Por Redacción

El trabajo de la Convención Constitucional quedó marcado por la invención de un cáncer avanzado por parte de uno de sus miembros, el ex Lista del Pueblo Rodrigo Rojas Vade, quien se hizo conocido por asistir a las manifestaciones tras el 18 de octubre de 2019 con catéteres empleados en supuestos tratamientos, para los que realizaba rifas a fin de pagarlos. Ayer fue condenado a un año de libertad de vigilada y el pago de una multa de 11 UTM por el delito de estafa.

Rojas Vade fue electo para redactar el proyecto de nueva Constitución -rechazado el 4 de septiembre de 2022 -con más de 19.000 votos y, al momento de ingresar a la Convención, declaró tener una deuda de $27.000.000 con el Banco Scotiabank por "financiamiento de tratamiento quimioterapéutico contra el cáncer", que resultó falso.

A este monto se sumaron más de $13.000.000 obtenidos en rifas que él mismo organizó, con premios donados, para pagar a los médicos que supuestamente lo estaban atendiendo. Junto a las continuas peticiones de dinero, el exconvencional escribía el blog "Cáncer, realidad sin filtro" donde contaba el avance de la enfermedad en su cuerpo.

La mentira quedó al descubierto en septiembre de 2021, cuando Rojas Vade afirmó no tener cáncer, sino que otra enfermedad. La declaración fue porque horas después La Tercera publicó un reportaje donde entrevistaba a sus supuestos médicos tratantes que no lo conocían.

Tras reconocer la mentira, el exfuncionario público dejó de asistir a las sesiones en el ex Congreso y presentó una licencia. Luego intentó regresar y, tras días de polémica, renunció.

Ayer, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró culpable de estafa al exmiembro de la mesa directiva de la Convención, con una pena de 61 días de presidio y el pago de alrededor de 11 UTM, equivalentes a cerca de $680.000, en once cuotas. Luego se determinó el reemplazo de la pena por un año de libertad condicional, debido a su irreprochable conducta anterior y el reconocimiento de su culpa.

Trastorno ficticio

El fiscal Patricio Cooper explicó ayer que el Servicio Médico Legal (SML) "examinó las dos fichas clínicas del señor Rojas Vade", por internaciones en las clínicas Alemana y Bupa.

Además, en las "casi 1.000 páginas de hospitalizaciones, fichas clínicas, remedios, etc. se llegó a la conclusión de que efectivamente tiene un trastorno facticio simulador, que es una enfermedad psiquiátrica grave, donde la persona se automedica para ingresar a centros asistenciales y ser atendido".

En la PDI, Rojas Vade señaló que "entiendo y lamento todo el dolor que he generado, sobre todo a las personas que tienen o tuvieron cáncer, sus familias, quienes me apoyaron, y todas las personas que se han visto afectadas por haber escondido mi diagnóstico. Fue un error muy grave y estoy pagando las consecuencias. Mostré a todo el país mi situación de salud (sífilis) con un diagnóstico distinto, mucho antes de que fuera candidato a convencional, y sólo se organizo la rifa cuando me quedé sin trabajo. (...) Quizá no debí decir cuáles eran mis síntomas".

Ocho años demoró el comienzo del juicio oral contra SQM por financiamiento ilegal de la política, proceso que podría extenderse hasta 2025 e involucra al exministro de Economía y exsenador, Pablo Longueira, junto al excandidato presidencial y exdiputado, Marco Enríquez-Ominami (ME-O), este último acusado de delitos tributarios.

En 2015 comenzaron las pesquisas sobre el caso SQM, luego de aparecer como una arista del proceso contra Penta, que involucró fraude al fisco y financiamiento ilegal de la política, cuyos responsables terminaron asistiendo a clases de ética en una universidad.

El cohecho es uno de los cargos que ayer se leyeron contra Longueira, a quien se acusa de haber presentado en el Congreso un proyecto de ley de royalty minero emanado desde las oficinas de SQM. El documento fue aprobado en sala, con el voto del exsenador, quien habría recibido beneficios económicos.

ME-O, en tanto, es acusado por delito tributario al presuntamente emitir facturas falsas a la empresa minera, que suman sobre $400 millones.

Junto a ellos asistieron ayer otros seis acusados: el exgerente general de SQM, Patricio Contesse; la secretaria de Longueira, Carmen Valdivieso; el exdiputado Roberto León, la secretaria de la presidencia de la UDI, Marisol Cavieres; el exsecretario general del Partido Progresista (PRO, fundado por ME-O), Cristián Warner; y el exembajador Marcelo Rozas, por presuntos ilícitos tributarios, soborno y cohecho.

El resto de los acusados optó por un proceso abreviado, mientras que Longueira hace unos días recurrió al Tribunal Constitucional (TC) para evitar asistir a diario al juicio, al considerar que esto "colisiona con la libertad ambulatoria y el derecho a trabajar". Se espera el pronunciamiento de la instancia.

"no me arrepiento"

Al llegar a tribunales, ME-O reiteró que "he ganado todo, causa tras causa. Hay que preguntarse por qué solo a este liderazgo, que probablemente era el más rupturista, me cayeron con esa cantidad de causas, delirante, una tras otra, 13 causas, con sus impuestos".

"Mi único delito fue tratar de cambiar Chile sin ningún acto de corrupción, habiendo desafiado a los más ricos, a los más poderosos, a los partidos políticos más tradicionales, y pago los costos de esa insolencia, pero no me arrepiento", afirmó el cineasta: "Nunca actué fuera de la ley".

Sobre lo extenso del proceso, el excandidato a La Moneda señaló que "son ocho años de tramitación para impedir que ocurra el juicio. (...) Yo estoy pidiendo simplemente por el bien de todos nosotros (que avance el caso), no pido ni un derecho más ni menos".

"Tengo ganas de ir a juicio, no sé si hay mucha gente acusada que lo único que pide es juicio. Yo quiero juicio, juicio, juicio", continuó ME-O, para "demostrar que todo esto ha sido un abuso, que tiene sesgo político, pero eso lo decidirán los jueces". Longueira, en tanto, asistió a la audiencia de forma telemática.