Por Agencias/Redacción

El coordinador interministerial para la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, el periodista Patricio Fernández, dimitió ayer en medio de fuertes críticas y presiones del Partido Comunista (PC) y de varias organizaciones defensoras de los derechos humanos.

"El mandatario (Gabriel Boric) comprende las razones que han llevado a Patricio Fernández a tomar esta decisión y valora su espíritu democrático, su compromiso con los derechos humanos y agradece públicamente el rol que jugó en la organización y en la construcción del mensaje central de esta conmemoración", dijo un comunicado difundido desde Presidencia.

Luego, en un punto de prensa convocado durante la tarde, Boric defendió a Fernández y señaló que entendió que "si su cargo constituye un obstáculo para las actividades de la conmemoración, decidió dar un paso al costado", acción que "valora".

Patricio Fernández, de centroizquierda, pero sin militancia, fue designado por Boric en noviembre de 2022 para coordinar el plan de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado.

Para subrayar la posición del Gobierno sobre los hechos acontecidos, el presidente insistió en su alocución que "un golpe de Estado es absolutamente injustificable" y que ninguna diferencia entre los distintos sectores "puede justificar la realidad de que se violaron los derechos humanos", dos ideas que "espera que sean consensos transversales".

También recalcó el rol de las organizaciones de derechos humanos "fundamentales para avanzar en algo de justicia, aún insuficiente, por los brutales crímenes de la dictadura" y añadió que estas agrupaciones "han sido el pilar para mantener viva la memoria cuando muchos querían cómodamente olvidar".

Aunque algunas voces se mostraron contrarias a la designación de Fernández desde el inicio, la polémica escaló la semana pasada, tras una conversación radial en la que también participaba el sociólogo ManuelAntonioGarretón y en la que el periodista sostuvo que el desafío principal para la conmemoración del 11 de septiembre es "acordar qué sucesos posteriores a ese golpe son inaceptables en cualquier pacto civilizatorio" y que "la historia podrá seguir discutiendo por qué sucedió o cuáles fueron las razones o motivaciones para el golpe de Estado".

Esas palabras centraron los reproches, más allá del resto del discurso del entrevistado, que apuntó a fórmulas para encontrar "mínimos comunes", y fueron rechazadas por las organizaciones, que las consideraron poco contundentes contra el alzamiento militar. El Partido Comunista subió el tono.

Hertz pide trayectoria

Ayer la diputada comunista Carmen Hertz, cuyo esposo en esa época fue ejecutado por militares en octubre de 1973, sostuvo desde la Cámara de Diputados que "la condena absoluta del Golpe de Estado calificándolo como crimen es el mínimo civilizatorio que nos debe agrupar como sociedad" y enfatizó que quien ocupe la coordinación del cincuentenario "tiene que tener una trayectoria ligada a la lucha contra la impunidad y por la defensa de los derechos humanos".

"Ese tiene que ser un requisito si ne qua non, alguien que no tenga un atisbo del negacionismo posmoderno que hoy permea en varios sectores de nuestra sociedad", agregó.

Por ahora, según señaló Presidencia, la organización de las actividades conmemorativas de los 50 años "continúan a cargo del Ministerio de las Culturas", en coordinación con los distintos ministerios, servicios de Gobierno y la Presidencia.

La UDI, sin embargo, anunció desde su bancada en elParlamento que se restará de las actividades tras la salida de Fernández de la organización.

El lunes, más de 160 organizaciones defensoras de los derechos humanos y la memoria histórica entregaron una carta al presidente para pedir la dimisión de Fernández.

El sociólogo Manuel AntonioGarretón, quien fue el interlocutor de PatricioFernández en un programa de Radio Universidad de Chile donde vertió sus polémicos dichos, lamentó ayer en Radio Infinita "que no siga en el cargo que tenía. Creo que se comete una injusticia cuando se le ataca del modo como se le ha atacado, lo que no quiere decir que quienes lo han hecho, lo hagan por maldad o por intereses políticos subalternos. Están planteando su posición que, respecto a los temas éticos fueron las correctas, pero que si una determinada persona podía o no encarnar bien la conmemoración, yo creo que están equivocadas".

Una vez más el Ejecutivo llegó al Congreso Nacional a solicitar la prórroga del Estado de Excepción Constitucional en la Macrozona sur, específicamente en la Región de la Araucanía y las provincias de Arauco y del Biobío, de la Región del Biobío.

En su paso por la Cámara de Diputados el requerimiento del Gobierno fue aprobado por 103 votos a favor, 26 en contra y 15 abstenciones.

