Por Felipe Cuevas Mora

A partir las 12 horas de hoy, se realizará la formalización de dos funcionarios de la Armada -un teniente 2º y un cabo 1º de Infantería de Marina- que fueron detenidos durante la mañana de ayer, como imputados en calidad de autores del homicidio de Yordan Llempi, ocurrido el 3 de noviembre pasado tras un enfrentamiento en la ruta que conecta a Cañete con Tirúa, en el marco del estado de excepción que rigió a las provincias de Arauco y Biobío hasta marzo pasado.

Esto, luego de que se postergara el control de detención y la formalización la tarde de ayer a solicitud de la defensa, debido a que no habían recibido el expediente del Ministerio Público con los antecedentes que respaldaron la acción llevada adelante por efectivos de la Policía de Investigaciones.

La detención que se concretó pasadas las 12.30 horas de ayer en dependencias de la Segunda Zona Naval en Talcahuano, fue solicitada la tarde del lunes por el fiscal especial a cargo de las causas de Derechos Humanos Nelson Vigueras y responde, según informó la Fiscalía Regional, a los resultados de las diligencias efectuadas por la Brigada de Homicidios y los peritajes del Laboratorio de Criminalística de la PDI durante los últimos meses.

Revisión de antecedentes

El juez de Garantía de Cañete, Cristian Rosenberg indicó tras la postergada formalización que "las defensas estimaron que no contaban con todos los antecedentes que tuvo a la vista el tribunal a propósito de la orden de detención que decretó en contra de estas dos personas. Motivo por el cual solicitaron que se les otorgara el tiempo suficiente de acceder a los antecedentes que entregó el Ministerio Público para fundamentar la solicitud de orden de detención que fuera aceptada por el tribunal".

Además, el magistrado puntualizó que "el tribunal, estimando que las defensas tienen derecho a contar con todos los antecedentes necesarios a fin de fundamentar sus peticiones, en específico, también incidentar la legalidad de la detención, más allá de que esta haya sido ordenada por un tribunal, se hizo lugar a posponer la audiencia de control de la detención a fin de que las defensas correspondientes puedan acceder a los antecedentes que entregó el Ministerio Público al tribunal para las respectivas órdenes de detención".

Respecto a la medida, la jefa regional del INDH Carolina Chang dijo que "en relación a los antecedentes que tenemos por el homicidio de Yordan Llempi, estimamos que la investigación del Ministerio Público tiene antecedentes contundentes en atención a acreditar la existencia del delito, participación de imputados y la necesidad de cautela en un delito tan grave como es el homicidio de una persona".

En la audiencia de la tarde de ayer, también participó la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz debido a la querella criminal presentada por el deceso de Llempi y el fallido homicidio del menor de 15 años iniciales J.A.P.P, quien lo acompañaba.

Los hechos

Los enfrentamientos que terminaron con la muerte de Llempi y otra persona ocurrieron durante la tarde del miércoles 3 de noviembre, en la Ruta P-72 que conecta las comunas de Cañete y Tirúa en el marco de un enfrentamiento entre fuerzas militares, policiales y desconocidos.

Esto -según informó la autoridad militar de la época, el contraalmirante Jorge Parga- luego de que en primer término fuese derribado un paradero a la altura del kilómetro 8 por un grupo de 15 encapuchados, y un par de horas más tarde, se diera un enfrentamiento al interior de un predio en el kilómetro 10, donde dos personas resultaran detenidas y otras cuatro heridas, entre ellas Llempi.

El fallecido fue impactado por una de las balas estando al interior de su casa en el sector San Miguel y sin participación alguna en los enfrentamientos que ocurrieron a los pocos metros de la vivienda, según estableció la investigación del Ministerio Público.

El gobernador Rodrigo Díaz dio cuenta del trabajo realizado durante los últimos meses, cumpliendo con lo establecido en la normativa que crea la nueva institucionalidad en materia de gobiernos regionales. En la presentación que se realizó en el marco de una sesión extraordinaria del Consejo Regional, detalló que al 30 de abril la ejecución presupuestaria es de un 13,3% respecto a los casi $94 mil millones con que cuenta de presupuesto el Gobierno Regional. De estos, el mayor gasto se ha destinado a las transferencias de capital ($5.590 millones) y a las iniciativas de inversión ($4.527 millones).

