Por Redacción

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, entregó ayer detalles del proyecto que busca establecer un nuevo mecanismo de estabilización transitoria de precios de la electricidad.

La presencia del secretario de Estado fue solicitada luego de que los integrantes de la Comisión de Minería y Energía del Senado pidieron que explicara la necesidad que existe respecto a que la iniciativa considere el aporte del Estado a través de subsidios para financiarla.

"Se agrega esta facultad para aportar hasta 20 millones de dólares anuales, en uno o más decretos, entre el 2023 y el 2032. En la suma, el máximo de recursos a comprometer por el Estado sería cercano a los 200 millones de dólares", detalló Marcel.

"Es un aporte neto que está dirigido a asegurar contención de las alzas de las tarifas para las consumidores de hasta 350 kilowatts por hora de consumo. De esta manera, los aumentos de tarifa van a ser los mínimos para este grupo de consumidores, que corresponden al 90% de los consumidores a precios regulados domiciliarios", enfatizó.

Fuerte alza

Desde hace un par de meses se conoció que a partir de mañana, es decir en las cuentas de consumo de electricidad de julio, las cuentas subirán hasta un 45% debido a que el fondo que existía para mantener los precios bajos se acabó y hace dos semanas la Comisión de Minería y Energía del Senado suspendió la tramitación del proyecto de estabilización.

En la oportunidad se cuestionó la falta de subsidios y el eventual perjuicio que causaría la iniciativa a pequeñas y medianas empresas.

"El Ministerio de Hacienda tiene que hacer un esfuerzo mayor. Así como contemplamos un fondo para los combustibles, lo mismo debe haber respecto de las cuentas que se generan respecto de la luz", apuntó en su momento la senadora Loreto Carvajal (PPD), presidenta de la comisión.

Gas natural

Paralelamente, el Gobierno ingresó una ley corta para regular el mercado del gas natural, tras el informe de la Fiscalía Nacional Económica que detectó infracciones.

En su informe, el Ejecutivo plantea que el proyecto de ley, o Ley Corta de Gas Natural, permitirá eliminar el artículo 12 transitorio de la normativa actual. Dicho artículo fue el que permitió a Metrogas realizar la operación con su empresa relacionada con la que, según el informe publicado el año pasado por la FNE, se habrían generado alzas de hasta 20% en el precio del gas natural.

Acompañamiento directo y facilitación de soporte técnico calificado es parte de lo que ofrece la Universidad San Sebastián (USS) para mejorar la realidad de los sistemas de Agua Potable Rural (APR) de la Región del Biobío.

Todo esto se logrará gracias al desarrollo del proyecto "Transformación digital integrada de APR del Biobío", una iniciativa financiada por el Gobierno Regional, a través del Fondo de Innovación para la Competitividad Regional (FIC). Para cumplir con lo señalado, la casa de estudios se apoyará en la empresa local Hibring, firma de ingeniería del Gran Concepción.

El estudio fue diseñado para ofrecer soluciones enfocadas en la digitalización y la evaluación de calidad de agua potable en el mundo rural. Por ende, se espera que su ejecución ayude a disminuir las brechas de conocimiento, acceso a la información y a nuevas tecnologías entre diversos comités de APR de la zona, además de potenciar la competitividad regional en la gestión hídrica.

Los impulsores del plan comentaron que la idea es lograr detectar y aplicar iniciativas innovadoras al interior de 15 comités de APR de la Región. Adicionalmente, la iniciativa dotará a estas administraciones de una visión integrada de la sustentabilidad y de adaptabilidad al cambio climático en la gestión global del agua.

Este FIC tiene una duración de 20 meses y también considera la participación de otros estudios colaborativos de la USS e Hibring, ya que el anhelo de las entidades asociadas es crear un nuevo plan de gestión administrativa y de transformación digital para las organizaciones que abastecen de agua potable a localidades rurales.

Mirada exhaustiva

"Es un trabajo de acompañamiento directo, donde incorporaremos criterios de asociatividad, logística y sustentabilidad en la gestión del recurso hídrico. En una primera instancia, buscamos conocer la realidad de las 60 APR de nuestra Región, ya que nuestro fin es realizar un exhaustivo levantamiento de información y desarrollar un diagnóstico de las diferentes brechas territoriales que se evidencian en el Biobío, explicó Ricardo Saavedra, académico de la USS y director del proyecto.

El profesor universitario añadió que "queremos consolidar este trabajo de soluciones integrales a la problemática de la gestión hídrica y acceso a la información, y alinearlo con la Estrategia Regional de Desarrollo".

Con la finalidad de responder las consultas y dudas de los representantes de la cadena logística de los puertos de la Región del Biobío en relación a los requisitos de infraestructura, instalaciones y equipamiento que deberán cumplir los sitios de importación autorizados, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y la Mesa Comex Biobío organizaron recientemente una reunión presencial. En la instancia participaron el jefe de la División de Control de Frontera del SAG, Óscar Camacho, el director regional de la misma entidad, Iván Ramírez, y el presidente de la Mesa Comex Biobío, Claudio Cid.

"Esta resolución del año 2019 (N°4261) norma la infraestructura que deberán tener los sitios de importaciones de mercancía silvoagropecuaria a junio del 2024, a través de la cual se busca contar con mayor infraestructura y seguridad para la sanidad de los productos importados, también de los funcionarios y de las personas que trabajan en esos lugares", explicó Camacho.

Asimismo, indicó que estos requisitos están relacionados con la bioseguridad del lugar, para evitar la dispersión de plagas y enfermedades y darles una mejor logística a estos sitios de importación, contando con lugares adecuados como salas de inspección con características de frío para mantener la cadena de frío cuando se trata de alimentos que lo requieren, entre otras características.

Por su parte, Iván Ramírez explicó que en la zona actualmente hay seis sitios de importación habilitados para el ingreso de mercancías atingentes al SAG: los puertos de Lirquén, Coronel, Talcahuano Terminal Portuario, San Vicente Terminal Internacional, muelles de Penco y Portuaria Cabo Froward, "los que debiesen incorporar estos requisitos a su infraestructura actual a más tardar el 24 de junio de 2024".

Los sitios de importación deberán estar ubicados en una zona primaria (área habilitada por Aduanas para el ingreso de mercancías y transporte) y son clasificados por el SAG de acuerdo a las mercancías a inspeccionar.