La semana pasada nuestra Ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, presentó ante el Congreso indicaciones al Proyecto de Ley de Protección a Periodistas y Personas Trabajadoras de las Comunicaciones que ingresó en mayo de este año a la Cámara.

La iniciativa presentada por parlamentarios de distintos sectores políticos se encuentra en primer trámite constitucional y surge tras las adversas condiciones que debieron enfrentar las coberturas mediáticas en el marco de las movilizaciones sociales iniciadas en octubre de 2019. Es duro recordar que no solo personas que se manifestaban legítimamente sufrieron traumas oculares y agresiones de distinto tipo, sino también diversos periodistas, fotógrafos y/o comunicadores sociales que ejerciendo su labor, fueron víctimas de lesiones, detenciones, daño a sus equipos técnicos, como así también, de múltiples amenazas.

Otro hecho que caló hondo en el Gobierno fue el lamentable asesinato de la periodista Francisca Sandoval, quien mientras cubría de manera independiente manifestaciones en el marco del día del Trabajador el 1 de mayo de este año, recibió un disparo en la cabeza, el cual le ocasionó la muerte 11 días después.

Es por eso que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric busca establecer una nueva definición de personas trabajadoras de las comunicaciones para proteger a quienes no siendo periodistas, colaboran en la labor, tales como camarógrafos, fotógrafos, apoyo técnico, entre otras.

Y es que no existe una legislación penal eficaz que castigue a quienes profieren amenazas o atacan físicamente a quienes ejercen labores de comunicación y periodísticas. Hoy estos hechos son tipificados como meros delitos comunes ante los tribunales. Por tanto, se busca agravar las penas cuando estos ilícitos afecten a personas que ejerzan labores de comunicación y o periodísticas en virtud del ejercicio de sus funciones.

La iniciativa también establece protección especial en caso de conflictividad social, pues como Estado debemos adoptar una acción y discurso público que contribuya a prevenir la violencia y obligar a respetar el derecho de periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales. Además, crea una protección especial de mujeres y disidencias de las comunicaciones.

La libertad de prensa y el derecho a la información son ejes fundamentales para fortalecer nuestra democracia. Por consecuencia, trabajaremos siempre en la promoción de su protección y respeto. Como Gobierno seguiremos esforzándonos para que este proyecto avance muy pronto en el Congreso y esperamos que la ley venga a hacer justicia y a dignificar aún más, una labor fundamental para nuestra sociedad.

Cada año conmemoramos el 17 de octubre como el Día internacional para la Erradicación de la Pobreza. Esta vez, viviremos la fecha en un escenario país caracterizado por un aumento de la pobreza en Chile, según los datos entregados por la última Encuesta Casen y por un contexto de múltiples crisis tanto económicas, sanitarias, ambientales, entre otras.

La Fundación para la Superación de la Pobreza es una institución de la sociedad civil que desde sus orígenes ha trabajado por el cambio de mirada sobre cómo comprendemos, concebimos e intervenimos para aportar a la superación de la pobreza en el país. Nuestro foco históricamente ha sido promover que la pobreza va más allá de una mera dimensión material o económica, sino también es el reflejo de una serie de desventajas inmerecidas por parte de un sector de la sociedad, para quienes las oportunidades y acceso al desarrollo ha sido desigual. Vivir en zonas de sacrificio, condicionadas por el deterioro ambiental, experimentar la obligatoriedad de migrar del campo a la ciudad por falta de condiciones para habitar en el propio contexto, experimentar la insatisfacción de necesidades básicas como acceder a agua, electricidad o una vivienda, agudización de la pobreza por pérdida de fuentes laborales o precarización del ingreso en mujeres, son sólo ejemplos dolorosos de brechas sociales que dan cuenta que el desarrollo no ha sido equitativo para todos/as.

Nuestro aporte se cimenta desde la comprensión que el fenómeno de la pobreza no se superará sólo si el estado trabaja por ello, aún cuando entendemos el rol insustituible que tiene, sino también exige a una sociedad comprometida y que comprenda que la pobreza es más que "sólo flojera" o la decisión personal por "salir adelante". Esta tarea es enorme y sin lugar a dudas desafía al mundo público, pero también al privado, academia, sociedad civil y ciudadanía en general.

