Nuestro Gobierno Regional ha consolidado, en su primer año de gestión, importes avances para el bienestar de las y los habitantes del Biobío. Guiados por el programa de gobierno, hemos trabajado inspirados en ideales y valores como la colaboración, interculturalidad y la perspectiva de género.

Esta última la hemos definido como la motivación por incluir e integrar el enfoque de género en todos las políticas, programas, acciones, proyectos y actividades para contribuir a que niñas y mujeres puedan acceder y tener igualdad de oportunidades, eliminando los estereotipos y sesgos sexistas.

Hemos creado un Comité Asesor de Género y financiado programas de formación de mujeres para la política (Fundación Trascender) porque creemos que la democracia es una forma de vida donde las personas y comunidades pueden gozar del bienestar presente y proyectar con confianza y optimismo una sociedad mejor.

Junto a diversas organizaciones de la sociedad civil como Todo Mejora, ONG Amaranta, Protectora de la Infancia y otras, estamos implementando programas de educación no sexista y educación emocional, convencidos que educar en respeto y responsabilidad hará de nuestra región un lugar para que las niñas, niños y adolescentes vivan libres de violencia.

Sabemos que la generación de ingresos económicos contribuye a la autonomía de las mujeres. Trabajamos con Fundaciones como Infocap, Emplea y TPH para formar mujeres trabajadoras que puedan construir proyectos vitales y laborales.

Durante 2022 el Gobierno Regional habrá destinado cerca de cinco mil millones de pesos en programas con perspectiva de género para la igualdad de oportunidades. Lo anterior, remece la forma en que la sociedad se ha ido configurando frente al cuidado. Por eso hemos puesto en marcha la "mesa regional de economía de cuidados" para construir de forma horizontal y multisectorial soluciones a los principales desafíos de organización y corresponsabilidad.

Con todo, recibimos con humildad y orgullo una Mención Especial por la iniciativa "Transversalización de Perspectiva de Género y Equidad en las Políticas Públicas Regionales del Biobío" en la VI Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género, celebrada en España, donde además presentamos nuestra candidatura a albergar la VII edición de la Cumbre en el Biobío el 2024.

En nuestro primer año de gestión hemos dado grandes pasos en materia de inclusión del enfoque de género en la gestión del Gobierno Regional junto al Consejo Regional y su comisión de Equidad y Perspectiva de Género. Incluyendo fondos concursables para organizaciones, programas preventivos y de atención, de capacitación en oficios e institucionalización del enfoque vía comisiones y comités.

Así estamos cumpliendo la promesa del programa y respondiendo a las necesidades de inclusión que tiene nuestra región.

El concepto de trabajo decente se estableció como estándar para el mundo laboral hace más de 20 años. Su primera mención fue en 1999 por parte de Juan Somovia, entonces Director general de la OIT. A partir de 2005, la ONU lo definió como uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; y en Chile, la incorporación del concepto se realiza en el gobierno de Michelle Bachelet durante el año 2008.

Desde entonces, hablar de trabajo decente generó un impacto importante en la compresión del fenómeno del trabajo, estableciendo un estándar orientador para las empresas y organizaciones. Pero, al enfrentarlo con el escenario actual, aún parece inalcanzable especialmente si hablamos de trabajo femenino. Este estándar abarca varias dimensiones. Entre ellas, la retribución de ingresos justa por la labor o esfuerzo realizado, la libertad de organización de las trabajadores y trabajadoras, la estabilidad y seguridad laboral, en el desarrollo personal e integración y sobre todo en la oportunidad de acceso al trabajo.

En este contexto, dentro de la implementación del programa de capacitación con perspectiva de género desarrollado por la Fundación Trabajo Para un Hermano Concepción gracias al financiamiento del Gobierno Regional del Biobío, hemos reflexionado sobre la realidad de las mujeres en situación de vulnerabilidad que requieren del trabajo como herramienta de desarrollo y generación de ingresos. Mujeres en su mayoría jefas de hogar, que necesitan de capacitación para fortalecer sus trayectorias laborales productivas, y por sobre todo, generar ingresos para la mantención de sus familias.

Y nos preguntamos: ¿podemos hablar de trabajo decente para este grupo de mujeres? ¿cuánto nos falta como sociedad para alcanzar los estándares que nos propone el trabajo decente para este grupo de la sociedad? Preguntas difíciles de responder cuando ni siquiera el derecho al trabajo está garantizado para las mujeres.

