Por Karlyng Silva Leal

A cuatro años de la explosión ocurrida en el Sanatorio Alemán, el 2° Juzgado Civil de Concepción falló a favor de 4 víctimas, ordenando que sean indemnizadas por el recinto de salud y a GasSur por un monto total de $30 millones para mitigar el daño moral causado como responsables en una serie de incumplimientos y negligencias que derivaron en la fuga de gas, luego el siniestro y la falta de evacuación.

Cabe recordar que el 21 de abril de 2018 la perforación accidental de una cañería de gas con un martillo hidráulico generó la emanación de combustible y posterior a ello una explosión que dejó a tres personas muertas y a otras 46 personas con lesiones de diversa consideración.

El juez Adolfo Depolo explicó que en esta causa -iniciada el 2020- se perseguía la responsabilidad civil por parte de los padres de una menor de edad que se encontraba en el Sanatorio en calidad de paciente y una Técnico Superior de Enfermería (Tens) que trabajaba de manera privada para cuidar a la paciente. En el caso de la menor de edad, la responsabilidad era contractual con el recinto de salud y extra contractual con la empresa GasSur; mientras que en el caso de la Tens la responsabilidad de ambas empresas fue extra contractual

Depolo comentó que esta es una de las varias causas de víctimas por la explosión, siendo la primera en la que llega a su final, mientras que otras cuatro al menos se encuentran aún en curso en Juzgados Civiles de Concepción.

Indemnización

De esta manera el fallo acogió la demanda civil de las víctimas, desglosando el total a indemnizar de tal forma que $3 millones deben ser entregados a Juan Reyes Díaz; $7 millones a Daniela Recabal Guzmán; $10 millones a F.R.R. y el mismo monto para Ingrid Cofré Méndez.

Sobre esto, Depolo, indicó que las pruebas documentales y testimoniales fueron abundantes, incluyendo sumarios sanitarios realizados, determinando finalmente la responsabilidad de los demandados y la sentencia de primera instancia. Sobre esto aseguró que "por su puesto puede ser recurrida por los intervinientes, determinó el pago como una suma total de $30 millones que es con el desglose conforme a la intensidad del daño sufrido por cada una de las víctimas".

El juez también detalló que los demandantes "solicitaron una indemnización de perjuicio ascendiente a $50 millones para el padre, $100 millones para la hija, $100 millones para la madre y $100 millones para la Tens. La defensa pidió el rechazo de la demanda, la defensa fue por carriles separados, y tanto GasSur como Sanatorio Alemán pusieron excepciones las que fueron tramitadas, sometidas a prueba y posteriormente rechazadas por el tribunal, la prueba rendida por el tribunal".

Diario El Sur consultó con Sanatorio Alemán sobre este fallo, respondiendo que no hasta la tarde de ayer no habían sido notificados formalmente, por lo que se encuentran a la espera de que aquello ocurra para determinar los pasos a seguir, como lo es la posibilidad de apelar al resultado. También se intentó contactar a GasSur, sin embargo, en este caso no hubo respuesta.

Daño moral

En el documento se detalla que para el fallo se tomó en consideración las pruebas que apuntan a secuelas físicas y psíquicas; indicando que los demandantes adolecen de un retraimiento social importante severo, sobrerreacciones al ruido y golpes, hipersensibilidad emocional, entre otros. A Reyes Díaz se le diagnosticó con trastorno de ansiedad ante estímulos fóbicos; a Recabal Guzmán con hipersensibilidad emocional y a F.R.R. con trastorno de ansiedad y trastorno de estrés postraumático.

En el caso de Cofré Méndez, el fallo señala que testigos declararon que actualmente padece miedo a estar en lugares con vidrio, miedo a ruidos fuertes y que ella sintió que perfectamente podría haber muerto en la explosión; agregando que actualmente presenta sintomatología de un trastorno de estrés postraumático.

Con esto el tribunal llegó a la conclusión de que existe un daño moral por el incumplimiento de la Clínica de la Mujer Sanatorio Alemán y que también existe culpa respecto a la actuación de Gas Sur.

Lebu, Los Álamos, Cañete, Arauco, Los Ángeles, Negrete, Antuco, Cabrero, Yumbel, Coronel, Lota, Penco, Florida y Tomé serán las comunas beneficiadas con la entrega de 17 vehículos policiales a unidades de Carabineros en la Región del Biobío.

Ayer el general César Bobadilla, jefe de la Octava Zona, junto a autoridades y alcaldes de las comunas que tendrán estos vehículos pudieron revisarlos e identificar sus características que vienen a renovar los recursos logísticos para reforzar los patrullajes preventivos en diferentes zonas de la región, en este caso bajo el alero de un proyecto ejecutado con fondos sectoriales para renovar el parque vehicular de Carabineros de Chile.

En este caso se trata de vehículos Toyota, dejando los Dodge que se habían entregado anteriormente. Al respecto, el general indicó que "más allá de la marca hoy contamos con tecnología que nos permite técnicamente dar todas las facilidades y todos los ámbitos de seguridad para nuestro personal y para efectuar los servicios ordinarios comunes que nosotros efectuamos constantemente".

Por su parte, la delegada regional, Daniela Dresdner apuntó a que estos recursos vienen a cubrir las necesidades de las distintas comunas de la región en cuanto a seguridad, además de acordar las brechas que ya se encuentran diagnosticadas respecto a materia de dotación policial. En ese sentido agradeció el trabajo de Carabineros y los alcaldes que levantan las preocupaciones de la ciudadanía como parte del trabajo conjunto que realizan las diversas instituciones.

El alcalde de Concepción y presidente de la Asociación de Municipios del Biobío, Álvaro Ortiz sostuvo que estos automóviles "permiten entregar herramientas no solamente a nuestros carabineros y carabineras, sino que también al arduo trabajo que realizan los equipos de seguridad de cada uno de los municipios, sabemos que es una tarea compleja, de todos los días y que es el gran tema en este momento en nuestro país: la seguridad".

Por su parte, el alcalde de Cabrero, Mario Gierke, destacó que un vehículo será destinado a la comuna, específicamente para el sector de Monte Águila, lo que viene a completar con un proyecto aprobado por el Gobierno Regional por una suma superior a los mil millones de pesos.

El alcalde detalló que se trata de "mejorar el retén de Monte Águila y pasarlo a una categoría de Tenencia, eso permitirá que llegue mayor contingencia de Carabineros, más vehículos y obviamente la infraestructura".

La noche del lunes dos sujetos lanzaron dos elementos desde el frontis del Centro de Detención Preventiva de Lebu. Los gendarmes detectaron la situación y lograron ubicar los elementos en el interior del recinto, determinando luego que se trataba de elementos explosivos.

Se trató de dos paquetes, uno de ellos contenía una nota con la consigna "Felipe, compañero, tenemos todo listo actívate con el Coco esperamos el llamado yo Celso". Los mencionados fueron identificados, uno de ellos privado de libertad por tenencia de munición y tráfico de pequeñas cantidades, mientras que el otro es imputado por homicidio.

El director regional (s) de Gendarmería, coronel Mario Palavecinos, quien además agregó que GOPE y el OS9 acudió hasta el lugar y quedaron a cargo de la investigación, mientras que los dos sospechosos de ser los destinatarios fueron trasladados.

La delegada regional Daniela Dresdner detalló sobre este hecho que se determinaron los objetos como tres cartuchos explosivos, dos detonadores eléctricos y dos cartuchos de escopeta, además indicó que el gobierno presentaría querellas criminales en contra de quienes intentaron realizar aquel ingreso.

Palavecinos en tanto, agregó que de forma complementaria durante la jornada de ayer realizaron un registro y allanamiento a primera hora a todas las dependencias del establecimiento para pesquisar elementos prohibidos por la administración penitenciaria. Además, la evidencia incautada y las imágenes de las cámaras de seguridad fueron puestas a disposición de la Fiscalía y las secciones a cargo de la investigación del hecho.