Por Felipe Cuevas Mora

Uno de los pilares del programa de gobierno del Presidente Gabriel Boric tenía directa relación con revisar y modernizar una serie de aspectos en materias de educación superior -que en el Biobío cuenta con más de 120 mil alumnos en una treintena de instituciones-, entre ellos la condonación de deudas educativas, la relación del Estado con las instituciones educativas y un nuevo modelo de financiamiento.

Al analizar cómo confluye el programa de gobierno con el escenario actual -cierre de la discusión constituyente y la implementación de la reforma promulgada en 2018-, la subsecretaria de Educación Superior, Verónica Figueroa, dice que una tarea central es hacerse cargo de las desigualdades históricas que tiene el sistema.

"Son desigualdades que en la educación superior han tenido múltiples expresiones: se ha masificado el acceso, pero este no ha sido con criterios de equidad, y todavía los sectores socioeconómicos más vulnerados quedan fuera, todavía las mujeres no accedemos a todas las disciplinas ni desarrollarnos en todos los espacios, los pueblos indígenas y otros grupos minoritarios tampoco han tenido esa posibilidad, al igual que falta fortalecer la educación técnica y estatal", dice a Diario EL SUR, tras finalizar la charla que dictó a alumnos de Administración Pública de la Universidad de Concepción, en su primera visita a la zona en el cargo.

"Cuando nosotros nos planteamos como un gobierno que busca grandes transformaciones, debemos ver cómo se hacen estas transformaciones con todos los actores, y el desafío es que estos actores no han estado en los espacios dentro de la educación superior", añade, apelando a que el actual contexto ratifica que esas temáticas se deben instalar en el debate público.

-¿Considera usted que la reforma que está en marcha, a cuatro años de su promulgación, no cumple con reducir las desigualdades que usted me comentó?

-Absolutamente. Cuando vemos un sistema basado en el endeudamiento de las familias, donde la educación se convierte en una carga para las familias, o vemos que los incentivos no se han ido a mayores niveles de equidad o acceso, entendemos que se requieren transformaciones sustantivas y estructurales. Nosotros nos planteamos como una coalición de gobierno distinta, que busca impulsar transformaciones en un contexto donde el neoliberalismo ha impregnado todos estos espacios. Hay que cambiar a una cultura de entender y situarnos de una manera colectiva, ya que la pandemia dio cuenta de cómo nos hemos convertido en una sociedad tremendamente individualista.

Consultada por los intereses cruzados dentro del Consejo de Rectores (Cruch) referentes al financiamiento -algunos de ellos desde la Red G9-, Figueroa dice que "la definición legal del Cruch dice que son universidades que deben contribuir a la formación de políticas públicas, al ministerio, colaborar respecto a cómo podemos mejorar o generar una educación superior que responda a los intereses de la sociedad".

-¿De qué manera define usted lo público en educación superior?

-Hay una definición, si uno quiere ir a lo estricto, que es que lo estatal expresa en gran medida lo público, y no es solo quien financia o como lo financia o quiénes son los dueños. Entendiendo que las universidades estatales representan en su institucionalidad, la diversidad que existe en la sociedad y los distintos proyectos, además de niveles de transparencia y rendición de cuentas, algo que no existe en las instituciones privadas.

Hay instituciones como la UdeC o las del G9 que se mueven en ese espacio de lo público y privado, y la invitación es abrir la discusión más allá de lo público o estatal, para ver que es posible incorporar en el sistema las distintas expresiones.

Las instituciones estatales están sujetas a restricciones mayores que aquellas privadas, y eso se convierte en una desventaja al entregar una educación competitiva en el modelo que tenemos. No puede ocurrir que terminemos discerniendo entre una educación pública caracterizada por estos modelos de competencia y sigamos pensando en un mercado de la educación.

El sistema es de provisión mixta, pero esta se debe dar bajo ciertos estándares o mínimos, que planteamos con enfoque de género, interculturalidad y perspectiva territorial, alineados con las prioridades que el Gobierno busca impulsar.

Deuda educativa

Otro de los temas que apunta con especial énfasis la subsecretaria Figueroa tiene relación con el compromiso irrestricto de condonación de deudas de créditos estudiantiles, fundamentalmente del Crédito con Aval del Estado (CAE), que tiene a 113 mil deudores en la Región.

Sobre ello, dice que el compromiso es condonar todas las deudas -"eso no se transa"- y recordó que "el Presidente anunció que la condonación estará asociada a la presentación de la Reforma Tributaria, y esperamos que dentro de este año legislativo se presente el proyecto de ley que propone el nuevo sistema de financiamiento y la condonación de las deudas".

