Fuerte aumento del delito del robo de cables en la zona
El robo de cables de telecomunicaciones y de electricidad es un delito que afecta a varias ciudades y zonas rurales, pero especialmente a los clientes, que ven interrumpidas sus comunicaciones y el suministro de energía.
El alto precio del cobre ha llevado al surgimiento de bandas organizadas que roban los cables de las redes, para venderlos en el mercado negro, e incluso se estima que falsifican documentos para su exportación a países vecinos. Estas acciones vandálicas interrumpen los servicios, dejan incomunicadas a hogares y empresas, y obligan a suspender la atención en servicios públicos de salud, educación, bancarios, semáforos o cajeros automáticos, lo que genera un enorme impacto directo en la calidad de vida de las personas y el funcionamiento de las actividades.
Este delito aumentó de manera explosiva a nivel nacional durante el año 2022, registrándose más de 22 mil hechos, que afectaron los servicios de más de dos millones de personas. Esto significa que cada día se registró un promedio de 60 delitos de robo de cables. El hurto de este tipo de material casi se duplicó el año pasado, transformándose en el nuevo negocio ilegal de las bandas de crimen organizado. Según cifras de Movistar Chile estos hechos delictuales crecieron más de 85%. Esto ocurre a largo de todo Chile y con mayor presencia en las zonas más vulnerables del país, que es precisamente donde las empresas telefónicas y de telecomunicaciones enfrentan el desafío de reducir la brecha digital. "Por esto es tan relevante generar conciencia y fomentar la denuncia por parte de la ciudadanía", ha señalado Natalia Fuentes, gerente del área Seguridad de Movistar Chile.
Las seremis de Energía de Ñuble y del Biobío, junto a los representantes de la Subsecretaría de Prevención del Delito de ambas zonas, han realizado un trabajo conjunto con Carabineros, PDI y ejecutivos de las empresas de distribución eléctrica, para abordar planes de prevención conjunto de estas acciones delictuales.
Las comunas más afectadas por estos delitos en nuestra Región del Biobío son Mulchén, Santa Juana, Hualqui y Florida. Aquí, estos delitos se presentan con mayor fuerza desde septiembre hasta diciembre en las comunas rurales. Se estima que participan bandas organizadas, que disponen de vehículos, escalas y herramientas para retirar las redes eléctricas o de telecomunicaciones, con el fin de vender el cobre que contienen, en chatarrerías formales o informales. Pero cuando se daña la fibra óptica, se requieren complejos procesos de reparación.
La situación es preocupante porque es un delito que ha aumentado de manera importante, sobre todo en los sectores rurales, donde muchas veces no hay testigos, por tratarse de lugares aislados. Por ello, en las reuniones de las mesas de trabajo se realizan diagnósticos; se buscan los puntos críticos en los que se producen los robos y se analizan los destinos que pueda tener el material robado. Estos delitos no sólo implican que las personas queden sin suministro eléctrico sino también la interrupción de servicios públicos que son importantes para la ciudadanía. Hay que considerar que para las personas electrodependientes es vital contar con electricidad.
De acuerdo con la Asociación Chilena de Telecomunicaciones, que agrupa a las mayores empresas en servicios de internet, telefonía móvil y fija y televisión de pago, el tipo de infraestructura de telecomunicaciones más afectada por los actos vandálicos judicializados es el robo de cables de cobre (68,7%), seguido por la fibra óptica (20,6%), baterías (6,4%), y otros como cerco perimetral y generadores. La más afectada es la Región Metropolitana, que tiene casi el 50% de los actos de vandalismo que han terminado con acciones judiciales. Le siguen Valparaíso, con un 14,3%, O'Higgins, con un 11,8% y la Región del Biobío con 6,2%.
La situación es preocupante porque es un delito que ha aumentado de manera importante, sobre todo en los sectores rurales, donde muchas veces no hay testigos, por tratarse de lugares aislados.