Humedales urbanos: los alcances y deudas para su resguardo
Los organismos que pueden fiscalizar por afectación de estos ecosistemas son diversos, por lo que actualmente no existe un catastro de cuántos presentan alguna situación. Los habitantes son los principales encargados de denunciar.
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Algunos pasan desapercibidos junto a condominios, conjuntos habitacionales o sitios eriazos. Hay otros en cambio que se integran al paisaje de plazas y áreas verdes que usan los habitantes como puntos de encuentro y recreación.
Y es que cada humedal que se encuentre ya sea de manera parcial o total en una zona urbana posee características únicas dependiendo de su ubicación. Lo que sí tiene en común es la opción de optar a la protección que otorga la Ley N° 21.202 que Modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos.
Según esta Ley, promulgada en 2020, estos ecosistemas acuáticos se definen como "todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren total o parcialmente dentro del límite urbano".
Actualmente en la región del Biobío son 14 humedales que ya han sido declarados como urbanos, los que en total suman 944,64 hectáreas protegidas. Estos ecosistemas están distribuidos en las comunas de Lebu (3), Coronel (3), Arauco (3), Los Ángeles (1), Cañete (1), Hualqui (1), Concepción (1) y San Pedro de la Paz (1).
Oscar Reicher, seremi de Medio Ambiente del Biobío, explica que en concreto "una vez otorgada la declaración de humedal urbano, se establece que ese espacio va a tener un uso que se denomina Área de Valor Natural, por lo tanto, todos aquellos usos que se le den tienen que ser compatibles con los objetivos de protección establecidos para este humedal".
Para esto se debe modificar el Plan Regulador Comunal donde quedan, por ejemplo, prohibidos usos inmobiliarios o industriales en la zona declarada. "Lo que se podrá construir ahí tiene que ser compatible con los objetivos de protección ambiental que se tomaron en cuenta al hacer la declaración de este humedal", precisa Reicher y agrega que, si bien la Ley no obliga a hermosear el entorno de un humedal urbano, en caso de construir "tiene que existir una armonía en los usos que establece la Ley General de Urbanismo y Construcción", esto con el fin de resguardar sus características ecológicas y su funcionamiento, además de mantener el régimen hidrológico, tanto superficial como subterráneo.
Fiscalización
Pese al correcto funcionamiento de la normativa y rápida implementación, solo este año se han declarado urbanos cinco ecosistemas de este tipo y 20 se encuentran en proceso de tramitación para ser declarado como tal, hasta hoy no hay un catastro oficial de cuántos de estos cuerpos de agua están siendo vulnerados o intervenidos de manera ilegal.
Esto debido a que las personas pueden hacer llegar sus reclamos "al Servicio Agrícola Ganadero, si es que hay muerte de especies o fauna silvestre; Conaf, si es que hay corte de bosque nativo presente en el humedal o si se está utilizando para hacer descarga de agua de lavado de equipos, como grúas o retroexcavadoras; Carabineros de Chile, por ejemplo si hay una tenencia irresponsable de mascotas, porque a veces las personas van a los humedales y sueltan a los perros, lo que puede afectar a aves que nidifican en el lugar; la Dirección General de Aguas, si es que hay modificaciones de cauces o extracción de aguas, por ejemplo", detalla Reicher.
A esto se le suman los mismos municipios, que son el lugar donde llegan principalmente los reclamos o denuncias y la Superintendencia de Medioambiente (SMA). También hay casos que son presentados hasta la Seremi de Medio Ambiente, sin embargo, esta entidad no tiene facultades fiscalizadoras, por lo que desde allí se derivan a los organismos pertinentes ya nombrados.
En el caso de la SMA, hasta allí llegan aquellas denuncias que están asociadas a algún incumplimiento de instrumentos de gestión ambiental. Juan Pablo Granzow, jefe regional de SMA Biobío explica que desde la entidad se "puede requerir el ingreso a evaluación ambiental de un proyecto o actividad, y eventualmente formular cargos, cuando se localice en la zona colindante o dentro del humedal".
A la fecha, según indica el jefe regional, se están investigando, en diferentes etapas y análisis, cinco casos de humedales ubicados en zonas urbanas de la región. Tres de estos están aún en proceso de tramitación para ser declarados urbanos -que son los casos de los humedales Paicaví, Rocuant y Vasco de Gama- y dos de ellos ya cuentan con su declaración -Boca Maule, ubicado en Coronel y Curaquilla de la comuna de Arauco.