Actualmente las oportunidades de empleo formal son bajas para las mujeres que disponen de medio tiempo, es decir, solo mientras sus hijos e hijas van al colegio o jardín tienen disponibilidad, pues el cuidado sigue estando a cargo casi exclusivamente de ellas. Y en ese caso, la opción es autoemplearse, trabajar desde los hogares, o por horas, sin contrato, y desde la informalidad. Esto implica también jornadas extensas, asociados al trabajo no remunerado, emprendimientos de subsistencia, baja estabilidad laboral, en muchas ocasiones, espacios laborales inseguros, para ellas y sus familias.

El trabajo decente es un ideal, pero a ¿qué distancia nos encontramos las mujeres de alcanzarlo? ¿Cuánto hemos avanzado en políticas públicas para lograrlo? La urgencia es cada vez mayor. Necesitamos prosperar desde el reconocimiento, no solo declarativo, de la economía de los cuidados, en garantizar políticas públicas que permitan la protección de las trabajadoras y favorezcan la conciliación familiar con lo laboral. Tal vez, debemos repensar el concepto de trabajo decente en el contexto de la economía capitalista y comenzar a reconocer otros circuitos económicos en donde el Estado pueda realmente garantizar el derecho al trabajo, a la inclusión y la justicia social.

Durante las últimas semanas hemos observado la preocupación de autoridades municipales y regionales, frente al problema de la disposición final de los residuos generados por la actividad humana. También ante la ausencia de estrategias sostenibles a largo plazo, para disponerlos de una forma compatible con la protección del medio ambiente.

En 2018 el Centro Eula organizó un seminario con los municipios del Concepción Metropolitano sobre el tema, y ya en ese año se avizoraba una crisis cuando los rellenos sanitarios cumplieran su vida útil.

Los municipios han desarrollado diversas estrategias, como la reducción de la generación de basura o el compostaje de la fracción que se puede degradar. Esto, con el objetivo de dar una segunda oportunidad a los recursos que botamos, como por ejemplo transformarlos en fertilizantes y darle así un nuevo uso a una fracción mayoritaria de la basura (del orden del 60%).

Además, ante la sola iniciativa de implementar un nuevo relleno sanitario, emerge el problema de que ninguna comuna desea que se instale uno en su territorio, lo que genera manifestaciones de los habitantes contra dichos proyectos. Esto da pie a la ejecución de medidas provisorias, que habitualmente se transforman a nuestro pesar en soluciones permanentes.

En este escenario, una salida robusta para este problema no es sencilla de encontrar, por lo que se tiene que elaborar a partir de una estrategia diseñada desde las bases. Esto se debe a que sin el aporte consciente de los ciudadanos que generamos los residuos, ningún plan va a funcionar. Por eso es que su construcción a nivel de las juntas de vecinos, asociaciones de comerciantes u organismos similares es fundamental.

Específicamente se puede iniciar un programa más integrado, primero de selección, reducción y reúso a nivel doméstico, lo que luego se expresa en menor cantidad de residuos eliminados. También en su segregación, facilitando la recolección y el trabajo de los recicladores de materiales como aluminios, vidrios y cartón, entre otros. Solo con ese compromiso ciudadano, podremos contribuir significativamente al manejo más eficiente de los residuos generados.

Posteriormente, vienen los desafíos de las autoridades municipales, quienes pagan por la disposición a través de un sistema de licitación del servicio de recolección, transporte y disposición final de los residuos, que es normalmente lo más caro del sistema y que se lleva una parte importante de los recursos destinados a la disposición final de nuestra basura.

Este sistema funciona prácticamente todos los días en las zonas céntricas, pero en forma menos frecuente en las zonas más periféricas, lo que a la vez origina microbasurales, que observamos cotidianamente en nuestra ciudad.

Si se construye un sistema de recolección más selectiva, se facilita bastante la posibilidad de retirar residuos que vayan a disposición final, reduciendo el volumen de basura y generando oportunidades de mayor vida útil a los rellenos sanitarios. La reducción en origen de los residuos, modificando nuestra cultura de consumo, es otra tarea que hay que abordar desde la educación.

Hay además nuevas oportunidades que se pueden explorar para la transformación de residuos en energía, que también se deben analizar dado el escenario de contaminación del aire y saturación que presentan nuestras comunas. Asimismo, una gestión inteligente genera menos emisión de gases y contribuye así a mejorar la calidad del aire de la urbe.

Todo lo anterior requiere, por supuesto, de una acción más colaborativa de los diferentes actores que participan del proceso. Porque a nuestro pesar, aún no existe panacea conocida para este problema.