Desde la llegada del covid-19 a nuestro país el 3 de marzo del 2020, tras el caso de un hombre de 33 años en Talca, confirmado en el laboratorio del Hospital Guillermo Grant Benavente y notificado por el Instituto de Salud Pública, han transcurrido aproximadamente 2 años y 5 meses. A pesar del tiempo señalado, el Sars-Cov-2 (virus covid) se mantiene plenamente vigente y contagiando en forma persistente a nuestra comunidad, en el curso de un nuevo brote, que ha demorado en bajar su intensidad, causando aún mortalidad, principalmente en los grupos de pacientes de mayor edad, sobre 45-49 años.

Lo descrito confirma lo señalado por múltiples especialistas y académicos a nivel mundial, respecto a que la pandemia permanecerá entre nosotros al menos por 5 años, hasta transformarse en "endémica", es decir una infección viral con afectación predominantemente respiratoria, que probablemente requiera de una vacunación antiviral anual, definida para grupos objetivos más susceptibles, como ocurre actualmente en nuestro plan de vacunación anual contra la influenza.

La perspectiva señalada, hace relevante el rol de las vacunas y el enorme esfuerzo de vacunar a la mayoría de la población, realizado en nuestro país desde el momento que se dispuso de este recurso contra el covid-19, producto del desarrollo de los laboratorios de vacunas, asentados principalmente en países del primer mundo, salvo menciones honrosas como Cuba e India.

Desde las experiencias descritas por Edward Jenner en 1796 para descubrir y luego desarrollar la vacuna contra la Viruela Humana, la relevancia de las vacunas ha sido demostrada una y otra vez en el enfrentamiento de diversas enfermedades infecciosas, como la influenza, la poliomielitis, la rabia, la difteria, el tétano, la tuberculosis, la rubeola, el sarampión, la fiebre tifoidea y otras, lo que ha permitido salvar millones de vidas, mejorando la calidad y prolongando el tiempo de vida de la humanidad.

Estos son algunos de los fundamentos que, como Seremi de Salud de la Región del Biobío, nos reafirman la necesidad de insistir y convocar a nuestra población, para que acuda a vacunarse a los lugares dispuestos para ello en sus respectivas comunas, porque solo así podremos proteger la salud pública, retomar una vida en comunidad, más "normal" y plena, con menos riesgos sanitarios y más posibilidades de disfrutar un "Buen Vivir".

En los últimos años, hemos visto como el mundo ha cambiado producto de las tecnologías basadas en Inteligencia Artificial (IA), aportando mejoras a nuestras condiciones de vida e irrumpiendo a pasos agigantados hasta en las actividades más cotidianas. Además, observamos que las empresas tecnológicas y digitalizadas, son las que pueden mejorar su desempeño y poseen mayor capital de crecimiento.

Por otro lado, los objetivos de desarrollo sostenible propuestos por la ONU nos entregan un marco de referencia para impulsar nuestras acciones hacia un avance social, económico y ambientalmente sustentable, aportando en la reducción de brechas en ámbitos como el cambio climático, acceso a energía y agua limpia, reducción en las desigualdades, entre otros.

La IA sirve como un facilitador para lograr dichos objetivos, donde la evidencia científica con un número continuamente creciente en publicaciones y patentes demuestra que existe gran interés desde la academia y la industria en explotar, elaborar y aplicar nuevas herramientas tecnológicas basadas en IA para el logro de sus objetivos estratégicos; los que en muchos casos se encuentran en concordancia con los objetivos de desarrollo sostenible. Sin embargo, la IA nos plantea desafíos relacionados con la privacidad y uso ético de información sensible de personas y organizaciones, así como evaluar a largo plazo las implicaciones sociales, éticas, legales y medioambientales de estas nuevas tecnologías. Esto está estrechamente relacionado con la formación de capital humano en diferentes niveles de especialización, que aborde estos desafíos con una perspectiva holística, donde las universidades somos las responsables de responder a este reto, preparando a personas y entregando las habilidades y competencias que permitan adoptar la IA, maximizando su buen uso y reduciendo los riesgos.

