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La vicepresidenta de la República, Carolina Tohá, anunció que el Gobierno invocará la Ley de Seguridad del Estado contra los camioneros que mantienen bloqueos en rutas del país a pesar de que los dirigentes de los principales gremios firmaron un acuerdo con el Ejecutivo para terminar con las movilizaciones.

"El Gobierno ha hecho todos los esfuerzos, como consta públicamente, por evitar este conflicto. El día lunes se hizo un acuerdo que contenía medidas muy significativas, un esfuerzo muy importante por dar una respuesta concreta a varias demandas de los transportistas", dijo la jefa de gabinete, entre ellas mayor seguridad y congelar el precio del combustible.

"Pese a ello, ha habido grupos que han mantenido una interrupción del funcionamiento normal de las carreteras y eso ha afectado a las personas, a la circulación, el abastecimiento de distintos puntos del país. No es aceptable, no lo vamos a tolerar", agregó Tohá y confirmó que La Moneda decidió invocar la Ley de Seguridad del Estado: "Es un hecho. Esta decisión ha sido tomada. Se han sostenido varios esfuerzos adicionales. En lugar de avanzar hacia una solución de este problema, lo que han hecho algunos de los grupos que firmaron el acuerdo del lunes es plantear nuevas demandas, totalmente desproporcionadas para la realidad del país".

"responsabilidad"

Esa desproporción la detalló el ministro de Hacienda, Mario Marcel: "El costo fiscal de reducir un 30% los precios de los combustibles, a través del Mepco, y mantenerlo por seis meses, es del orden de los 2.500 millones de dólares, si es que los precios de internación se mantienen como están hoy".

"El bono de invierno que se entregó en agosto pasado costó 1.000 millones de dólares, es decir, la estimación más conservadora del costo de la medida que está planteando esta organización es equivalente a dos y media veces un beneficio que alcanzó a 7 millones de personas. Otra comparación posible es con el presupuesto de la salud primaria, que es de 3.000 millones de dólares; es decir, esta demanda equivale prácticamente a todo este presupuesto", dijo Marcel.

Incluso la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), liderada por Juan Sutil, llamó a los camioneros que se encuentran en paro a deponer la movilización.

"Conocemos las dificultades que enfrenta el sector (…), sin embargo, ninguna de estas situaciones justifica el paro convocado por la Confederación de Transportistas Fuerza Norte y otras organizaciones. En un Estado de Derecho, bajo ninguna circunstancia se puede vulnerar el derecho de todos a transitar libremente por las carreteras, con todos los perjuicios que ello trae al normal funcionamiento del país", expresó el organismo.

Más tarde, el propio Sutil respaldó la acción iniciada por el Gobierno: "Creo que esta circunstancia lo amerita".

Postura de rebeldes

Ante el aviso del Ejecutivo, Marcelino Pérez, líder de los camioneros de Paine, q ue mantienen bloqueos parciales, reclamó que "no hay terrorismo. ¿Por qué no lo hace en La Araucanía, donde hay terrorismo? ¿Por qué lo hace con la gente humilde?".

Ese grupo anunció que se mantendría en su protesta, al igual que el presidente de la Federación de Dueños de Camiones de la Región de Valparaíso, Iván Mateluna, quien dijo que "si nos amenazan de esa forma nos veremos en la calle".

Al cierre de esta edición, y mientras se esperaba un balance del ministro del Interior (s), Manuel Monsalve, en Arica se informó del despeje de las rutas obstruidas por parte de Carabineros. Cuatro personas fueron detenidas y unos 600 camiones pudieron por fin salir del país.

El gremio de Tarapacá, sin embargo, anunció que se mantendría movilizado.

El presidente de la Asociación de Exportadores de Frutas, Iván Marambio, afirmó que a causa de los bloqueos de camioneros "la situación se ha tornado crítica para nuestras exportaciones de frutas" pues "se afecta la entrega para su embarque en buques", particularmente en Valparaíso. Otro gremio que acusó graves afectaciones fue el se los supermercados, cuya presidenta, Catalina Mertz, planteó que uno de los principales problemas tiene que ver con el quiebre de la "cadena de frío" de alimentos que necesitan refrigeración. El gremio de Alimentos y Bebidas también declaró serios perjuicios.

En medio de la arremetida de censuras a presidentes de comisiones de la Cámara de Diputados, que el martes ya tuvo como resultado la destitución de Daniel Manouchehri (PS) como presidente de la instancia de Economía y la presentación de mociones contra otros tres líderes, ayer se reveló la amenaza contra Karol Cariola (PC) que preside la Comisión de Hacienda y a quien otros integrantes le exigen que ponga en tabla la tramitación de un sexto retiro de fondos de pensiones.

Así lo dieron a conocer los independientes Pamela Jiles y René Alinco, junto a los legisladores del Partido de la Gente Gaspar Rivas y Rubén Oyarzo, aunque Cariola tiene un impedimento reglamentario: el proyecto del retiro del 10% anterior se rechazó en abril de este año y se debe esperar un año más para tramitar otro sobre lo mismo.

Pero estos legisladores proponen otra iniciativa, un "anticipo de fondos" sin obligación de devolución -que en la práctica sería otro retiro-, con lo que argumentan que Cariola no estaría impedida de iniciar su debate.

Tras el anuncio de la posible censura, el parlamentario Leonardo Soto (PS), remarcó que se trata de una situación "muy injusta", porque "cuando alguien ofrece algo a sabiendas de que existe un impedimento constitucional que no se puede superar, la verdad que lo que está haciendo es vender humo porque es materialmente imposible".

Críticas del gobierno

La ola de censuras anunciada por la oposición fue duramente criticada por la ministra Secretaria General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte, quien afirmó que "se está aplicando el mecanismo de censura, como lo ha manifestado la oposición abiertamente, para imponer una posición de carácter político sin atención al buen comportamiento que han tenido los presidentes de comisión (...)Yo diría que este es un hecho que debilita la institucionalidad".

Protagonista de esta decisión de la oposición ha sido el diputado Francisco Undurraga (Evópoli), quien el lunes anunció que Chile Vamos junto al Partido Republicano y el Partido de la Gente buscarían censurar a 13 presidentes de comisiones.

Ayer en radio Cooperativa descartó que esta alianza acerque a su tienda a la ultraderecha y el populismo, pues "pasa fundamentalmente por proyectos de ley que el consejo ideológico ha determinado, y se podrá revisar la votación de los diputados de Evópoli, que distan mucho de las visiones políticas del Partido Republicano o del Partido de la Gente".

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, reiteró que "el proyecto del quinto retiro fue rechazado en la votación en general en la Cámara de Diputados y entiendo que lo que se ha planteado es distinguir entre discutir y votar, me parece que es un resquicio para reabrir un tema que sabemos que no se puede abrir hasta un año después". En cuanto al fondo de la moción, afirmó que "los retiros no son ninguna ayuda, porque significa usar los ahorros de los propios trabajadores para tener liquidez en el corto plazo y sabemos que además de no ayudar a los trabajadores, tienen implicancias macroeconómicas que afectan a todos".