Consejeros regionales detallan
La iniciativa que se trabaja junto al Gobierno Regional busca que las administraciones comunales puedan adquirir vehículos y profesionales para implementar acciones que reviertan los actuales niveles de inseguridad que aquejan a la zona.
Homicidios en el barrio Brasil, una mujer apuñalada en senderos de la Universidad de Concepción, rondas preventivas nunca antes vistas en este emblemático espacio universitario como respuesta a hechos delictuales y el temor expuesto de ciertos dirigentes vecinales son parte de los elementos que caracterizan el panorama de inseguridad que enfrenta el Gran Concepción. Estas y otras situaciones han valido para que los actores de la zona comiencen a generar planes especiales con el objetivo de recuperar una mayor sensación de seguridad.
Miembros del Consejo Regional cuentan que actualmente se trabaja en una estrategia que busca dotar con mejores sistemas y herramientas a los municipios, entes que por sus particularidades económicas se han visto impedidos de atacar este problema de forma directa. El presidente de la comisión de Seguridad Pública del órgano colegiado, el consejero independiente Jaime Vásquez, dice que desde la instancia, en conjunto al Gobierno Regional, se ha propuesto ir en apoyo de las administraciones comunales.
"Si bien los gobiernos regionales no tienen el 100% de facultades en materia de seguridad, sí tenemos un enfoque vinculado a lo preventivo y en apoyo a las víctimas", asegura. Detalla que en estos momentos se encuentran levantando un programa de corto plazo que apunta al fortalecimiento de la gestión local en seguridad, a través de dos enfoques.
Los enfoques
Con el primero se espera financiar a cada municipio de la Región con la entrega de $100 millones dentro del primer semestre, de tal manera que puedan comprar vehículos de seguridad ciudadana, como camionetas, autos o motos. "Estamos hablando de una inversión de $3.300 millones y el proceso de postulación de las municipalidades se va a llevar a cabo entre marzo, abril y mayo para entregar los fondos antes de mitad de año", precisa Vásquez.
La otra línea de gestión que pretende apoyar el trabajo municipal en seguridad tiene que ver con el desarrollo de un programa que permita la contratación de profesionales. Este aporte se dará de acuerdo a los pilares de prevención del delito, apoyo en seguridad, focalización territorial y participación ciudadana, con el objetivo de disponer durante tres años de $100 millones por comuna.
Así, la idea es que todas las ciudades puedan hacerse de profesionales, instalar el programa, realizar un diagnóstico del escenario local, generar un plan de acción, desarrollar las medidas preventivas, levantar una cartera de inversión y realizar un monitoreo y evaluación una vez que acabe el período.
"Hay municipios que no tienen profesionales, técnicos o gente que haga acompañamiento a las víctimas. En 36 meses, dicha inversión alcanza los $9.900 millones", precisa Vásquez.
A estos lineamientos se suma un plan de formación, apoyo y capacitación de los equipos municipales en materia de seguridad pública por un período de ocho meses en las 33 comunas. En este caso, los recursos totales a utilizar llegan a los $120 millones.
El consejero socialista y presidente de la comisión de Presupuesto y Proyectos de Inversión, Andrés Parra, dice que desde su espacio se asignará "una cantidad importante de dinero" que podría bordear el 10% del presupuesto a invertir en seguridad.
"No cabe ninguna duda de que la seguridad pública es un gran problema, pero lo cierto es que los municipios no tienen dónde acceder. La Subsecretaría de Prevención del Delito es un servicio que tiene muy pocos recursos y de procesos muy lentos, razón por la que definimos que para este 2023 se pueda trabajar con los municipios y sus diferente realidades", afirma Parra.
Explica que habrá comunas que priorizarán, quizá, el fortalecimientos de sus direcciones de seguridad pública, o bien la cantidad de móviles o inspectores, es decir, "la idea es traspasar el desafío a los municipios, pero estandarizar algunas cosas".
Los consejeros dicen que la invitación a los municipios para que confeccionen sus propuestas ya fue hecha, las que debiesen ser resueltas a la brevedad a fin de cumplir con los plazos mencionados anteriormente.
Mirada comunal
Según el alcalde de Chiguayante y presidente de la comisión de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana de la Asociación de Municipalidades del Biobío, Antonio Rivas, la violencia y los delitos son un aspecto que preocupan en la zona, sobre todo en lo que respecta a los ámbitos preventivos.
En general, el jefe comunal ve un problema asociado a los tiempos de espera ante una eventual reforma a las policías, así como en las comunicaciones y coordinaciones entre Carabineros, PDI, Fiscalía y las municipalidades o en la falta de fondos para impulsar acciones. "Es importante que podamos adquirir no solo rodados, sino que también contratar personal que pueda manejar los vehículos. Eso nos da la certeza de que no quedarán guardados y que se usarán en beneficio de la ciudadanía", puntualiza.
Dado los cupos limitados para contratar personal, se espera que parte de los municipios generen solicitudes a Contraloría para ver la posibilidad de contar con funcionarios con asignación de responsabilidad que prevengan los delitos y la violencia y acompañen a las víctimas.
A juicio de Rivas, el rol preventivo también lleva a que exista un trabajo sincronizado entre algunos ministerios para evitar que niños y jóvenes caigan en las manos del microtráfico, "y ahí creemos que Educación debe recuperar la educación cívica y transmitir contenidos que aseguren que estos grupos no busquen la droga como un mecanismo de enajenación de sus problemas".