Formalizan por asociación ilícita y receptación a banda que blanqueaba vehículos en la provincia de Arauco
La fiscal expuso diferentes diálogos de los imputados que fueron escuchados por las policías, en los que se daría cuenta de que existía conciencia de la situación irregular de los móviles.
Un total de 19 diferentes delitos fueron formalizados ayer por la Fiscalía en contra de 10 personas que fueron detenidas el día jueves por su relación con formar una asociación ilícita, receptación de vehículos e incluso tenencia de municiones. Hasta el cierre de esta edición el tribunal continuaba discutiendo las medidas cautelares para todos los imputados.
La fiscal Carmen Luz Flores, de la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía Regional del Biobío, señaló en la audiencia que la organización estaría dirigida por Claudio Ortiz Ibáñez (55) y su hijo Cesar Ortiz Burdiles (25), solicitando para el padre la medida cautelar de prisión preventiva, mientras que para el hijo no solicitó medidas, ya que este contaba con una orden de detención vigente, también por el delito de receptación de vehículo en la comuna de Curanilahue.
Formalización
En detalle, 9 de los 10 imputados fueron formalizados por el delito de asociación ilícita, siendo Estefanía Beatriz Henríquez Díaz, Nicole Paulina Jara Troncoso, José Enrique Jara Carrasco, Víctor Alejandro Rebolledo Muñoz, Claudio Rubén Ortiz Ibáñez, César Rubén Ortiz Burdiles, Bernardino Esteban Díaz Gutiérrez, José Ismenar Baeza Paredes y Fernando Maximiliano Jara Troncoso.
Por otra parte, por su relación al delito de receptación de vehículo motorizado, que incluye móviles, camionetas, furgones y motocicletas, la Fiscalía formalizó a los mismos imputados, mientras que por porte ilegal de municiones fue formalizado Pedro Fernando Jara Miranda.
Durante la discusión de las cautelares, la defensa de Estefanía Henríquez Díaz, la funcionario de Gendarmería, indicó que ella estaba dispuesta a declarar, por lo que se le otorgó el espacio para que realizara su intervención.
En aquella instancia relató sus motivaciones para la compra y venta de vehículos en la modalidad de prenda, apuntando a necesidades familiares y económicas. Así declaró que cada vez que compró vehículos en aquella modalidad lo hizo por el menor valor, confiando finalmente en realizar la compra al revisar documentación para intentar comprobar la legalidad del vehículo, como los informes autofact, en donde asegura no aparecían encargos por robo.
Allí señaló que tras vender los mismos vehículos que había adquirido en prenda, fue alertada de que los vehículos tenían encargo por robo, gemeleados y clonados por los compradores -que correspondían a uno de sus primos y una conocida- ella asegura que se sintió también estafada. Tras aquello incluso se ofreció a hacerse cargo por el problema retornando el dinero en cuota, ya que ella no se habría enterado de la ilegalidad de los vehículos hasta que ya había realizado todos los procesos de compra y venta.
Solicitud de cautelares
La fiscal fundamentó la solicitud de medidas cautelares para los imputados primero por el delito de receptación, que en este caso todos los vehículos habrían sido obtenidos de manera fraudulenta, a través de robos y sustracciones con violencia y intimidación, la mayoría de ellos en la Región Metropolitana; procediendo incluso a vender varios de estos vehículos a otras personas que posteriormente fueron fiscalizadas por Carabineros y recién en esos momentos las víctimas se enteraban de que los móviles tenían encargos por robo.
A esto la fiscal indicó que varios de los imputados contaban con antecedentes penales, pero en el caso de Jara Miranda, a quien se le incautaron municiones, también presentaba una condena finalizada por el delito de hurto de madera ocurrida en 2015, además de apuntar a la necesidad de cautela por la seguridad de la sociedad.
Respecto a los demás imputados se apeló a que la prisión preventiva era requerida por la cantidad de delitos, en algunos casos el carácter violento en la comisión de los delitos asociados a la receptación, así como el hecho de tener antecedentes policiales.
De los 19 delitos imputados, el Ministerio Público profundizó en las escuchas realizadas de las llamadas del imputado José Jara Carrasco, yerno de Claudio Ortiz -a quién se señala como líder de la banda- pues en torno a sus conversaciones, al igual que la de otros imputados, la fiscal relacionó y fundamentó el delito de asociación ilícita, además de ser, Jara Carrasco, la persona que señala en todo momento a su suegro como la persona que adquiría los vehículos que, posteriormente, eran fiscalizados y detectados como adulterados.
19 hechos diferentes fueron imputados por la fiscal Carmen Luz Flores a diferentes integrantes de la banda delictual.
2021 inician las indagatorias del grupo imputado, tras lo que se concretó su detención el pasado jueves 13 de octubre.