Por Nicolás Álvarez Arrau

Si en los momentos críticos de la pandemia los registros decían que más del 80% de los trabajadores públicos de la Región del Biobío realizaban labores remotas y solo el 20% restante tareas presenciales, hoy esos porcentajes se dieron vuelta de alguna manera. Datos de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) reflejan que el 70% de las más de 11 mil personas que desempeñan actividades en el engranaje público de la zona ya regresó a los puestos que ocupaban de manera habitual previo a la emergencia. El resto continúa laborando desde sus hogares.

Iván Arriagada, director y tesorero de la Anef Biobío, comenta que por una cosa obvia el retorno lo han liderado aquellos trabajadores que se desempeñan en terreno o que deben atender público, a diferencia de quienes efectúan otro tipo de tareas administrativas que les permiten mantenerse bajo una modalidad online o semipresencial.

"A nosotros nos parece que el sistema presencial es el que requiere la gente, sobre todo porque el sector público atiende a la gente con mayor precariedad. La atención directa es beneficiosa y, además, hay personas con bajo nivel de escolaridad o adultos mayores a los que les cuesta vincularse a través de las redes digitales", sostiene el dirigente.

Añade que el regreso presencial se hace necesario también para evitar excusas y posibles despidos de funcionarios, así como las complicaciones naturales que significa el tener que trabajar desde la casa atendiendo otros quehaceres domésticos.

"Esperamos que bajen un poco más los niveles de contagio para regularizar todo", plantea Arrigada, quien, además, cuenta que cada servicio público tiene su propio protocolo, aunque eso no ha impedido enfrentar ciertos problemas.

"En las oficinas hay protocolos, pero con esto de la liberación la gente no tiene la precaución, por ejemplo, de ingresar con su mascarilla a algunos lugares, por lo que a veces hay algunas discusiones. Y esto se replica en las salidas a terreno" remarca.

Otro punto de preocupación de la Anef Biobío tiene que ver con la movilidad de los empleados fiscales a raíz de los posibilidad de contagiarse dentro del transporte público.

Experiencias locales

La Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) Biobío es uno de los tantos servicios públicos que se ha debido adaptar a las nuevas circunstancias. El director general (s) del organismo, Julio Díaz de Arcaya, comenta que actualmente la mayoría de las unidades locales se encuentra operativa mediante un sistema de turnos. "La principal complejidad que se ha observado es por un importante número de funcionarios que se encuentran en grupo 1 (de riesgo) frente a el covid-19, lo que ha complejizado la apertura de algunos consultorios", revela.

Según la entidad, 31 oficinas están operativas y 14 cerradas, aunque con trabajo remoto para asegurar la atención de los usuarios.

De acuerdo a Díaz de Arcaya, más allá de los protocolos nacionales, la institución ha efectuado diversas estrategias e inversiones destinadas a potenciar los equipamientos sanitarios y a generar planes que sirvan para habilitar algunas oficinas. En esta línea, agrega que la prioridad número uno será retornar la atención presencial en el corto plazo, "entendiendo la alta vulnerabilidad entre nuestros usuarios y la necesidad de disminuir la brecha en el acceso del servicio, principalmente en aquellas comunas con amplia ruralidad y extensión territorial, como en las provincias de Arauco y Biobío".

La directora regional del Registro Civil e Identificación, Leticia Herane, asegura que en el caso de su servicio todas las oficinas de la Región están operativas, incorporándose en 98% a todos los funcionarios.

En paralelo, detalla que el órgano cuenta con 17 módulos de autoatención, los que serán renovados por tótems más modernos, con diseño ergonómico y pantalla táctil y se sumarán otros nueve. "Allí los usuarios pueden acceder a 20 certificados y al código de Clave Única", puntualiza.

Al ser considerada una institución estratégica en la pandemia, el Registro Civil mantuvo siempre habilitados sus canales presenciales y online. "Hemos generado alianzas con los municipios y establecimientos de salud con capacitaciones en forma remota para sus funcionarios con el fin de facilitar el acceso a nuestros trámites. Además, destaco el compromiso de los funcionarios y las funcionarias que ha sido fundamental en la continuidad de este servicio, adecuándose a toda circunstancia que hemos tenido que enfrentar como país para seguir con la atención en medio de esta pandemia", subraya Herane.

Junto al centro de Ciencias Ambientales, Eula, de la Universidad de Concepción, integrantes de la comisión de Medio Ambiente del Consejo Regional desarrollaron el seminario denominado "Pensando a la ciudad desde la academia". El objetivo de la instancia fue analizar las observaciones al Plano Regulador Metropolitano de Concepción (PRMC) y plantear puntos asociados al proceso desde la mirada de las autoridades regionales, comunidad, académicos e investigadores.

"Estamos analizando el desarrollo urbano y la planificación del territorio y cuáles pueden ser las opciones por las que este Concepción metropolitano pueda avanzar a mejores niveles de sostenibilidad, lo que nos pone en una posición privilegiada, en elsentido de que en el Eula hace años se elaboraron cuadros estratégicos", señaló Ricardo Barra, director del organismo.

En la actividad se expusieron temas como los actores de la planificación urbana, el valor natural en el área metropolitana de Concepción, los ecosistemas de agua en el área metropolitana y la gestión del riesgo. El encuentro concluyó con un debate.

"Lo que más preocupa es el ordenamiento territorial y cómo están planificadas las ciudades, mirando el medioambiente y patrimonio natural con zonas de conservación, materias donde el instrumento actual tiene debilidades y es lo que se debería trabajar por mejorar", planteó Ana Araneda, presidenta de la comisión que impulsó la actividad.

A las 17:00 horas de este domingo, los trabajadores contratistas que mantenían tomada la central Bocamina II de Enel Generación, en Coronel, firmaron un acuerdo con las seremis de Energía y Trabajo y Previsión Social para poner fin a la toma de 12 días. La manifestación llevó, incluso, a que uno de los ocupantes iniciara una huelga de hambre.

"Se determinó la posibilidad de que estos trabajadores tengan un futuro mejor, y con eso me refiero a que se ha logrado que estas personas, que han laborado en Bocamina II por más de 20 o 30 años, tengan exámenes médicos, porque es fundamental saber en qué condiciones están al haber estado expuestos a contaminantes", precisó Sandra Quintana, titular regional de Trabajo.

En segundo lugar, la autoridad indicó que como Gobierno se comprometieron a que los trabajadores cuenten con capacitaciones que permitan una mejor reinserción laboral en el futuro, en vista de que la planta coronelina deberá dejar de funcionar prontamente en el marco del plan de descarbonización.

"Hay que destacar que a través de las empresas contratistas se ha logrado una indemnización de unos $2 millones para cada uno de ellos", apuntó Quintana.

Su par de Energía, Daniela Espinoza, agregó que en este acuerdo Enel cumplió un rol de garante y que el Ministerio velará que los compromisos se cumplan mediante la mesa de trabajo conformada en la jornada.

En tanto, Álex Aguilera, uno de los voceros del movimiento, dijo que el pacto se cumplió de acuerdo a las expectativas que tenían él y sus compañeros en toma.

"Las seremis fueron fundamentales para llegar a un acuerdo junto con Enel. Hoy (ayer) deponemos la toma", enfatizó el contratista.