La crisis provocada por la guerra en Ucrania, la escasez de materias primas y combustible junto a las interrupciones en las cadenas de suministros han aumentado los costos de producción y trasladado estas externalidades al precio de venta final. Dicha contracción de la oferta agregada mundial ha derivado en un aumento de la inflación en muchos países, además de un estancamiento de la actividad económica general, combinación de eventos que se conoce como estanflación.

La salida preferida de los encargados de las finanzas públicas es la inyección de dinero desde el Estado hacia la sociedad. Inevitablemente, esta solución de parche produjo dos resultados a corto plazo: primero, el aumento de la masa monetaria no solo fue ocasionada por las transferencias del Estado a las familias en la forma del IFE, sino que el aporte también vino por la decisión de los parlamentarios de hacer una reforma a la Constitución para los tres retiros del 10% del ahorro previsional. El gasto público ha sido financiado por medio de la emisión de pasivos que son comprados en el mercado secundario por el Banco Central, o de obligaciones que el Estado contrae directamente con los organismos supraestatales como el FMI o el Banco Mundial.

Lo segundo tiene que ver con la profundización de la pérdida del poder adquisitivo debido a una inflación que, gracias a la política monetaria contractiva, efectivamente se contrae, pero menos de lo óptimo. En un contexto de crisis económica, el aumento de la tasa de interés disminuye tímidamente la inflación, pero aumenta el costo de los créditos de consumo e hipotecarios y los de inversión para las empresas.

La Asociación de Desarrolladoras Inmobiliarias comunicó que las ventas del sector disminuirán en más del 40% durante el presente año. Esto, por la falta de oferta inmobiliaria y la baja demanda. El último Informe de Cifras Inmobiliarias de la Cámara Chilena de la Construcción señala que, en el Gran Concepción, la oferta de casas y departamentos es de 5.036 unidades, un 44% inferior a las 9.000 viviendas a la venta en un año normal.

La imposibilidad de acceder a un crédito hipotecario por las altas tasas de interés y/o las estrictas condiciones impuestas por la banca disminuyó la venta de viviendas en 33% promedio. Eso sí, la demanda por arriendos de casas y departamentos llegó a niveles de ocupación de 99,8%. La crisis agregada del sector inmobiliario no ha quedado fuera del efecto inflacionario. El valor del arriendo de casas subió en 35%, mientras que el de departamentos en 20%.

Además, en Concepción casi no quedan terrenos disponibles para proyectos habitacionales. La imposibilidad de construir en altura dificulta que más familias acedan a una vivienda en el radio urbano de la ciudad. Esto, después que el Minvu elaborara un informe técnico que permitió la postergación selectiva de permisos de edificación y subdivisión de terrenos. Ahora, el municipio está facultado para suspender cualquier presentación de proyectos que sobrepasen el número de pisos que fueron establecidos en la propuesta de modificación al Plano Regulador, que varían entre 5 y 15 pisos dependiendo de la zona.

Quizás sea hora de que los ciudadanos nos preguntemos cuánta responsabilidad han tenido las autoridades y los encargados de política pública en la debacle que experimenta la economía. Sería interesante observar los resultados del mercado inmobiliario al dejarlo operar con la libertad de encontrar el ajuste que equilibre las fuerzas de los agentes económicos, quienes históricamente han funcionado anárquicamente en orden.