Por Redacción

Una seguidilla de ataques incendiarios durante la jornada de ayer dejó daños en una serie de empresas, predios y hasta en el aeródromo de Curacautín, Región de La Araucanía.

El primero de estos atentados se produjo cerca de las 4:00 de la madrugada: un número indeterminado de encapuchados llegó hasta el Club Aéreo y prendió fuego a cuatro aeronaves dentro de un hangar.

En el sitio, Carabineros encontró un lienzo y rayados, que rezaban "Libertad a los presos políticos mapuche en huelga de hambre. Wallmapu avanza hacia la liberación nacional. Resistencia Mapuche Malleco".

Poco más tarde en Pillanlelbún, desconocidos llegaron hasta el fundo Rancho San Fernando. Ahí el cuidador se percató que estaban quemando una casa. Asimismo, también incendiaron un jeep y una cuatrimoto. Y al igual que en el primer caso, hubo una pancarta, esta vez firmada por el Movimiento de Liberación Nacional Mapuche.

Y pasado el mediodía al menos dos máquinas de uso forestal fueron quemadas durante un ataque al interior del fundo San Gregorio ubicado en Victoria.

De acuerdo a información entregada por la policía, la maquinaria en cuestión fue incendiada cuando estaba a punto de darse por iniciada una faena forestal. También se halló en el lugar un lienzo en que se atribuye el hecho al mismo Movimiento de Liberación Nacional Mapuche y se aludió a los "presos políticos mapuche" a los que se pidió a través de panfletos que sean trasladados a un centro de estudio y trabajo.

Llamado del alcalde

Tras el ataque al aeródromo, el alcalde de Curacautín, Víctor Barrera, dijo que "esto fue un ataque terrorista. Estuvieron amenazando con ametralladoras para que no salieran de la casa y ellos, un matrimonio, con incertidumbre que si le iban a quemar la casa con ellos adentro".

"(La empresa) prestaba un tema social tremendo, ellos llevaban pacientes en temas de riesgo a Angol o Temuco. Pacientes que eran accidentados a veces en la nieve, o automovilísticos y ellos estaban siempre estaban al servicio. Entonces lo que prestaban era netamente un servicio social que era por sobre el daño económico que se generó el día de hoy", añadió a La Tercera.

La autoridad agregó que "la inseguridad que se da en nuestra provincia y en nuestra comuna, no debemos seguir permitiéndolo y el llamado es a las autoridades. No somos los alcaldes los llamados a solucionar los temas de seguridad".

"El Gobierno tiene que hacerse parte y hacer algo drástico. Cada 15 días tiene que renovar el estado de excepción, pero ¿qué pasa con las comunas que están más hacia los sectores interiores donde muchas veces se ve algunos días dotación militar, carabineros, pero en este ataque a las cuatro de la mañana y no había nadie?", cuestionó.

El fiscal regionakl de Arica y Parinacota, Mario Carrera, les bajó el perfil a las supuestas amenazas del Tren de Aragua contra los funcionarios de Carabineros que resguardan el cerro Chuño, donde opera la célula del grupo criminal internacional. "De manera concreta y tajante puedo señalar que funcionarios públicos de esta región no han recibido amenazas vinculadas a esta organización. A nivel de rumores se maneja cierta información no confirmada y que, por lo tanto, no constituye amenazas, pero que nos hace a las instituciones tomar ciertas medidas de resguardo", apuntó el persecutor.

La ministra del Interior, Izkia Siches, afirmó que si bien estaba claro que la Fiscalía podía investigar a Héctor Llaitul basada en las querellas ya interpuestas en su contra y también estaba facultada para iniciar nuevas indagatorias, el Gobierno decidió ampliar las acciones ante el titubeo de la entidad persecutora. La jefa de gabinete apuntó que "con las recientes declaraciones que se atribuyen hechos constitutivos de delitos, y al ver que el Ministerio Público estaba dubitativo entre actuar y no actuar, decidimos dar un paso al frente y liberar ese camino".

La ministra del Interior, Izkia Siches, junto a los subsecretarios Manuel Monsalve y Eduardo Vergara, anunció ayer el ingreso a trámite en el Parlamento de las indicaciones para reflotar la creación del Ministerio de Seguridad Pública, un proyecto de ley que cumple más de 10 años en elCongreso.

En La Moneda, Siches argumentó que con los cambios buscarán "enfrentar las materias de inseguridad, por una parte y tener una mayor potestad sobre las policías, tener una institucionalidad mucho más robusta, perspectiva de género y también la necesaria orientación en materia de derechos humanos y obviamente el refuerzo del aparataje del Estado".

La secretaria de Estado dijo que la nueva repartición contará con dos subsecretarías, Prevención del Delito y Seguridad Pública, con sus 16 respectivas secretarías regionales ministeriales. Esta última "además va a estar a cargo de las fuerzas de orden y seguridad. Creemos que este proyecto va a permitir avanzar en un diagnóstico y manejo de mejor manera e las capacidades que tenemos como Estado para enfrentar los distintos delitos y cómo estos se van modificando continuamente".

El subsecretrio Vergara acotó estas indicaciones constituyen "la primera acción legislativa que considera la reforma a Carabineros de Chile. La claridad con la que este ministerio entrega una forma de llevar adelante la subordinación de las policías con claridad, como también responsabilidades sobre la figura del ministerio y subsecretarias cumple también con ese rol".

Las indicaciones consideran tres ejes, continuó Vergara: "El primero tiene que ver con el control de las policías, con el trabajo conjunto que se tiene que llevar adelante con la claridad administrativa". "El segundo, tiene que ver con las dos subsecretarías que contempla una subsecretaria de Seguridad Pública como también de fuerzas de seguridad pública y es ahí donde radica la administración sobre las policías, como también una subsecretaria de Prevención del Delito". "Lo último tiene que ver con un eje claro, transversal, en materia de género como también en DD.HH., poniendo énfasis particularmente en que tengamos también una política para atender a las víctimas a nivel nacional".

Consternación ha generado en Antofagasta el asesinato de un estudiante de 16 años en el centro de esa ciudad, quien fue atacado con palos y un machete mientras esperaba la locomoción colectiva.

Entre quienes reaccionaron a este hecho criminal estuvo el diputado Sebastián Videla (elegido en cupo del Partido Liberal), quien pidió al Gobierno la instauración de un estado de excepción constitucional en la macrozona norte.

El legislador manifestó que "si bien es verdad que se han aprobado más recursos para la seguridad, creo que eso no es suficiente. La herramienta del estado de excepción es la única medida para entregar paz y tranquilidad a los ciudadanos de Calama, Antofagasta y de las demás comunas".

Ayer en las afueras del Liceo Industrial de Antofagasta se efectuó una velatón en recuerdo del muchacho de nacionalidad boliviana que fue asesinado.

Mientras, las policías mantienen las diligencias que buscan dar con los autores del ataque del joven que, pese a haber sido trasladado rápidamente al Hospital Regional, falleció a causa de sus lesiones.