Defensoría de la Niñez.

"Hay que recordar que hay más de 200 denuncias en la Fiscalía por explotación sexual infantil, lo cual es extremadamente grave y nos preocupa demasiado. Es por ello que desde la comisión de Familia tomamos el acuerdo de invitar para la próxima sesión al fiscal nacional, a la directora de Mejor Niñez y a la Defensoría de la Niñez para que nos informen sobre los avances en las investigaciones", señaló la diputada.

Bajo la misma línea, Francesca Muñoz dijo que "creemos que es sumamente importante que se ejecuten acciones concretas para erradicar la explotación sexual infantil y esperamos que estas medidas se estén ejecutando por parte de la Defensoría y el Servicio de Mejor Niñez, es por ello que los hemos invitado al Congreso, para que nos entreguen toda la información necesaria".

Finalmente, la representante del Partido Social Cristiano puntualizó que "esperamos que desde la Fiscalía se indague en profundidad y lleguen a buen puerto, para que no se sigan vulnerando los derechos de los niños, porque ellos están primero y nuestro deber como parlamentarios es fiscalizar y legislar para que esto no siga ocurriendo".