Nuestra acción en terreno es a través del programa Servicio País, que por más de 27 años ha convocado a jóvenes profesionales a trabajar por el desarrollo local de las comunidades y que hasta el 31 de octubre se encuentra nuevamente en proceso de convocatoria para el año 2023. Nos desenvolvemos territorialmente en alianza con municipios, un vínculo hacia personas, además de organizaciones de distintas comunas del país, con quienes trabajamos estrechamente valorando en ellos/as un sinfín de recursos, prácticas, medios, junto con modos de vida que son claves para proyectar horizontes de desarrollo sustentables y sostenibles. Esta experiencia cotidiana con comunidades nos ha reforzado la convicción que el futuro se construye con los territorios, pues ahí está la riqueza, junto a la piedra angular que nos permitirá contribuir a generar un desarrollo verdaderamente inclusivo y que nace del reconocimiento de las comunidades como protagonistas de sus propios procesos.

Por nuestra parte esperamos que este 17 de octubre sea más que una conmemoración, sino una invitación a mirar, comprometerse, colaborar desde nuestros espacios o contextos por una sociedad más justa y equitativa.

El Tratado Integral y Progresista de Asociación TransPacífico, CPTPP (TPP11), es un tratado que fue negociado y firmado por Chile. El Congreso acaba de aprobarlo. Correspondería ahora al presidente Boric su ratificación, es decir, manifestar el consentimiento del Estado por obligarse internacionalmente y ser parte del tratado. Esto se realiza mediante el depósito del instrumento de ratificación ante el depositario (Nueva Zelanda). Internamente, tras la ratificación, corresponde los trámites de incorporación del tratado como norma interna. Esto realiza con la promulgación del presidente de la República del tratado y la publicación en el Diario Oficial del Decreto Supremo (DS) promulgatorio y de un extracto del tratado. Entraría en vigor el mismo día de la publicación, a menos que el DS estableciera una fecha distinta.

En la actualizad este procedimiento se está viendo entrabado por la decisión del Gobierno de presentar "side letters" o cartas laterales mediante las cuales una Parte del tratado propone a los otros socios que una norma o capítulo no se aplique en sus relaciones mutuas. Los otros Estados deben aceptar estas cartas. Si las rechazan, las normas que rigen serán las del TPP11. Durante la negociación, se presentaron más de 200 cartas laterales por los Estados negociadores. Chile presentó 23 y, al firmar, aceptó 35. Lo nuevo aquí es que asumido el actual gobierno, encabezada la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI) por un académico abiertamente contrario al Tratado, el Dr. José Miguel Ahumada, ha decidido presentar nuevas side letters, en relación al capítulo de Resolución de Controversias Estado-Inversionistas. En declaraciones no muy claras, se ha dicho que el presidente ratificaría el TPP11 una vez que tenga respuestas de estas cartas. Hoy no conocemos el contenido de dichas cartas, ¿qué ofrece Chile a los otros Estados como medio de solución alternativo?, ¿esperarán hasta que los 10 respondan?, ¿con cuántas respuestas de aceptación o rechazo el presidente estima que es suficiente? ¿esperará a que éstas se tramiten en los países respectivos? ¿intentará que éstas sean tramitadas por el Congreso? La atribución de ratificar es exclusiva del presidente de la República. Si no lo desea hacer, está en su derecho. Jurídicamente es incuestionable esta facultad, pero políticamente es absolutamente reprochable demorar su tramitación cuando este tratado está en vigor desde 2018. En noviembre serán 9 de 11 los Estados Partes (Malasia acaba de depositar su instrumento de ratificación), quedando solo Brunei y Chile fuera. Brunei está haciendo ajustes internos para ratificar, lo que debiera darse dentro de este año o el próximo. ¿Chile será el único que se quedará fuera pudiendo entrar de manera directa vía la ratificación? Hay otros Estados que están pidiendo su adhesión al tratado como China, el Reino Unido, Ecuador, Corea del Sur, Costa Rica, entre otros. ¿Qué estamos viendo nosotros que todos los otros países no ven? En un contexto internacional muy adverso y con un 2023 que se anuncia difícil, Chile necesita inversiones, ampliar mercados, generar recursos, dar empleo y, en definitiva, buscar todas las formas necesarias para una recuperación económica y un desarrollo sostenible por el bien de los más vulnerables. Por eso no se entiende la tozudez del gobierno. No estamos en posición de defender tesis académicas sin importar los efectos que hoy se están produciendo en Chile. Lo del "llanero solitario" en un contexto competitivo y deprimido, no va. Ojalá nuestras autoridades lo entiendan lo antes posible.