La sesión no estuvo exenta de polémicas ya que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, no pudo ingresar al hemiciclo de la Cámara ya que no se logró recabar la unanimidad para aquello. En tres ocasiones la mesa solicitó el ingreso de la autoridad y fue negado por parlamentarios.

Pese a esto, la ministra de Defensa, Maya Fernández sí pudo participar del debate. Posteriormente, la extensión del Estado de Excepción fue revisada en el Senado, donde se aprobó con 38 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones.

Con estos resultados el Congreso despachó una nueva renovación de la herramienta constitucional para enfrentar los actos delictivos en la Macrozona Sur y suman 27 durante la administración del Presidente Gabriel Boric.

El decreto, como en otras ocasiones, recuerda que una serie de lamentables hechos de violencia en diferentes zonas de La Araucanía y en las provincias de Arauco y del Biobío, de la región del Biobío, han afectado gravemente el orden público, la vida y la integridad física de habitantes, trabajadores y trabajadoras.

Asimismo, sostiene el documento que el EECE vigente ha promovido la coordinación interinstitucional entre las policías, las Fuerzas Armadas y el Gobierno. Tal accionar presenta positivos efectos en disuadir la ocurrencia de eventos violentos y desordenes. No obstante, reconoce el Ejecutivo, a pesar de esta medida los hechos violentos aun persisten, por lo que se hace necesario prorrogar la declaración por 15 días adicionales.

La nueva prórroga del estado de excepción regirá luego del término del decreto vigente, que culmina el próximo 10 de julio.

Debate

En el análisis, la Sala manifestó en términos generales la importancia de implementar métodos de inteligencia frente a los diversos hechos de violencia que aún se mantienen pese al uso de esta herramienta. Asimismo, se insistió en extender la medida a la región de Los Ríos, que también se ha visto afectada.

Por otro lado, recalcaron que los atentados siguen y que tampoco hay reparación para las víctimas de gravísimos hechos de violencia. En este sentido, condenaron los ataques a colegios e iglesias.

De la misma forma, criticaron que no basta la disuasión, sino que es preciso evitar estos ataques. También hubo mención a la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Detallaron que hay comunidades mapuches que siguen viviendo en precariedad.

Seguidamente, indicaron que, hoy, la preocupación central es revisar la restitución territorial, argumentando que la comisión antes mencionada es criticada debido a la militarización de la zona.

La ministra de Defensa, Maya Fernández, explicó que han trabajado en sesiones secretas con el Senado, el Ministerio del Interior, las policías, Fuerzas Armadas y la fiscalía. Asimismo, hizo un reconocimiento a las Fuerzas Armadas y su despliegue. Mencionó que, en las pasadas lluvias en la zona, las instituciones estuvieron apoyando a la ciudadanía, en momentos en los que se requiere de manera permanentemente.

El ministerio de Ciencia dio a conocer ayer a los nueve integrantes de la Comisión contra la Desinformación que asesorará al Gobierno en la materia.

La iniciativa ha causado controversia, ya que es vista como un "riesgo" para la libertad de expresión y para la democracia por la oposición y la Sociedad Interamericana de la Prensa, SIP.

El ministerio reiteró en un comunicado que la comisión busca "asesorar al ministro o ministra de Ciencia y al ministro o ministra secretario(a) general de Gobierno, en los aspectos que permitan analizar el fenómeno global de la desinformación y su manifestación a nivel local en Chile".

Los expertos que integrarán el consejo son Lionel Brossi Garavaglia, académico de la Universidad de Chile y director del Núcleo Inteligencia Artificial y Sociedad de la Facultad de Comunicación e Imagen; Claudio Elórtegui Gómez, director de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso e investigador en comunicación política como parte del equipo de investigación DEEP (Demoscopía Electrónica del Espacio Público) de la PUCV; Ingrid Bachmann Cáceres, académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, experta en desinformación; Pedro Anguita Ramírez, abogado, doctor en Derecho, experto en regulación constitucional y legal de los medios de comunicación social y libertad de expresión, y autor del libro "El Derecho a la Información en Chile"; María José Escobar Silva, magíster en Ingeniería Civil Electrónica de la Universidad Técnica Federico Santa María y colaboradora del Centro Nacional de Inteligencia Artificial;Patricia Peña Miranda, directora Fundación Datos Protegidos;Juan Carlos Lara Gálvez, abogado, director ejecutivo en Derechos Digitales, de defensa y promoción de los derechos fundamentales en línea; Paulina Ibarra Araya, máster en Comunicación de la Universidad de Georgetown, experta en género, dirige el Observatorio de Mujeres contra la Desinformación y Fake News de Fundación Multitudes; y Fabián Padilla Arenas, periodista de la Universidad de Santiago y director y editor general de Fast Check CL.