Por Karlyng Silva Leal

Desde el 17 al 21 de julio, la Corte de Apelaciones de Concepción ha recibido 19 recursos de protección por omisión o falta de determinación respecto a solicitudes de residencias definitivas y temporales. Los recurrentes son migrantes que llevan incluso más de un año a la espera de una respuesta a sus procesos de regularización y obtener de forma definitiva una cédula de identidad chilena.

La Corte de Apelaciones penquista decretó el jueves la suspensión temporal del director nacional, Luis Thayer por un plazo de 10 días. La medida ocurrió en el marco de un recurso de protección presentada por una mujer cubana que había solicitImputadoado una visa temporal en el marco del proceso extraordinario de regularización iniciado en abril de 2021 en la Región del Biobío.

La situación volvió a colocar en tabla la lentitud con que se están procesando los trámites en el Servicio Nacional de Migraciones, desde la actual administración señalaron que en abril de este año recibieron el organismo con 500 mil solicitudes de residencias temporales y definitivas en el país con uno, dos y hasta más años de retraso. En el mismo contexto existen más de 8 mil recursos judiciales presentados contra el servicio que están siendo revisadas por 13 abogados en la materia.

Comunidad venezolana

Francia Campos, presidenta de la Organización de Venezolanos de la Región del Biobío (Orve), explicó que en la organización han notado cómo los procesos en la dirección de migración continúan con casi nulo avance.

"En la organización hemos tenido casos muy aislados de personas que incluso tras cuatro años han podido obtener su rut y carnet, pero son muy pocos. Estamos pidiendo al gobierno y al Departamento de Extranjería que se pronuncien sobre esto y que le aclaren al migrante cuál será su estatus de ahora en adelante, porque es demasiado tiempo, los migrantes y sobre todo la comunidad venezolana quieren regularizarse para trabajar formal y legalmente para seguir aportando a este país", detalló.

Por su parte, Alfonso Vera, colaborador de la Casa del Migrante, comentó que los extranjeros incluso han quedado a la mitad del trámite para el estampado de su visa de residencia .

"Vemos que hay por solucionar trámites de visa de 500 personas en Extranjería del año 2021. Esto ha afectado a muchos y no saben a quién y de qué manera obtener respuesta sobre el trámite que realizan, ya que todo está digitalizado y se ha convertido en algo muy impersonal", agregó.

Dificultades

En el gobierno anterior se habilitó un proceso de regularización para las personas que ingresaron al país de manera regular, pero que no habían actualizado sus documentos. Este proceso finalizó el 7 de enero de este año, sin embargo, Campos señala que desde entonces no han recibido noticias sobre los resultados.

"El problema es el silencio con el cual Extranjería ha actuado y en esta regularización son muy pocos los que han obtenido el beneficio de tener su documento", agregó Campos.

Vera también comentó que esta situación genera problemas para los migrantes, principalmente a la hora de trabajar, ya que no cuentan con el permiso específico para ello, por lo que deben realizarlo informalmente.

"Al no tener documentos chilenos no pueden acceder a tarjetas o cuentas de ahorro, por ejemplo, así que el dinero que logran obtener lo guardan bajo el colchón o se prestan entre coterráneos las cuentas para guardar su dinero y no ser víctimas de robo o estafa".

Además, el colaborador del Arzobispado, detalló que entre las personas a las que ayudan destaca la población venezolana como la comunidad más numerosa que espera respuestas desde el Servicio de Migración, sobre todo aquellos que llegaron al país hace unos 5 o 4 años tras la crisis política y económica de Venezuela.

A ellos les sigue la población haitiana y colombiana que también deben esperar a que se resuelvan sus solicitudes.

500 trámites de visa, al menos, están pendientes en la región según registros de la Casa del Migrante del Arzobispado

Ayer se realizó la formalización de M.A.L.H. de 24 años por el delito de homicidio cometido la madrugada del jueves, donde la víctima fue Diego Herrera Chamorro, DJ penquista conocido por trabajar en distintos locales de la región. En la instancia el Juzgado de Garantía de Concepción fijó un plazo de tres meses para la investigación y dictó la prisión preventiva del imputado.

La fiscal de Concepción, Belén Kizmanic, explicó que hay testigos que reconocen al imputado como autor del hecho e indicando que "existe una primera agresión en el interior del local, donde la víctima termina con parte de su vestimenta rasgada y luego se trasladan todos al exterior del local a la vía pública, desde donde el imputado extrae desde su vehículo un arma con el cual le disparan a la víctima"

Por otra parte, la persecutora sostuvo que "de la declaración de algunos testigos se desprende que existiría un conflicto con una mujer que habría sido expareja del imputado".

Aunque la defensa planteó que el imputado no eludió el accionar de la justicia, por lo que podría eventualmente colaborar en el procedimiento, además de esbozar una legítima defensa incompleta, sin embargo, el Tribunal desestimó estas atenuantes.

En la audiencia, el magistrado Marcelo Bustos ordenó el ingreso del imputado al Centro de Cumplimiento Penitenciario Biobío, por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

3 meses de investigación fijó el Juzgado de Garantía de Concepción, periodo en que el imputado estará en prisión preventiva

Durante la jornada de ayer se daría inicio al juicio por el delito de tráfico de drogas que se le imputa a 19 personas, entre ellas Emilio Berkhoff. No obstante, la audiencia tuvo una breve duración, ya que se dio inicio con el acto de apertura, sin embargo, los alegatos del Ministerio Público, querellantes y defensa comenzarán el lunes a las 8.30 horas.

La modificación se realizó porque el Tribunal Oral de Concepción incorporará la acusación particular del Gobierno, esto ya que el Juzgado de Garantía no había enviado la acción al tribunal de forma oportuna antes de iniciado el juicio.

La relevancia de esta acción legal es que el Ministerio del Interior, con la Delegación Presidencial como querellante, solicita que los imputados cumplan penas más altas que las que solicita la Fiscalía en caso de ser encontrados culpables por los cargos que se les imputan.

Delitos imputados

Cabe recordar que los 19 imputados fueron investigados tras un operativo policial que logró incautar más de 800 kilos de droga que el grupo intentaba ingresar al Gran Concepción desde el norte del país.

En este sentido, los delitos que se les imputan incluyen tráfico de drogas, la falsificación de instrumento público, lavado de dinero y porte ilegal de armas, por lo que las penas, en el caso de Berkhoff, arriesga 20 años de cárcel.