Por Karlyng Silva Leal

A través de un programa anual que se aplica todos los meses del año, los carabineros de todas las regiones son capacitados constantemente en materia de Derechos Humanos en sus diversas aplicaciones a través de los procedimientos policiales. Así lo explicó el capitán Cristian Muñoz, jefe de la sección de coordinación en Derechos Humanos y Protección de la Familia de la institución que realizó una visita inspectiva en la Región del Biobío.

En conversación con diario El Sur, el capitán detalló que junto a un equipo multidisciplinario de la sección se movilizaron por la región verificando la implementación del programa a través de las capacitaciones y la calidad del trabajo que se está llevando a cabo con instituciones afines, tales como la Fiscalía Regional, el Instituto de Derechos Humanos (INDH) y la Defensoría Penal Pública.

"Dentro del balance que hemos realizado vemos que hay una muy buena coordinación a nivel regional entre las distintas instituciones y las mesas de trabajo que llevan a cabo. Hemos percibido en el personal policial una concientización en materia de protección de DD.HH. e incluso participamos del programa nacional de capacitaciones realizadas por instructores carabineros certificados internacionalmente entre Carabineros de Chile y la Cruz Roja", explicó.

Trabajo territorial

El capitán explicó que las capacitaciones y preparación están llegando a las zonas más lejanas, por ejemplo, en zonas cordilleranas o unidades más pequeñas. Allí los carabineros van a las unidades más grandes y reciben la capacitación en 45 días y posteriormente retoman sus funciones.

"Hemos podido evidenciar en terreno la labor de ir a capacitar funcionarios, pasando vistas técnicas, revisando las condiciones de las comisarías y en cierta forma levantando las inquietudes de los carabineros de sectores rurales, sobre todo algo que aplica en regiones y que hay un trabajo complejo con la interculturalidad de los pueblos, entonces esto permite dotarlos de mayores herramientas", sostuvo.

Capacitaciones

A nivel nacional son 341 los carabineros capacitados para desempeñarse como instructores de DD.HH. y, en este sentido, Muñoz indicó que uno de los factores a mejorar es potenciar la cantidad de los instructores en la región.

"Al momento tenemos 24 funcionarios en la zona que se desempeñan tanto en labores operativas como también en labores educacionales. Esto es importante porque en la Región del Biobío tenemos dos grandes escuelas, la Escuela de Formación de Carabineros y la Escuela de Suboficiales, entonces son dos niveles de formación inicial y continua que con más instructores nos permitiría reforzar y potenciar los conocimientos en Derechos Humanos", detalló.

Además, comentó que las capacitaciones se concentran en fortalecer el respeto a los derechos humanos en aspectos normativos de derecho internacional y derecho nacional, pero también de la aplicación de las figuras legales a los procedimientos policiales y ordinarios.

"Eso es importante porque permite dilucidar dudas operativas que tengan los funcionarios y también ir actualizando permanentemente los conocimientos de los mismos en cuanto a las nuevas normas y protocolos que carabineros va solicitando permanentemente", destacó Muñoz.

En el frontis del complejo policial se reunieron más de 200 detectives de la Policía de investigaciones para realizar la ceremonia que conmemora los 89 años de vida de la institución. La instancia fue encabezada por el jefe de la Región Policial del Biobío, prefecto inspector Jorge Valdés junto a autoridades e invitados.

Así el jefe regional entregó el saludo oficial del director General de la institución, Sergio Muñoz. Así también el alcalde Álvaro Ortiz participó de la ceremonia de conmemoración.

"Este nuevo aniversario nos encuentra en muy buen pie institucional. Nuestro trabajo profesional y constante aun en tiempos de pandemia nos ha permitido mantener una excelente valoración por parte de la ciudadanía que busca que su policía le entregue seguridad para una vida tranquila", sostuvo el prefecto inspector.

Con esto el jefe regional se refería a que en la última encuesta Cadem, en la que PDI registró un 73% de aprobación ciudadana, es decir, ocupando el segundo lugar luego de la institución de Bomberos, siendo esta una situación que se ha mantenido desde el 2017.

Desde PDI indicaron que esto es parte de una estrategia de trabajo que ha permitido resolver delitos de alta complejidad en la zona.

Bastián Sáez Silva y Roque Carrasco Silva quedaron bajo prisión preventiva por los 4 meses que durará la investigación en la que son imputados por los delitos de porte de arma de fuego y municiones; y por tráfico de drogas y porte de municiones, respectivamente.

También fue formalizada Alejandra Ávila Carrasco, imputada como autora del delito consumado de tráfico de drogas. Pese a que la Fiscalía solicitó su arresto domiciliario total, el tribunal la dejó sujeta a arresto domiciliario parcial nocturno debido a que presenta un embarazo avanzado. La jueza Antonia Flores aplicó las medidas considerando la necesidad de cautela solicitada por la Fiscalía.

Según el Ministerio Público, en el marco de una investigación desarrollada en conjunto con la PDI, detectaron a un grupo de sujetos residentes en la población Brisas del Mar en Talcahuano que exhibían armas de fuego en redes sociales, identificando a varios de ellos.

Con una orden de entrada y registro, la policía allanó la vivienda de Ávila Carrasco encontrando casi 60 gramos de cannabis sativa, 31 comprimidos de éxtasis y 14 gramos de ketamina, además de dinero en efectivo y una báscula.

Al allanar la casa de Sáez Silva vieron cómo lanzó un bulto por la ventana hacia un sitio eriazo, lo que finalmente era un polerón en cuyo bolsillo encontraron una pistola Bereta con un cargador con 14 proyectiles calibre .40.

En un tercer inmueble encontraron casi 4 kilos de pasta base, un cargador de arma de fuego con 30 municiones calibre .40, una caja con 19 cartuchos calibre .40. Y en un cuarto inmueble ubicaron a varios sujetos, entre ellos Carrasco Silva, quienes mantenían en el garaje sustancias para la producción de drogas como ácido muriático, bicarbonato, soda cáustica, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

La diputada Joanna Pérez presentó un proyecto de ley, con el apoyo de 10 parlamentarios más, que busca generar una colaboración con las empresas de telecomunicaciones para inhibir las señales de telefonía y telecomunicaciones en todos los recintos penitenciarios del país, considerando que distintos delitos se realizan desde las cárceles.

"Las cárceles no se pueden tomar las calles. Las estadísticas indican que al año se requisan más de 250 mil teléfonos celulares desde estos recintos y por eso estamos buscando que se cumpla lo que fue iniciado tiempo atrás, pero, es más, avanzando hacia la exigencia a las empresas del sector telecomunicaciones a actuar como colaboradores del Estado", explicó la diputada.

El proyecto se enmarca en la agenda de seguridad que la legisladora ha impulsado respecto a aumentar las sanciones para quienes atenten contra las fuerzas de orden y seguridad. Además, la propuesta tipifica como delito el ingresar elementos prohibidos a las cárceles como los celulares u otros aparatos eléctricos de comunicación.

"Si el autor del ingreso de un elemento prohibido fuera abogado, funcionario de Gendarmería o bien un funcionario público, nuestro proyecto establece sanciones de hasta presidio menor en su grado máximo y la suspensión del cargo u oficio", agregó.