Agresiones a funcionarios de los Cesfam locales
Con frecuencia se conocen casos de las amenazas y agresiones a funcionarios de los Centros de Salud (Cesfam) de la Región del Biobío, de parte de pacientes que requieren atención inmediata, en lugares que se encuentran colapsados. Estos ya no son hechos aislados, de acuerdo con lo que ha dado a conocer la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam), que informó que este año tienen más de cincuenta denuncias de agresiones a personal sanitario de la atención primaria.
Hace unos días el personal del Cesfam Boca Sur realizó un paro, debido a la agresión que sufrió una médico de ese recinto y también por amenazas con armas de fuego que han recibido. En el año 2019, también los funcionarios realizaron protestas por situaciones similares. Sólo en San Pedro de la Paz, el municipio ha recibido once denuncias por agresiones verbales y físicas a personal de la salud municipalizada, por lo que se han interpuesto denuncias ante el Ministerio Público.
Recientemente se realizó en la zona la campaña "Avancemos por un trabajo sin violencia", que impulsaron el Servicio de Salud Concepción, la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal , la Asociación de Funcionarios de la Salud Municipal, la Municipalidad de Coronel, y la Asociación Chilena de Seguridad, iniciativa que abarcó la atención en salud, sino también genera una alianza estratégica con entidades cuya misión es prevenir el maltrato hacia funcionarios, y preocuparse de la salud y bienestar de los usuarios. El objetivo principal fue fomentar el buen trato entre usuarios y funcionarios, fomentando el respeto mutuo.
Pero los hechos de violencia se han vuelto más habituales y agresivos, lo que preocupa a los gremios de salud, principalmente a los de atención primaria, que es donde focalizan mayoritariamente estos actos. La presidenta regional de Confusam, Gabriela Flores, ha señalado que si bien este año oficialmente hay medio centenar de denuncias en la Región del Biobío, es sólo a una fracción del total de hechos que realmente ocurren, ya que sólo uno de cada cuatro funcionarios formaliza la agresión que sufrió, mientras la mayoría no lo hace por temor a sufrir las represalias de los mismos atacantes. En tanto, el presidente del Colegio Médico Regional Concepción, Germán Acuña, expuso que en los últimos años se pasó de situaciones esporádicas a hechos más recurrentes y con más violencia. "Están obligando a los médicos a atender con una pistola encima de la mesa y eso es inaceptable", ha señalado.
El 13 de diciembre de 2019 se promulgó en el Diario Oficial la ley Consultorio Seguro, que aumentó las sanciones para las personas que agreden a funcionarios públicos. La legislación agravó la responsabilidad de aquellos que incurran en agresiones a los trabajadores de los establecimientos de salud, imponiendo a los jefes de esas dependencias la obligación de denunciar los delitos cometidos al interior de los mismos, entregándoles facultades para adoptar medidas extraordinarias en resguardo de la seguridad, y garantizando el acceso a la defensa jurídica de los trabajadores que sean víctimas de estas agresiones. Las penas que pueden ir de 10 a 15 años de cárcel si las lesiones le provocan a un funcionario un daño severo que implique pérdida de su autonomía. En caso de que la agresión genere una enfermedad o incapacidad para trabajar por más de 30 días, la sanción será de 541 días a cinco años de presidio.
Dirigentes de gremios señalan que este problema debería ser prioridad para el Gobierno, más allá de las acciones que ya se han tomado respecto a un protocolo de denuncias y algunas medidas de seguridad que han adoptado algunos municipios, como instalación de cámaras de seguridad y botones de pánico. Sin embargo, dirigentes aducen que algunos municipios no realizan denuncias para no afectar la imagen de la comuna y evitar que sea catalogada como zona insegura. De ahí la necesidad de contar con más seguridad en los recintos.
Si bien este año oficialmente hay medio centenar de denuncias en la Región del Biobío, es una fracción del total de hechos, ya que sólo uno de cada cuatro funcionarios los formaliza.