Además, recordó que al asumir en julio pasado la ejecución presupuestaria era de un 26,9% y que en solo cinco meses se ejecutaron el triple del gasto respecto al primer semestre.

Díaz detalló que los gastos se han distribuido en la firma de convenios de programación y asignaciones directas para distintos programas, con especial foco a reactivar proyectos en las provincias de Arauco y Biobío.

Junto con ello, reafirmó que la intención es que sean 16 comunas las que integren una nueva zona de rezago de las provincias de Biobío y Concepción, junto con que la provincia de Arauco mantenga el estatus: "Se está trabajando desde el Gobierno para revisar bien las condiciones de egreso. El plan consideraba 193 iniciativas, y solo se han concluido 52 y otras 98 no se han iniciado a ejecutar, lo que nos hace requerir que se solicite prorrogar su continuidad ya que recién se está reactivando después de que estaba detenido".

Al cierre, valoró la vinculación con distintos estamentos a nivel nacional e internacional, junto con anunciar la reactivación de proyectos como el nuevo estadio para Los Ángeles, consolidar a la Región como sede para los Panamericanos y la realización del REC para el segundo semestre de este año.

Fue la noche del domingo que el gobernador de Biobío, Rodrigo Díaz señaló en un medio de comunicación nacional que uno de los elementos que ha impactado en la escalada de violencia en las provincias de Arauco y Biobío -hoy en estado de emergencia- tiene relación con la falta de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos (SII) a los camiones que transitan, e incluso dijo que tras salir del gobierno en su calidad de intendente, se dejaron de realizar las fiscalizaciones a quienes trasladan madera.

"El SII no fiscaliza con la unidad especial que tenía para trabajar en la Región del Biobío y creo que esa no es una decisión del grupo de Impuestos Internos del Biobío, yo creo que fue una decisión política en su tiempo", dijo.

Ante esto, el SII emitió un comunicado desmintiendo a la máxima autoridad regional, y dijo que durante los últimos años se ha mantenido la fiscalización permanente a las rutas.

"El Servicio de Impuestos Internos descartó que haya dejado de efectuar labores de fiscalización de actividades ilícitas vinculadas al sector de la producción y comercialización de madera en la Macrozona Sur, y recordó que el uso de facturas falsas en el rubro ha sido y sigue siendo un foco relevante del trabajo desarrollado en las zonas forestales", indica la misiva, para luego enfatizar que "en los últimos años, el SII ha estado trabajando decididamente en el desarrollo de diversas estrategias para hacer frente al fenómeno, especialmente en la zona de la Región, del Biobío tanto desde el punto de vista de la fiscalización como de la persecución penal de los delitos tributarios, que son cometidos por verdaderas mafias organizadas".

En el documento además, junto con detallar las estrategias para fiscalizar las rutas, se detalló que incluso se han presentado querellas para establecer las responsabilidades en el robo de madera fiscalizada.

"En materia de persecución penal, el servicio ha presentado a la fecha 16 querellas por delitos tributarios vinculados al rubro de la producción y comercialización de madera, por un perjuicio fiscal histórico superior a los $5.600 millones", indicó, junto detallar que la última querella fue presentada el 30 de marzo recién pasado en el Juzgado de Garantía de Cañete, "cuyo estado actual corresponde a una investigación desformalizada a cargo de la Fiscalía Regional del Biobío. La presentación de querellas por delitos tributarios por parte del SII ha sido clave para orientar la investigación en la identificación de las redes criminales, su funcionamiento y sus partícipes, así como para hacer la trazabilidad de la madera, desde el origen hasta la cadena de comercialización".

Luego que se conocieran los hechos, la ministra del Interior Izkia Siches indicó que "estamos al tanto de los antecedentes. El director de la PDI me ha mantenido informada de los distintos procedimientos. Esperamos que las investigaciones en curso permitan establecer los responsables como se ha señalado desde el Ministerio Público".

Además, dijo que "entendemos que el rol que las FF.AA desempeñan, particularmente en el sur, en el contexto del estado de excepción constitucional, es importantísimo, y por ello esperamos que esto en nada empañe el trabajo que se está desempeñando en la zona".