Es por ello, que se creó el Proyecto "Capital Humano Avanzado en Inteligencia Artificial para el Biobío", con el propósito de potenciar el crecimiento económico sostenible y el avance científico-tecnológico en esta región, a través de la atracción, retención y formación de capital humano avanzado, especializado en IA aplicada y con pertinencia territorial.

Este proyecto ya está en funcionamiento, en consorcio entre las universidades del CRUCH Biobío-Ñuble (UCSC, UdeC, UBB y USM) y enmarcado en el Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC-R), del Gobierno Regional del Biobío.

Beneficiará a profesionales que desean especializarse en IA aplicada, así como a entidades públicas y privadas que adopten tecnología con IA para mejorar su desempeño. Las áreas de interés de contexto territorial que se busca apoyar son: Manufactura y Procesos Industriales, Salud y Bienestar, Educación, y Agricultura Inteligente y Sustentabilidad.

Asimismo, da cabida a un Doctorado en Inteligencia Artificial (único en América Latina), que partirá en 2023.

La propuesta de nueva Constitución que se someterá a plebiscito el 4 de septiembre es la primera en el mundo que surge de un órgano redactor de composición paritaria. Ello se logró a partir de la Ley 21.216, que reformó la actual Constitución con el propósito de permitir la conformación de pactos electorales de independientes y garantizar la paridad de género en las candidaturas para la integración del órgano constituyente.

En el texto aprobado por la Convención Constitucional, a su vez, se contemplan elementos relativos a la paridad en el sistema democrático. El artículo 1° señala que Chile se constituye como una república solidaria, agregando que su democracia es inclusiva y paritaria, reconociendo como uno de los valores intrínsecos e irrenunciables la igualdad sustantiva de los seres humanos. Luego, se establece en la propuesta que todos los órganos colegiados del Estado, los autónomos constitucionales, los superiores y directivos de la Administración, así como los directorios de las empresas públicas y semipúblicas, deberán tener una composición paritaria que asegure que, al menos, el cincuenta por ciento de sus integrantes sean mujeres. Lo anterior se complementa con el deber estatal de promover la integración paritaria en sus demás instituciones y en todos los espacios públicos y privados, adoptando medidas para la representación de personas de género diverso.

En materia electoral se indica que, para las elecciones populares, la ley creará un sistema electoral conforme a los principios de igualdad sustantiva, paridad, alternabilidad de género y los demás contemplados en la eventual nueva Constitución y las leyes. Dicho sistema deberá garantizar que los órganos colegiados tengan una composición paritaria y promoverá la paridad en las candidaturas a cargos unipersonales. Asimismo, asegurará que las listas electorales sean encabezadas siempre por una mujer. Una normativa parecida se establece para las organizaciones políticas reconocidas legalmente.

La Constitución de 1980, por su parte, no contiene referencias de esta naturaleza. En el texto se consagra la igualdad ante la ley para a todas las personas y, de forma expresa que hombres y mujeres son iguales ante la ley.

Entendida como una participación equilibrada de hombres y mujeres en las posiciones de poder y de toma de decisiones en diversas esferas, la paridad puede ser vista en estos tiempos como un índice para medir la calidad de las instituciones democráticas. A través de la paridad se puede enfrentar el llamado "techo de cristal", entendido como la barrera o conjunto de barreras invisibles que impiden que las mujeres ocupen ciertas posiciones de responsabilidad, tanto en esferas políticas, económicas o sociales, por ejemplo. Ello, como consecuencia de estereotipos, representaciones y roles de género que atraviesan la forma en que se estructuran los espacios de poder.

A nivel internacional, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979 llama a la máxima participación de las mujeres en todas las esferas, en igualdad de condiciones con los hombres, como condición indispensable para el desarrollo de los estados, el bienestar del mundo y la causa de la paz. Concretamente, su artículo 3 establece que los estados partes, Chile entre ellos, deben tomar en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica o cultural, las medidas apropiadas para asegurar el pleno desarrollo de la mujer, con el objetivo de garantizar el derecho y goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre. Luego, el artículo 7 se establece el derecho de las mujeres a participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de estas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planes gubernamentales.