Por Nicolás Álvarez Arrau / nicolas.alvarez@diarioelsur.cl

Lo que ocurrió con la empresa Claro Vicuña Valenzuela fue un duro golpe para el sector de la construcción local que da férrea pelea en medio de un frágil acontecer económico. El golpe era advertido por muchos desde el año 2021, pero se le ignoró. Naturalmente, entonces, el golpe llegó certero y terminó por desplomar en la quiebra a una de las firmas emblemáticas de la zona, amenazando de paso al resto de compañías con cerrar este espectáculo por medio de un nocaut de aquellos, si es que las autoridades y los actores privados no encuentran rápido una estrategia.

Solo como consecuencia de esta última acción, siete proyectos de la Región quedarán estancados, entre ellos el Eje Colón, en Talcahuano, y la conexión del puente Bicentenario con la avenida Chacabuco, en Concepción. Con más razón que nunca, este último plan se alza como la gran deuda pendiente del Biobío en materia de infraestructura vial y reconstrucción post terremoto.

Frente a ello, y bajo un contexto de incerteza y compromisos ministeriales, actores de diversa índole asociadas al área ponen sobre la mesa sus métodos y propuestas, las estrategias que, en el mejor de los casos, debiesen ayudar a disminuir los efectos de un escenario económico que no da tregua. Todos, afortunadamente, coinciden en algo: mostrar voluntad de cambio, hacer autocrítica y revisar procesos internos.

Acciones tardías y modernización

A nivel país hay más de 370 empresas complicadas producto de la falta de stock, la carencia de mano de obra, la burocracia de los pagos y la agresiva alza en los valores de los materiales de construcción, que están casi 30% más altos en comparación a tiempos normales. Por las características propias de la Región del Biobío, desde la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Concepción creen que el 20% o 25% de estas firmas podría corresponder a la zona.

Según precisó a EL SUR esta semana el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, ya se han adoptado medidas. Una de ellas inició en septiembre con la idea de que los contratos firmados con la cartera incorporen un reajuste en función del incremento en el costo de los materiales, a lo que se agregan condiciones especiales en aquellos casos particulares de empresas en estado más crítico.

Bernardo Suazo, presidente de la CChC Concepción, lamenta que las soluciones planteadas por el Estado hayan llegado tarde para Claro Vicuña Valenzuela y pide que se implementen luego, "porque o si no será tarde para otras empresas". El camino, a su juicio, pasa ahora por intervenir el aparataje legal sujeto al avance de las obras que, a su parecer, ralentiza los procesos.

"Tenemos un Estado demasiado burocrático, amarrado de manos y obsoleto. Para avanzar primero tiene que haber voluntad política y se tienen que asumir las responsabilidades en todo el aparataje estatal y municipal, que está en esa etapa de no querer aprobar cosas mientras no estén 200% seguros que va a funcionar, y eso demora mucho todo", dice Suazo.

De acuerdo al representante gremial, esta modernización del sistema debe nacer de una conjunción de acciones: acuerdos parlamentarios, del Ejecutivo y de los propios funcionarios del sistema público, y en donde haya "premios y sanciones para que las cosas funcionen bien".

Suazo se muestra abierto también a una idea planteada esta semana por el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, quien pidió centralizar el proyecto del puente Bicentenario en la Región y no en Santiago para que gente con conocimiento de la realidad local vea los contratos y monitoree los pasos. Lo ideal, dice, sería extrapolar este método a otras iniciativas, sobre todo en consideración de que la Región, a diferencia de otras zonas, cuenta con competencias y profesionales adecuados para tomar la potestad de priorizar, adjudicar y administrar sus planes. "Eso ayudaría a avanzar más rápido y evitar, además, situaciones como las de Claro Vicuña Valenzuela", precisa Suazo.

En los últimos días, además, el gremio constructor se reunió con la CPC Biobío y el diputado DC Eric Aedo para solicitar al gobierno adelantar las licitaciones de seis proyectos que están en la carpeta de planes a concesionar: Conexión vial Copiulemu, Hualqui, Puerto Coronel; Conexión ruta Interportuaria y acceso puente Industrial; Nueva concesión autopista del Itata; Costanera sur río Biobío San Pedro de la Paz; Plan de electrocorredores de Concepción; y la ruta Pie de Monte. El grupo de iniciativas comprende los US$ 1.000 millones.