-¿Bajo qué términos se realizará la condonación de deuda? En semanas anteriores hubo una fuerte polémica porque el Presidente Boric dijo que sería con gradualidad.

-Esa condonación se debe realizar con criterios de justicia educativa, es decir entender que ha habido una mala política pública que ha afectado a las familias. La condonación debe ser para todas y todos, entendemos que debe ser progresiva ya que no hay solo un deudor o deudora; las mujeres se endeudan más y tienen trabajos más precarios, o a abandonar las carreras y cargar las deudas, tienden a los cuidados.

Hay deudores que sostienen a sus familias, que son primera generación en la universidad, además de deudores que terminaron su formación no han accedido a sueldos que les permitan pagar esta u otras deudas, con un CAE con condiciones abusivas que impide estar al día en muchos casos.

Debe haber un componente de progresividad, y de gradualidad, por lo que el Estado debe generar un plan de condonación que vea como sumar a los deudores; hoy estamos trabajando como llegar a esa fórmula, para no replicar la política anterior.

Al abordar la situación de los Centros de Formación Técnica del Estado, dijo que "estamos conscientes que en la educación técnico profesional las brechas que todavía existen son claras. Nos interesa que los CFT se conviertan en tejidos en sus propios territorios, tejidos productivos, sociales y culturales, como aglutinan a las comunidades que los rodean. Además, han estado muy abandonados en el último tiempo, instalándose con condiciones muy desiguales: el caso de Tirúa, además decimos que tiene características interculturales, lo que es una ventaja comparativa, pero si no hay un esfuerzo del Estado por apoyar ese proyecto y lo innovador que es, resulta difícil que salga adelante; comprometimos fortalecer los CFT estatales".

Esta semana, la Universidad San Sebastián presentó los resultados preliminares del proyecto "Evaluación de las condiciones actuales para el traspaso de la educación municipal a los Servicios Locales de Educación: Estudio de caso en la comuna de Lota", en que la casa de estudios monitorea el traspaso de los recintos municipales al nuevo servicio local en 2024.

En la ceremonia de presentación de los resultados preliminares del estudio, el académico a cargo del proyecto Fernando Peña adelantó que se observó una sobredotación de funcionarios en la comuna, situación que ha generado problemas financieros que han afectado la sostenibilidad del servicio educativo, lo que podría repercutir sobre el proceso de traspaso contemplado para inicios de 2024.

"Hoy nos enfrentamos a un complejo proceso de desmunicipalización de la educación, en el marco de la Ley 21.040, y por ello quisimos respaldar a la comuna de Lota, aportándole información y un diagnóstico de su realidad actual, a fin de enfrentar este proceso con sustento académico", comentó.

En la actividad participó la directora de Educación Pública Alejandra Grebe, quien reflexionó sobre el proceso iniciado con la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública: "El sistema educativo chileno necesita de un cambio. Es una realidad, no solo porque el Simce u otros indicadores así lo indiquen, o porque disminuyan las matrículas: simplemente, no tenemos la educación pública que queremos para nuestros niños y niñas", dijo, enfatizando que la discusión es ver cómo implementar el cambio.

Este lunes, la Convención Constitucional finalizará su labor y una de las polémicas que se ha instalado en el cierre del proceso tiene que ver con las invitaciones que la organización contempló que los propios miembros del órgano podían realizar a una persona de su interés además de un asesor.

A diferencia de lo que ocurrió a nivel nacional, los representantes de la zona que participarán en la ceremonia de cierre optaron por invitar a sus asesores más cercanos o familiares para compartir el cierre del proceso que se prolongó por un año.

Según el listado que se dio a conocer hace algunas horas, al menos seis convencionales extendieron su invitación adicional a asesores con los que trabajaron a lo largo del proceso, entre ellos Amaya Álvez, Luciano Silva, Javier Fuchloscher, Adolfo Millabur, Tammy Pustilnick y Vanessa Hoppe.

En otros cuatro casos, los representantes de la Región optaron por invitar a familiares cercanos o sus cónyugues: Andrés Cruz, Paulina Veloso, Rocío Cantuarias y Loreto Vidal.

En el caso de Luis Barceló, por ejemplo, extendió la invitación al abogado José Antonio Ramírez, y la convencional Natividad Llanquileo invitó a la lagmen Carmen Melillán, perteneciente a un colectivo mapuche-aymara.

La ceremonia de cierre del proceso constituyente, que comenzará a las 9 horas de este lunes en el ex Congreso Nacional, contempla que el Presidente Gabriel Boric reciba de manos de la mesa directiva del órgano la propuesta de texto constitucional que se votará en el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre.