El impacto de la discapacidad
Más de 2,7 millones de chilenos tienen algún grado de discapacidad. La mitad tiene una disminución importante de su funcionalidad o graves dificultades para realizar de forma autónoma actividades esenciales de la vida cotidiana.
El Ministerio de Desarrollo Social ha dado a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia de 2022, que indica que un 17,6% de la población adulta en Chile presenta algún grado de discapacidad. Esto se traduce en 2.703.893 personas mayores de 18 años. Los hombres, los mayores de 60 años y los quintiles más bajos presentan la mayor cantidad de afectados.
El ministerio detalló que 1.746.835 personas (11,4%) poseen una discapacidad severa, y que 957.058 (6,2%) arrastran problemas leves o moderados. Si bien una gran mayoría de las personas afectadas son autovalentes (77,8%), existe un importante porcentaje (9,8%) que dependen del cuidado de otros. Esto significa que cerca de un millón y medio de personas dependen de otro para poder realizar sus actividades básicas.
El concepto de discapacidad es genérico y abarca desde la condición física, sensorial, mental, que limita ciertas actividades para desarrollarlas con normalidad, lo que muchas veces se transforma en un calvario para sus protagonistas, quienes deben lidiar no solo con una serie de impedimentos urbanos, sino también con la poca colaboración de la comunidad.
En nuestra zona, ha habido avances importantes, como veredas con rebajes en las esquinas, para facilitar el paso de las sillas de ruedas, pero resulta evidente que muchas personas no los respetan cuando atraviesan las calles a paso lento, cuando se instalan vehículos sobre las aceras, con lo cual impiden el paso de sillas de ruedas, cuando las veredas están en mal estado o hay obstáculos difíciles de sortear para ellos. Otra prueba de esa falta de colaboración de la ciudadanía es ver cómo los estacionamientos reservados para discapacitados son ocupados por conductores sin impedimentos, en los malls o supermercados, cuestión que con frecuencia es denunciada en cartas al diario o en Fotoclick.
El 10 de febrero de 2010 entró en vigencia la Ley N°20.422 que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad. La normativa modificó la legislación de 1994 y estableció que empresas públicas y privadas con más de cien trabajadores, deben reservar el 1% para empleados en condición de discapacidad, o bien optando por alternativas como realizar donaciones o subcontratando personal. Asimismo, eliminó la disposición que establecía que se les pagaría un sueldo menor al mínimo. Por ello, la ley promovió la cooperación público-privada, entendiendo que la discapacidad es un tema que afecta a toda la sociedad y que es por lo tanto deber de todos contribuir a superar las barreras que impiden o dificultan la plena integración de esas personas.
Lo que pretendió esa legislación fue facilitar la inclusión y la rehabilitación, agilizando los procesos de calificación y certificación de la discapacidad y ampliando el régimen de exenciones arancelarias para la importación de equipos, prótesis, medicamentos y un conjunto de otros elementos necesarios para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Además, se asegura el pleno acceso de las personas con discapacidad a las edificaciones públicas y privadas y se perfeccionaron las normas sobre estacionamiento preferente. Se incorporaron disposiciones para facilitar el acceso de discapacitados al sistema educacional y al mercado del trabajo y se reconoció el lenguaje de señas como medio de comunicación de las personas con limitación auditiva por lo que los canales de televisión, por ejemplo tuvieron que generar paulatinamente posibilidades de acceso a su programación para personas sordas.
Se reconoce que ha habido avances, pero aún falta mucho, sobre todo, en la actitud de las personas para reconocer y respetar la discapacidad.
El Ministerio de Desarrollo Social ha dado a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Discapacidad de 2022, que indica que un 17,6% de la población adulta presenta algún grado de discapacidad.