En caso de que la investigación se prolongue y no se acaten, por ejemplo, las medidas sancionatorias que otorgue el SMA a quien resulte responsable de un daño a estas zonas protegidas, la entidad puede presentar el caso al Tercer Tribunal Ambiental, última instancia a la que llega una afectación, ya que este organismo es el encargado de resolver controversias ambientales iniciadas a través de demandas y reclamaciones. Eso sí, desde el Tribunal se informó que a la fecha no existe ningún caso de demanda por reparación de daño ambiental relacionado a humedales urbanos.
Humedal afectado
En la comuna de Arauco se ubica uno de los humedales que está bajo investigación por afectación en la SMA. Se trata del humedal Curaquilla, declarado en febrero de este año como urbano. Miguel Albistur, encargado de la unidad de Medio Ambiente del municipio, comenta que el conflicto del sector se debe principalmente a que parte de este ecosistema se encuentra en terreno privado, por lo que, "al no ser fiscales o municipales, se enfrenta el derecho de propiedad con la protección que el mismo Estado quiere darle a algunos sistemas, como lo son en este caso los humedales", precisa.
Este problema llevó incluso a que la tramitación para ser declarado tuviera un segundo plazo de extensión, ya que son solo seis meses los que otorga el marco legal desde la admisión hasta la eventual declaración de estos ecosistemas. "Como había harta vivienda en el sector, hubo que hacer más visitas a terreno. En el caso del Ministerio, eso igual demoró todo, además del conflicto con los privados", añade el encargado de Medio Ambiente.
Este caso, cuenta Albistur, llegó hasta el municipio a través de la misma ciudadanía, porque "hay unidades de inspección donde llegan los reclamos y según su naturaleza procedemos a informar a los organismos competentes cuando no podemos resolverlo directamente, como es en esta situación", así llegaron las denuncias por obras que se estaban ejecutando sobre el humedal Curaquilla cuando aún estaba en tramitación de ser declarado.
A partir de estas solicitudes, a fines de 2021 se derivó la información al SMA donde continua en procesos de investigación. En base a esto, el encargado municipal es enfático en el interés de la comunidad por la protección de estos cuerpos de agua. "Los humedales a los que nosotros solicitamos su protección fueron todos propuestos por parte de la ciudadanía, por tanto, tiene que haber interés en ellos", señala Albistur, no solo al momento de postularlos, sino al momento de vigilarlos y velar por su protección.
Falta de protección
Una de las organizaciones que se ha encargado precisamente de esto los últimos años en la zona es la Red Humedales Biobío, que reúne a 15 agrupaciones ambientales, formales o no, dedicadas a la protección y conservación de humedales. Evelyn Soto, ingeniera ambiental e integrante de la Red, explica que en esta "se generó un comité de humedales urbanos que se dedicaron a elaborar expedientes, entonces los casos de humedales que estaban más urgentes los prepararon y entregaron a los municipios", detalla.
"Por ejemplo, en Concepción ya se reconoció el humedal Pichimapu, y ese comenzó desde un trabajo territorial", agrega Soto, y aclara que este, ubicado en Valle Nonguén, es el único actualmente declarado como urbano en la comuna de Concepción.
Este trabajo que desarrollan y continúan haciéndolo, se complementa con el de los habitantes de la zona que tienen interés en proteger estos espacios ricos en biodiversidad, con lo que terminan teniendo un rol también fiscalizador, pues son ellos los que denuncian a los organismos competentes dependiendo el caso.
Es en este sentido que Soto manifiesta que "si bien algunos están reconocidos como urbanos, todavía hay humedales que están siendo afectados. El hecho de que hayan sido declarados no garantiza la protección inmediata del lugar", comenta, ejemplificando con casos como el de Arauco, o el de Vasco da Gama que, si bien aún no es declarado como urbano, está actualmente en tramitación, por lo que queda igualmente protegido de afectaciones por usos que no corresponda según lo estipula la ley.
Por esto la ingeniera ambiental plantea que "desde los municipios se debiesen generar equipos donde la gestión de humedales sea un foco, es decir que una tarea del municipio sea la gestión de estos ecosistemas y así preocuparse de organizar a la gente, capacitarlos y entregarles apoyo y herramientas", concluye Soto.