Reingeniería de procesos

Desde el Gobierno Regional no descartan nuevas quiebras en la zona, "porque cuando ocurren este tipo eventos, estas cosas simplemente suceden". Para Óscar Ferrel, jefe de la División de Infraestructura y Transporte del organismo regional, la clave está en lograr una coordinación efectiva con los distintos sectores para que las nuevas adjudicaciones y licitaciones se hagan lo más rápido posible. "No podemos evitar que las empresas quiebren en un escenario como el que ha pasado, pero sí podemos acelerar todos los procesos burocráticos para que se retomen las obras a la brevedad", enfatiza.

En lo concreto, cuenta que como Gobierno Regional ya se abrieron a auditar y perfeccionar sus procesos internos, en el sentido disminuir o descomplejizar ciertas fases que entrampan el desarrollo de los proyectos, pero sin descuidar aspectos mínimos de las obras públicas. Es decir, llevar adelante una "reingeniería de procesos" en un contexto de apertura para conversar con los gremios, entendiendo que la participación del Gobierno Regional es ínfima en relación a ministerios como Obras Públicas o Vivienda y Urbanismo.

"Creemos que el camino es tratar de eliminar todos los pasos redundantes. Estamos disponibles para eso y para ejecutar alguna mesa intersectorial en donde los gremios puedan exponer sus peticiones regionales a los ministerios", desliza Ferrel, quien se suma a la visión descentralizadora para que de ahora en adelante los planes de infraestructura sean liderados desde la Región del Biobío.

En todo este engranaje hay un actor que podría jugar un rol preponderante, sobre todo a la hora de alcanzar la denominada "desburocratización": las casas de estudio. Así, Ferrel cree que la academia debe tener una participación directa en la incorporación de tecnologías en procesos de rendición de cuentas, por ejemplo.

órgano especial

Dado que el problema toca directamente a los municipios, los alcaldes también se hacen parte del análisis y entregan sus propuestas. El jefe comunal de Chiguayante y secretario de la Asociación de Municipalidades del Biobío, Antonio Rivas, es partidario de ampliar la escucha hacia las empresas, pero desde los ministerios y el Gobierno Regional. "Debiera hacerse una reevaluación de los incrementos reales en función del alza de los precios de los materiales, porque no basta con querer aumentar compensatoriamente en 10% o 20%. Los aumentos tienen que ser reales", dice.

Este tiempo singular, como él define, debiese ser contrarrestado mediante un órgano especial del Ejecutivo y el Gobierno Regional, "que junto a las empresas estudie los incrementos de los proyectos que están ejecución". Otro punto a considerar tiene que ver con el rol de Contraloría, instancia que a su juicio tiene que ayudar a flexibilizar las actuales normas y adaptarlas a un período excepcional.

Asimismo, el alcalde de Lebu y presidente de Arauco 7, Cristián Peña, cuenta que actualmente sufren la paralización de un proyecto en Curanilahue a raíz de la quiebra de Claro Vicuña Valenzuela, aunque también hay planes de otras empresas pausados. Uno de los casos de mayor preocupación corresponde a trabajos de la Dirección de Obras Hidráulicas que se levantaron con el objeto de entregar agua potable rural al sector de Santa Rosa, en Lebu.

"El Estado va a tener que darse la tarea de flexibilizar sus proceso para hacerlos más rápidos, especialmente a la hora de reevaluar los proyectos", sostiene.

Para eso, dice, hay que entender que la ejecución de las faenas ya no es la misma que antes de la pandemia debido a la inflación. En ese sentido, recalca que el foco tiene que estar puesto en la reevaluación de las iniciativas, cuando llega el momento en que los costos ya no alcanzan.

"También hay que tener una mayor flexibilización a la hora de la adjudicación. El papel aguanta mucho, es decir, cuando uno se ve condicionado a lo que dice la norma, pero hay muchos imponderables que la norma no se hace cargo", concluye el alcalde Peña.