Por Karlyng Silva Leal

La falta de personal y recursos propició que la totalidad de funcionarios de la Onemi regional del Biobío se sumara a la paralización nacional, previo a que el próximo lunes entre en vigencia el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred). Según aseguran los trabajadores las nuevas funciones requieren mayor financiamiento para estar a la altura de las situaciones de emergencia.

A un año de que comenzara a operar el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred), este 7 de agosto se cumple el tiempo límite para que lo que hoy conocemos como Onemi deje de ser una oficina y se convierta en un servicio, lo que incluye una serie de funciones tanto preventivas como de respuesta ante contingencias.

Pablo Hidalgo, vocero de los funcionarios de Onemi en el Biobío explicó que "la ley amplía las funciones que la oficina una vez que inicie sus funciones en pleno y se contrarresta con las necesidades. En cada una de las direcciones regionales son 15 funcionarios, lo que no se condice con la realidad, sobre todo en una región como el Biobío donde el riesgo de desastre es alto, hay mucha variable de riesgo y también es alta la variable de la frecuencia de los eventos".

Sobre esta distribución, la directora regional de Onemi (s), Andrea Aravena, explicó que "en el Centro de Alerta Temprana trabajan 9 personas, 8 operadores en sistema de turno 24/7, son dos funcionarios por turno día y noche, más un coordinador. El resto somos tres profesionales -como señala el estamento-, una encargada de Control y Gestión de proyectos, además está el director y dos administrativos que cumplen rol de secretaria y conductor".

Funciones y dotación

Según detalló Hidalgo, la nueva ley impone "la elaboración de planes de emergencia comunales provinciales, regionales y nacionales, quedando a cargo de la nueva institucionalidad la supervisión de estos planes, la elaboración de mapas de riesgo, mapas de amenazas, supervisión de los instrumentos de gestión de riesgo que elaboran las municipalidades, el sistema nacional de Comunicaciones y el programa de gestión de riesgo que hoy también se enmarca en la nueva política de Gestión de Riesgo de Desastre a nivel nacional".

Además, el funcionario relató que la directiva nacional busca que la dotación de personal no sea estandarizada, sino que responda a las necesidades locales.

"En Chile cada una de las regiones tiene una realidad en cuanto al sistema nacional de emergencia y a la ocurrencia de los eventos, entonces se ha priorizado aquellas que tienen más eventos y están más expuestas, como el Biobío que está dentro de las tres regiones que tiene estos indicadores más altos", detalló

Paralización

La directora regional (s) explicó que los 15 funcionarios de la Onemi del Biobío se encuentran adheridos al paro nacional desde la noche del martes y que "los funcionarios que debemos estar operando estamos todos en la oficina, se han suspendido básicamente las actividades administrativas. Sin embargo, el monitoreo de la Central de Alerta Temprana de todas las amenazas que puedan afectar a nuestra región, sigue en funciones en caso de una urgencia mayor que amerite un mayor despliegue".

La operación de estos funcionarios se mantiene en las dependencias de la oficina ubicada en Concepción, desde donde se movilizan a las distintas comunas por situaciones de emergencia, pero también para el trabajo constante con los municipios en materia de mitigación, preparación en la reducción de riesgo de desastres, capacitaciones, apoyos técnicos, entre otros.

En el marco de esta movilización los trabajadores han intentado contactarse con autoridades para explicarles la situación de la oficina actual y el escenario bajo el cual tendrían que operar a partir del lunes. Así le entregaron una carta a la delegada regional Daniela Dresdner, e intentaron hacer lo propio con el gobernador Rodrigo Díaz, detallando el déficit de personal que no se condice con las nuevas funciones que el servicio deberá desempeñar.

Marco Dinamarca, tesorero nacional de la Asociación de Funcionarios de la Onemi, explicó que el financiamiento aprobado en el informe financiero de la ley por la Dirección de Presupuesto del Gobierno de Chile (Dipres), no refleja las necesidades para implementar el nuevo servicio con sus nuevas responsabilidades.

Por esto, los funcionarios presentaron una minuta con los puntos críticos al Ministerio del Interior, desde donde se abordaría por el comité político. También han intentado reunirse con la Dipres, pero sin éxito.

