Por Karlyng Silva Leal

Un refuerzo a la vigilancia en determinados puntos sensibles para el abastecimiento de servicios para la población en las provincias bajo estado de excepción y la determinación de puntos estratégicos, fueron parte de los resultados de la reunión que sostuvo la delegada regional Daniela Dresdner con autoridades policiales y empresas eléctricas para analizar el despliegue de las fuerzas y resguardo a infraestructura crítica en la Región del Biobío, tras el ataque que afectó a torres de alta tensión el día de las elecciones.

"Fue una conversación muy buena en la que se pudieron levantar las distintas preocupaciones y también identificar algunos puntos donde nos ha faltado coordinación y el traspaso de información, todo esto con el objetivo de mejorar el trabajo que estamos haciendo y poder garantizar más y mejor seguridad para las personas y para el suministro eléctrico de nuestra región", explicó la delegada regional sobre la instancia.

En este sentido se abordaron los puntos críticos que deben ser resguardados e indicó que "obviamente por temas de seguridad no se pueden compartir, sin embargo, puedo decir que tienen que ver con la afectación que podrían tener estos puntos para la distribución y suministros de la población".

Rol de las ff.aa.

En la instancia estuvo presente el jefe de la Defensa Nacional para el Biobío, contraalmirante Juan Pablo Zúñiga, quien explicó que junto a los demás participantes de la reunión pudieron compartir información "de tal manera que nosotros, dentro del mandato presidencial, ocupando nuestras capacidades podamos colocar algún centro de refuerzo, de vigilancia especial, en aquellos puntos que son sensibles para la afectación de la población".

En este sentido, el contraalmirante aseguró que esto ya es parte del trabajo que desempeñan en las provincias de Arauco y Biobío con rondas del personal armado y policías, desde ya colocando atención especial a aquellos puntos identificados en que una intervención pueda implicar una afectación a la población. "Colocamos justamente en esos nuestros medios de patrullajes terrestres, aquellos aéreos importantes durante el día y la noche", agregó.

Por su parte, la seremi de energía, Daniela Espinoza, sostuvo que "nuestro principal rol es la coordinación y mantener la comunicación con las empresas. Hoy, como dijo la delegada, levantamos puntos críticos, revisamos también los protocolos de comunicación y de coordinación que ya estaban establecidos, en miras de mejorar la calidad y continuidad del suministro eléctrico que es lo que nos preocupa desde el Ministerio de Energía.

Reciente atentado

La empresa Transelec fue afectada el domingo recién pasado por un ataque con explosivos que afectó a un total de tres torres de alta tensión en Hualqui. Dresdner comentó que esta situación fue también la razón para que la delegación convocara a las empresas y autoridades policiales, ya que en la misma materia permitió conocer las preocupaciones del gremio, las dudas y coordinar los esfuerzos.

Sobre esta situación, el gerente zona Sur de la empresa, Luis Pérez, aseguró que los esfuerzos en este momento están enfocados en resolver los problemas que ocasionó este evento, es decir, atender los aspectos operativos y trabajar para recuperación la instalación dañada, para lo cual aún no existe un plazo definido.

Por otra parte, sostuvo que "los costos son cuantiosos, pero para nosotros lo importante es poder recuperar la instalación en el más breve plazo (...). Estamos trabajando justamente en una orden legal para enfrentar esto mediante una querella, haciendo las denuncias, trabajando con las policías en forma coordinada".

Al respecto, la seremi de energía comentó que cuatro días después del atentado el sistema se encuentra operando con normalidad, pues ningún cliente se ha registrado como afectado por calidad o continuidad del suministro.

La delegada regional Daniela Dresdner se reunió ayer con el fiscal regional (s) Michelangelo Bianchi para conversar sobre la utilización de explosivos en recientes delitos registrados en la región, analizar en qué forma pueden colaborar para aumentar las medidas de seguridad, coordinar para mejorar la persecución de los responsables y entregar seguridad y prevención a las personas.

