Gobernadores acusan que plan por competencias de seguridad "coarta sus funciones vigentes"
La propuesta presentada por el Ministerio del Interior condiciona aspectos como la entrega de recursos para proyectos, la integración de comités de seguridad y la creación de unidades especializadas en la materia.
Disconformes y molestos. Así salieron los representantes de la Asociación de Gobernadores Regionales (Agorechi) de la reunión sostenida la tarde del martes con autoridades del Ministerio del Interior en La Moneda, luego de que el Ejecutivo les presentara su propuesta de facultades a traspasar desde el nivel central al regional en materia de seguridad y orden público, como parte de un compromiso presidencial y en el marco de un Acuerdo Nacional por la Seguridad.
El documento se otorgan tres facultades enfocadas a financiar proyectos, participar de comités de seguridad y crear una división de Seguridad Pública en cada Gobierno Regional, y se enfatiza que "no se entregarán atribuciones de control y orden público, ni dependencia o subordinación de las policías".
Esto pese a que, a inicios de diciembre, la Agorechi presentó un documento con al menos una veintena de propuestas solicitadas por la ministra Carolina Tohá, de las cuales solo fueron consideradas las tres mencionadas e incluso, según acusan los gobernadores, la propuesta restaría atribuciones con que hoy cuentan.
El gobernador del Biobío Rodrigo Díaz explicó que "hemos pedido que la nueva propuesta sea mucho más detallada y no coarte aquellas facultades que, en los hechos, ya estamos ejecutando. Esperamos tener la próxima semana un planteamiento más pertinente y útil que lo recibido hasta ahora".
Disconformidad
En la propuesta que realizó La Moneda a los Gobiernos Regionales se señala que, en el caso de la elaboración de proyectos, estos "deben estar alineados con la Política Nacional de Seguridad Pública, y se rigen bajo los mismos lineamientos a nivel general, con evaluación de Desarrollo Social y de la Dirección de Presupuestos".
Para la creación de divisiones de Prevención del Delito, la propuesta del Ejecutivo condiciona su actuar: "Asesorará a la autoridad regional en el diseño, elaboración y aplicación de programas y proyectos de prevención del delito, en coherencia con la Política Nacional de Seguridad Pública. Podrá elaborar estudios y estadísticas en la materia, y en general se le asignarán las atribuciones para ejecutar la competencia. Esta división no tendrá ningún tipo de atribución en materia de seguridad y orden público".
A la salida de la reunión, la máxima autoridad del Biobío y secretario de la Agorechi comentó que "la propuesta, como respuesta a nuestro planteamiento, nos parece insuficiente y le hemos pedido al Gobierno que la reformule lo que tiene porque compartimos un fin común que es necesario mejorar la calidad de vida de las personas. Varias de las propuestas que manifestamos, y que estamos ejecutando, no están recogidas. A nosotros nos interesa participar en prevenir los delitos y apoyar junto con reparar a las víctimas".
Rodrigo Díaz detalló que "quienes representamos a las regiones, mejor conocemos cuales son las dimensiones y particularidades de los distintos fenómenos. En prevención de los delitos, no es en las delegaciones presidenciales donde se está trabajando hoy, y en materia de reparación y protección de víctimas, prácticamente no hay esfuerzos del Gobierno de Chile. Nosotros contamos con la voluntad política y de disponer recursos, algo que hacemos hoy y que queremos seguir haciendo de la manera mas institucional posible".
Alternativas
En un documento de más de 20 páginas entregado por la Agorechi a inicios de diciembre se cuestiona que en el Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención del Delito para el período 2022-2026 presentado por el Gobierno en junio no se considere el trabajo de los gobiernos regionales, y que la presentación de las propuestas se considera a raíz de una solicitud propia de la ministra Carolina Tohá.
Además, se destaca que entre 2021 y 2022 los gores de todo el país han invertido en seguridad pública $308 mil millones: en el caso de Biobío la cifra a octubre de este año alcanza los $37 mil millones.
Entre las propuestas en torno al rol preventivo de los gobiernos regionales, se considera establecer la función preventiva de los gobiernos regionales en materia de seguridad a través de un ajuste a la ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, la creación de un Consejo Regional de Prevención del Delito y Atención de Víctimas presidido por los gobernadores, además de facultarlos para presentar querellas por delitos asociados a terrorismo.
"Resulta fundamental que la normativa vigente reconozca la labor preventiva que, en la práctica a través de cientos de proyectos, desarrollan los Gobiernos Regionales", reza la misiva.
En el caso de las propuestas sobre reformas a cuerpos legales, el documento plantea ajustes como fortalecer el Sistema de Inteligencia del Estado, modificar o crear una nueva Ley Antiterrorista, la creación de un Sistema Único de Datos Delictuales, nuevas normas en materia de reincidencia y prisión preventiva, ajustar las prórrogas al estado de excepción y límites de libertad de reunión.