Por Karlyng Silva Leal

Un nuevo informe de la Multigremial de la Araucanía evidencia una disminución en los hechos de mayor connotación asociados a violencia rural en la Región del Biobío durante el mes de febrero, percepción que también comparte la Asociación de Contratistas Forestales que opera la zona. No obstante, para los gremios la situación que preocupa especialmente tras este inicio de 2023 es la intencionalidad de los incendios forestales en la Macrozona Sur.

Según los antecedentes recopilados en el informe de la Multigremial, durante febrero de 2021 la región del Biobío registró 8 hechos de mayor connotación, lo que incluye los delitos de homicidios, ataques armados y atentados incendiarios. Este mismo registro durante el año 2022 indica 7 casos, disminuyendo a 6 durante febrero de este 2023.

Desde la Asociación de Contratistas Forestales (AcoforAG), la estadística de los atentados ocurridos durante los 3 primeros meses del año evidencia en la región del Biobío un promedio de 4.2 ataques entre los años 2014 y 2022. Esta cifra promedio disminuyó durante el verano del 2023 a un solo ataque en promedio. Esto posiciona a la región como la que ha tenido una disminución más notable en comparación al resto de las que componen la Macrozona Sur, siendo La Araucanía donde la cifra promedio se ha elevado.

Estado de excepción

En base a las cifras expuestas, el gerente general de AcoforAG, René Muñoz explicó que para ellos la razón de la disminución de los ataques tiene como una de sus razones el estado de excepción que lleva 10 meses vigente, pero que para ellos el principal cambio fue la implementación de la Ley de Hurto de Madera.

"Hay un quiebre en la tendencia desde cuando se comienza a aplicar, porque todos sabíamos que este delito es el que financia las actividades delictuales y terroristas de estos grupos armados", explicó.

En esta línea también destacó otra situación: "el rango de trabajo en la provincia de Arauco ha disminuido mucho, por lo menos todo el sur de la provincia desde Los Álamos no se está trabajando, entonces ese es un efecto adicional, porque hay una menor cantidad de sectores donde trabajamos y por ello estamos menos expuestos a los atentados".

Respecto a esta situación, la delegada regional, Daniela Dresdner, aseguró que el combate del crimen organizado ha sido el foco en la macrozona -pero también el desarrollo en territorios abandonados-, y como ejemplo de ellos apuntó a "la detención de 11 personas que operaban en la provincia de Arauco y que ya están imputados por asociación ilícita, lo que constituye un hito histórico, por cuanto por primera vez estamos pudiendo acreditar este tipo de delitos".

"En términos concretos, el año pasado comparado con el anterior, logramos disminuir un 56% el robo de madera, 12% los atentados incendiarios, 81% las amenazas y un 50% las usurpaciones de acuerdo a los antecedentes entregados por el Ministerio Público"

Intencionalidad en los incendios forestales

En el informe de la Multigremial señala que según datos del Sistema Digital para Control de Operaciones (Sidco) de la Conaf, al 3 de marzo se evidencia una intencionalidad de los incendios en la región del Biobío del 67%, siendo la región más afectada en esta materia con 13.23 incendios, de los cuales 881 habrían sido provocados al 3 de marzo.

"Específicamente en la Región De La Araucanía 9 de cada 10, y en Biobío 8 de cada 10, de los incendios combatidos por empresas privadas se estiman intencionales. Esto reafirma que la intencionalidad de los incendios son parte de la escalada de violencia relacionada con la Crisis de Seguridad de la Macrozona Sur", asegura el informe.

Respecto a esta situación, Muñoz acotó que si bien los ataques disminuyeron este verano efectivamente el cambio se tornó hacia los incendios y su presunta intencionalidad.

12% es la disminución de ataques incendios que registró el Gobierno con el estado de excepción al comparar el 2021 y 2022

67% es el porcentaje de intencionalidad de los incendios forestales que afectaron al Biobío según Sidco - Conaf

Un violento asalto cometieron alrededor de 10 o 12 sujetos a la empresa conocida como Chile Tabacos, ubicada en la comuna de Los Ángeles. Según constató la PDI, no se registran personas detenidas por este delito en el que lo sustraído se avalúa en cerca de $40 millones. Además, la delegada de la Provincia de Biobío, Paulina Purrán, aseguró que ninguno de los trabajadores resultó lesionado.

El jefe de la Prefectura Biobío, Oscar Bacovich, explicó que cerca de las 23 horas la decena de sujetos llegó hasta la bodega de la empresa en Avenida Las Industrias a bordo de tres vehículos con encargo por robo vigente. "Ingresan a una zona de bodegaje (...) Intimidando a los guardias de seguridad con armas de fuego, posteriormente, con el alunizaje, rompen la cortina metálica con la finalidad de sustraer alrededor de $40 millones en cajetillas de cigarro, una caja fuerte con $900 mil y documentos bancarios".

Bacovich agregó que los sujetos dejaron una de las camionetas en las que llegaron al interior de la bodega, huyendo del lugar en los otros dos vehículos en dirección desconocida.

"Hemos establecido cuatro ramificaciones del sitio del suceso donde vehículos obstruyen el tránsito habitual por las vías de acceso a esta zona de bodegaje, incluso incendiando algunos vehículos, por lo cual estamos investigando a través de la Brigada de Investigación Criminal si estos hechos están estrechamente relacionados", agregó el detective.

40 millones de pesos, aproximadamente, es el avalúo de las cajetillas de cigarros sustraídas desde la bodega de la empresa.

La sexta sala de la Corte de Apelaciones de Concepción rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa de Jorge Escobar, respecto a la solicitud de audiencia de apercibimiento para cerrar la investigación en contra del único imputado en el caso que investiga la desaparición y muerte del menor Tomás Bravo.

El ministro Rodrigo Cerda, redactor del fallo, explicó que la acción de amparo se contextualiza en la audiencia realizada el pasado 10 de marzo, instancia en que la Fiscalía reformalizó a Escobar como autor del delito de abandono de menor con resultado de muerte. Esto fue apelado por la defensa principalmente por tratarse de una decisión ocurrida a días de que finalizara el plazo legal de dos años en la investigación en contra del imputado.

Cerda sostuvo que "la jueza de Garantía de Arauco no actuó ilegal ni arbitrariamente en opinión de la sexta sala, toda vez que todavía estaba abierta la investigación, no obstante que había vencido el plazo legal para el cierre y por lo tanto se podía reformalizar la investigación".

Tras este proceso la Defensoría podría recurrir a una apelación respecto a la decisión del tribunal de alzada. En tanto, se mantiene la medida cautelar de arraigo nacional que decretó el juzgado al momento de la reformalización, ya que la Corte estimó que no afectaba el derecho de defensa y al estar abierta la investigación era algo realizable.