Robos de cables de telecomunicaciones
En el último trimestre de 2021 las empresas de telecomunicaciones iniciaron más de 470 acciones judiciales por corte y robo de cables de cobre, cortes de fibra óptica, y robo de baterías, según datos de la Asociación Chilena de Telecomunicaciones.
El alto precio del metal ha llevado al surgimiento de bandas organizadas que roban los cables o compran cables robados, y falsifican los documentos para su exportación. "Estos robos y el vandalismo interrumpen los servicios de telecomunicaciones y de electricidad, dejan incomunicadas a miles de hogares y empresas, y obligan a suspender la atención en servicios públicos, de salud, bancos, entre otros. Generan un enorme impacto directo en la calidad de vida de las personas, y el funcionamiento de la economía y la sociedad", ha señalado Alfie Ulloa, presidente de esa entidad gremial.
Desde 2019, las empresas del sector han iniciado más de 5.770 acciones legales entre denuncias y querellas, el 23% de ellas correspondientes a la Región Metropolitana.
El robo de cables de cobre de infraestructura de telecomunicaciones y de distribución de electricidad es un delito que afecta a muchas ciudades y zonas rurales del país, pero especialmente a los clientes, que ven interrumpidas sus comunicaciones y conectividad, en este período de pandemia.
Existe preocupación en las autoridades debido a la magnitud que alcanzan estas acciones. En la Región del Biobío, estos delitos se presentan con mayor fuerza desde septiembre hasta diciembre en las comunas rurales. En estas acciones participan bandas organizadas, que disponen de vehículos, escalas y herramientas para retirar las redes con el fin de vender el cobre que contienen, en chatarrerías formales o informales. Sin embargo, este delito incide negativamente no sólo en las respectivas empresas, sino en toda la comunidad, ya que deja a muchas familias sin servicio eléctrico o de telecomunicaciones. Por este tipo de ilícitos en la zona se formó el año pasado una mesa de prevención y control del robo de conductores eléctricos, considerando que en 2021 hubo un repunte de estos hechos, siendo Frontel una de las empresas más afectadas. Se recuerda que entonces la distribuidora eléctrica interpuso una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Santa Bárbara, por el robo de alambre del tendido eléctrico en Quilaco, el 29 de abril en el sector Cerro El Padre, donde los desconocidos sustrajeron cerca 4 mil metros de redes de cobre, dejando sin suministro a unos 600 clientes de esas comunas, hasta que se repuso el servicio. La misma empresa ingresó posteriormente una querella contra los responsables del robo de 600 metros de cableado eléctrico de cobre en Yumbel, que afectó a 3.600 familias de los sectores rurales de Río Claro y Rere; en Yumbel, y en Talcamávida, Quilacoya y Unihue. Movistar Chile dio a conocer que el año pasado aumentó el robo de cables de internet y de telefonía, especialmente en Calama, Concepción y Rancagua.
El robo de cables de cobre del sistema de distribución eléctrico y de telecomunicaciones es un delito que se ha incrementado en todo el país, y se menciona que la Región del Biobío es la segunda más afectada, luego de la Metropolitana. Las compañías indican que en cada ocasión en que se presentan estos ilícitos deben desplegar personal técnico para reparar de forma acelerada los daños producidos en las redes de telecomunicaciones y restablecer el servicio a los abonados. Pero no es fácil hacerlo, porque las reparaciones dependen de la magnitud del robo, de su ubicación, y tipo de cable afectado. En ocasiones, se han visto dañadas las redes de fibra óptica, lo que requiere complejos procesos de reparación, que pueden extenderse por varios días, perjudicando la conectividad de la red de alta velocidad y al mismo tiempo a hogares, servicios de emergencia, centros de salud, sistema de pago, entre otras. Y lo peor de todo es que se ha perjudica gravemente la conectividad de quienes trabajan o estudian a distancia.
El robo de cables de cobre de telecomunicaciones y de distribución de electricidad es un delito que afecta a muchas ciudades y zonas rurales del país, pero especialmente a los clientes.