Pese a mesa de trabajo, familia dueña de sitio tomado en Lenga pide mayores acciones
El municipio, la Delegación Presidencial Regional, el Ministerio de Vivienda, Serviu y dirigentas del Comité de Vivienda local ya iniciaron un trabajo mancomunado. La familia afectada solicita que las autoridades actúen de una forma más responsable y rápida.
Son alrededor de 70 las familias que hoy ocupan de manera ilegal un terreno privado en el sector de caleta Lenga, en la comuna de Hualpén. El paño es propiedad de la familia Price Saffery y también posee una condición particular, ya que forma parte del Santuario de la Naturaleza de la Península en cuestión.
La alerta de la familia se dio hace algunas semanas y desde ahí se iniciaron acciones con el objeto de destrabar el problema. Por un lado, el municipio pidió la conformación de una mesa de trabajo, acción que a la fecha ha mantenido una sola reunión entre las autoridades involucradas, según comentó el alcalde Miguel Rivera. El primer encuentro se concretó hace unas dos semanas.
"El municipio no puede hacer mucho, entendiendo las condiciones del terreno, pero sí desde el día uno hicimos un llamado a formar una mesa de trabajo, la cual ya se formó. Allí participa la Delegación Presidencial, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y nosotros, con la idea de entregar una solución pacífica, pues creemos que debe haber una solución habitacional digna para las personas", planteó Rivera.
Producto de las características que tiene el espacio, las autoridades ven difícil formular una solución definitiva en el mismo sitio. De hecho, la delegada Daniela Dresdner sostuvo que actualmente se encuentran buscando una respuesta fuera del terreno tomado, "ya que es un terreno privado que además corresponde a un espacio dentro de una área protegida por ser un Santuario de la Naturaleza".
Desde la Delegación precisaron que en esta mesa también están presentes dirigentas locales del Comité de Vivienda y el Serviu.
Medidas de la familia
"Hemos estado en conversaciones con la familia afectada, indicándoles los pasos a seguir para que resolvamos la situación". Las palabras de la delegada Dresdner chocan en cierto medida con las del abogado de la familia, Humberto Alarcón, quien advirtió que en lo relacionado a la mesa de trabajo no tienen mayores novedades ni un comunicado formal de que estas instancias estén operando.
Por lo mismo, y tras haberse agudizado el conflicto, la familia Price Saffery inició semanas atrás acciones penales y civiles para terminar con una toma "que avanza rápido y que genera un daño claro al Santuario". En concreto, estas medidas abarcan querellas criminales para establecer responsabilidades penales de las personas que están al interior de la propiedad y cesar cualquier tipo de actividad en el Santuario, entendiendo que es un lugar patrimonial y que debe estar ajeno a la intervención humana, según Alarcón.
"Creemos que ya existe daño, pues hay numerosos levantamientos de viviendas, en donde las personas construyen, botan basura o realizan quemas en un área protegida. Eso produce un daño en el lugar, por lo que solicitamos que ese deterioro se termine", planteó.
Actualmente, parte de estas acciones están en etapa de investigación y, en paralelo, se realizaron requerimientos al Consejo de Monumentos Nacionales. "La ley de Monumentos Nacionales nos impone el deber de denunciar, por cuanto no hacerlo hace responsable al propietario del lugar por los daños que se originen", dijo.
Acciones rápidas
En vista del complejo escenario que enfrenta la familia que representa, Alarcón aseguró que se instó a las autoridades a ejercer sus atribuciones legales para poner término a la toma, en virtud de la vulneración de sus derechos y por la afectación al bien general emplazado en Hualpén. "La autoridad tiene que tomar una acción simple y concreta, que es proceder a paralizar cualquier obra material que se ejecute en el lugar y desalojar aquellas ya instaladas", sostuvo.
Fuentes de gobierno, sin embargo, explicaron que al ser una propiedad privada es complejo, por ejemplo, tomar una medida más directa de desalojo para las familias ya instaladas. La vía más plausible en este caso sería pedir el desalojo por medio de una estrategia judicial, tal como ya sucede.
Independiente del punto, Alarcón insistió en que más allá de las mesas de trabajo que puedan existir, "la autoridad debe actuar de manera responsable y rápida, porque esta ha sido una toma que ha cuadruplicado la cantidad de personas que están ocupando el lugar de forma ilícita".
Este parecer dista de la mirada del municipio. A juicio del alcalde Rivera, el número de ocupantes ha ido disminuyendo con el paso de las semanas. Reportes de prensa de abril precisaban que en aquella oportunidad eran más de 100 las familias que mantenían tomado el terreno.