Congreso de Perú aprobó informe que recomienda acusar a Pedro Castillo
El pleno del órgano legislativo visó el texto donde se expone la presunta participación del presidente en casos de corrupción y en una organización criminal. Además, revirtieron votación y Asamblea de la OEAse realizará en el país.
El pleno del Congreso de Perú aprobó un informe de la Comisión de Fiscalización que recomienda acusar constitucionalmente al presidente peruano, Pedro Castillo, por varios casos de presunta corrupción, entre ellos el de liderar supuestamente una organización criminal.
El Parlamento votó el informe presentado por el presidente de la comisión de Fiscalización, el fujimorista Héctor Ventura, sobre los actos de presunta corrupción en la adjudicación de la obra Puente Tarata, en los ascensos militares del año pasado y por el hallazgo de 20.000 dólares en la oficina del exsecretario de la Presidencia Bruno Pacheco.
El reporte fue aprobado con 72 votos a favor, 40 en contra y cero abstenciones, después de que Ventura le pidió a los legisladores "un voto de conciencia" que vaya en coincidencia con la lucha contra la corrupción, dado que "el país evaluará esta importante decisión".
Con la aprobación del informe, este documento será remitido a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para proceder con los siguientes pasos en la próxima legislatura, que empieza a fin de mes.
El jefe de Estado ya es investigado preliminarmente por la fiscal de la Nación por varios delitos a raíz de los casos vistos por la comisión de Fiscalización, uno de los cuales involucra al exministro de Transportes Juan Silva, a Pacheco y a uno de sus sobrinos Fray Vásquez, que están prófugos de la justicia.
Castillo evitó declarar a la comisión, bajo el argumento de que no puede ser investigado ni procesado durante su mandato, a excepción del delito de traición a la patria, por el cierre del Congreso o por impedir las elecciones.
La esposa de Castillo, Lilia Paredes, también fue citada a responder a un interrogatorio de la comisión, pero se rehusó a responder, haciendo uso a su derecho a guardar silencio.
Luego de que la primera dama, que estuvo acompañada por su abogado, Benji Espinoza, no respondiera a las preguntas de los legisladores, Ventura aseguró que "guardar silencio en un proceso judicial puede ser útil, pero guardar silencio en política puede ser letal".
Paredes fue citada después de que un reportaje periodístico destapó que su hermana Yenifer Paredes había ofrecido obras de infraestructura a comunidades en la región Cajamarca, de la que es oriundo Castillo y su familia.
El legislador Ventura declaró a los periodistas que había recomendado abrir una investigación como presunta organización criminal familiar, dado que además de incluir a la esposa y su hermana, las pesquisas de la fiscalía revelaron que también se había hecho uso del teléfono del hijo menor del mandatario para coordinaciones con los imputados.
Además, mencionó también los viajes que hizo el suegro del presidente supuestamente pagados por el empresario Zamir Villaverde, actual colaborador eficaz de la fiscalía que ha aportado audios y material que incrimina a Castillo.
Vuelco para asamblea
El Congreso de Perú aprobó, en sesión plenaria, la realización de la 52 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Lima, del 5 al 7 de octubre próximo, tras reconsiderar la votación previa que rechazó ese evento por pedir un baño neutro, entre otras facilidades.
La resolución legislativa que aprueba la realización de la Asamblea General recibió 100 votos a favor, siete en contra y siete abstenciones, después de que la legisladora independiente Susel Paredes acusó al Congreso de intolerante y solicitó la reconsideración.
Paredes, que lleva un proceso ante las autoridades para que se reconozca su matrimonio con otra mujer, había comentado en Twitter que la razón para rechazar la asamblea de la OEA era "habilitar un baño neutro para acoger visitantes LGBTIQ+", agregando que era "un absurdo".
El canciller peruano, César Landa, pidió al Congreso "reconsiderar el voto, que impide realizar la Asamblea General de la OEA en Lima", pues "perjudica gravemente la imagen internacional del Perú".