"Entendemos la situación económica del país, pero tampoco estamos pidiendo que todo esto sea ahora. Si hay voluntad política para resolver esto estamos muy claros que los cambios pueden ser graduales, pero si esto no está establecido en las leyes, no se podrá hacer, así de simple".

Dos mujeres con embarazos de alto riesgo y otras dos con sus hijos menores de dos años que se mantenían privadas de libertad en el Centro Penitenciario Femenino (CPF) de Concepción, lograron obtener su libertad tras la intervención de la Defensoría Penal Pública penquista en sus casos, abogando por respetar los estándares internacionales.

El trabajo de los defensores se extendió por todo el mes de julio, permitiendo que las cuatro mujeres pudieran obtener alternativas, por ejemplo, a través de audiencias de revisión de prisión preventiva que fueron sustituidas por arresto domiciliario.

En otros se sustituyó por cautelares de menor intensidad con alegaciones fundadas en normativa internacional de protección de los derechos de las mujeres y NNA (niños, niñas y adolescentes), las cuales recomiendan preferir medidas no privativas de libertad para este grupo en especial situación de vulnerabilidad.

Situación vulnerable

Las cuatro mujeres beneficiadas se encuentran imputadas por delitos diversos y estaban privadas de libertad como medida cautelar durante el plazo de la investigación que se les atribuyo en dichos ilícitos.

Sofía es una de las mujeres embarazadas que accedió al beneficio y cuyo caso reviste mayor importancia, ya que además tiene otros dos hijos pequeños de 7 y 2 años, este último con síndrome de Down, por lo que ahora podrá mantenerse bajo la medida de arresto domiciliario total.

La defensora penal pública Vania Parodi asumió tres de las cuatro causas que se revisaron y al respecto aseguró que "en todos los casos, más allá de resaltar las particularidades de cada uno, el enfoque de las alegaciones se centró en la obligatoriedad de la aplicación de los estándares internacionales en materia de mujeres embarazadas y lactantes por parte de los tribunales de garantía, lo que fue acogido".

Además, señaló que en las audiencias se argumentó que la especial protección que reconocen las reglas de Bangkok ha impulsado proyectos de ley que establecen la improcedencia de la prisión preventiva en estos casos.

"Sin duda que la contundencia de las resoluciones produce satisfacción y da cuenta de la importancia de la litigación estratégica con un enfoque de género y de la receptividad de los tribunales frente a estos argumentos", agregó.

Mesas de género

Los casos de mujeres privadas de libertad, tanto imputadas como condenadas se mantienen en especial atención por parte de la Defensoría Penal Pública, de tal forma de resguardar el respeto de sus derechos e integridad de forma oportuna.

Es por esto que la Defensoría forma parte de mesas de género a nivel interno y también interinstitucionalmente para mejorar de forma permanente las condiciones en que cumplen sus medidas cautelares o condenas y posicionar la defensa con estándares internacionales con perspectiva de género.

Más de 35 años de cárcel, una pena de presidio perpetuo calificado, es lo que solicita la Fiscalía de Concepción para Abraham Gajardo Mardones de 58 años, a quien se le imputan numerosos delitos de carácter sexual y cuyo caso ha sido calificado como el mayor violador en serie que se haya descubierto en el Gran Concepción desde que el actual sistema de justicia penal opera.

Al acusado se le imputa la autoría de tres robos con violación, cinco abusos sexuales y tres robos con intimidación, todos delitos cometidos entre abril y diciembre de 2019 contra víctimas que eran amenazadas y ultrajadas en la vía pública.

Gajardo Mardones registra una condena previa por robo con intimidación y comenzó a protagonizar los graves delitos mientras utilizaba beneficios carcelarios

Los ataques ocurrieron entre las 18 y 22:30 horas en distintos puntos de la comuna, pero tres de ellos fueron perpetrados en sectores del Parque Ecuador (en las faldas del cerro y senderos), dos en Av. Roosevelt y otro en Av. Paicaví.

El juicio en su contra inició esta semana y se espera que se prolongue por dos semanas.