La delegada explicó que el fiscal Juan Yáñez con dedicación a delitos de violencia rural, también presente en la instancia, pues trabajará en la investigación de los casos que implicaron el uso de explosivos.

Ayer comenzó el juicio que busca determinar responsabilidades de seis ejecutivos de Enap respecto a dos hechos de contaminación ambiental que afectaron a comunidades en las Bahías de Talcahuano y Quintero - Puchuncaví en agosto y septiembre de 2018, esto relacionado con la descarga de crudo iraní desde un barco a otro.

El magistrado Reynaldo Oliva explicó que el juicio se desarrolla en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción, hasta donde tres de los seis acusados concurrieron de forma presencial y en una primera jornada se leyeron los hechos de la acusación y la fiscal realizó sus alegatos de apertura, junto a la querellante que representa al Consejo de Defensa del Estado.

"En la segunda jornada corresponderá los alegatos de apertura de los otros abogados querellantes que representan a las víctimas, además de la defensa. El juicio está proyectado para unos seis meses, considerando que hay 284 testigos, 20 peritos y más de mil medios de prueba documental", comentó el magistrado Oliva.

Delitos

La fiscal Ana María Aldana, especialista en delitos medioambientales, sostuvo que "nosotros tomamos esta investigación compleja con la esperanza de dar respuesta penal a una importante cantidad de personas (...) acá fueron afectadas dos comunidades grandes que tienen mucha población y que además en caso de Quintero, una comunidad frecuentemente golpeada por este tipo de eventos".

Respecto a las penas, la persecutora detalló que las personas acusadas de Enap refinerías Biobío se les imputa un delito, solicitando 4 años de presidio menor en su grado máximo, y a las tres personas acusadas por los hechos ocurridos en Puchuncaví imputados por dos hechos distintos, piden 5 años de presidio menor en su grado máximo.

El abogado Remberto Valdés que representa a casi 1.500 víctimas del episodio de contaminación, sostuvo tras la primera jornada que "pensamos que después de los 6 meses de juicio que desarrollemos en lo venidero, vamos a tener condenas ejemplares y nosotros vamos a agregar, porque los tres imputados del caso Quintero y Puchuncaví cumplan una pena efectiva de 5 años de presidio",

A través de un comunicado público, Enap sostuvo que la empresa mantiene la defensa de los acusados con la convicción de su inocencia y a criterio del abogado defensor Cristián Muga "las acusaciones en contra de la empresa tienen un sesgo, lo que impidió investigar sobre los verdaderos causantes de la contaminación en Quintero y Talcahuano".

Mientras la defensa apunta a que el episodio no tiene relación causal con la descarga del crudo, desde la Fiscalía sostienen que los imputados coordinaron y llevaron a cabo la descarga del petróleo de origen iraní el 3 y 4 de agosto de 2018 en Concepción, operación que expulsó gases contenedores de ácido sulfhídrico (H2S), lo cual habría propagado indebidamente contaminante peligrosos para la salud en zonas pobladas de Concepción y Talcahuano.

Además, entre el 17 y 24 de agosto de 2018 funcionarios infringieron las reglas de protección del medio ambiente al drenar el crudo iranian heavy generando la emisión de sulfuros que se dispersaron a zonas pobladas de Quintero y Puchuncaví.

El Juzgado de Garantía de Cañete acogió la querella por hechos terroristas presentada por el gobernador Rodrigo Díaz junto a las hijas de Carlos Grollmus, quien fue víctima de un grave ataque armado e incendiario ocurrido el 29 de agosto en Contulmo y que dejó a dos personas heridas de gravedad.

"Teníamos legitimación activa para poder recurrir en protección de las personas que han sido atacadas gravemente en Contulmo hace unos días atrás, de la familia Grollmus también de la familia Cid y esto nos permite ingresar al juicio, y poder solicitar diligencias, que nos permitan ayudar a esclarecer la verdad", aseguró el gobernador.

El abogado Marcelo Villena indicó que en los próximos días solicitarán diligencias para establecer la dinámica de los hechos y la participación de los responsables.