Por Karlyng Silva Leal

A dos días de finalizado el estado de excepción en cuatro provincias de la denominada Macrozona Sur, Carabineros asegura que ha desplegado un servicio permanente, dinámico e ininterrumpido en la Provincia de Arauco.

Aunque se estableció que las FF.AA. facilitarán, por ejemplo, equipos blindados para el trabajo en la zona, Carabineros sostuvo que la institución posee su propio equipamiento y personal capacitado, mientras que la decisión de utilizarlos compete a la Zona de Control de Orden Público.

El coronel Juan Pablo Ureta, jefe de operaciones de la Octava Zona, indicó que el despliegue post estado de excepción se ha concentrado en las rutas de mayor complejidad en la zona. Además, apuntó a que se avanzará en controles con otras instituciones cuyo detalle aún será informado por cuestiones estratégicas para operar en la región y con atención en la provincia de Arauco.

Por otra parte, apuntó a que el trabajo efectivo logrado durante el estado de excepción se expresa en los resultados como las 49 detenciones registradas y los 102 mil 350 controles en distintos puntos de las provincias de Arauco y Biobío.

REDISTRIBUCIÓN POLICIAL

Respecto a la necesidad de redistribuir recursos humanos hacia los sectores más afectados por la violencia, desde la Delegación detallaron que "llegará más personal a la zona para poder abarcar de mejor forma el territorio y además habrá una redistribución de las policías en lugares estratégicos que hayan sido levantados en base a la inteligencia que se ha desarrollado".

Sin embargo, el coronel Ureta explicó que administración de los recursos humanos y logísticos es una facultad del jefe de la zona y que "si es necesario reforzar periódicamente o por un lapso menor, nosotros destinaremos recursos, pero no vamos a descuidar la seguridad de las otras comunas o provincias que también es parte de nuestra responsabilidad".

Así también sostuvo que esta medida aún no es necesaria, ya que los recursos han sido suficientes de acuerdo a la demanda de servicios asignados según las denuncias recibidas y el análisis que se efectúa día a día.

Durante el fin de semana, el alcalde de Los Ángeles, Esteban Krause, manifestó su preocupación por una posible migración de carabineros hacia otras zonas, esto considerando la cantidad de delitos violentos en espacios públicos que se han registrado en la comuna durante las últimas semanas.

Al respecto, desde la delegación aseguraron que las coordinaciones con el municipio continúan en marcha en la elaboración de una estrategia que incluya también a las policías para abordar los hechos delictuales en la zona.

RECURSOS DISPONIBLES

Diario El Sur consultó con la Delegación Presidencial Regional sobre los recursos dispuestos en la región, a lo que respondieron por escrito que "son insumos propios de las FF.AA. como autos blindados, por ejemplo, que serán traspasados a las policías para que puedan estar resguardados y puedan hacer las operaciones que requieran en el territorio. Lo anterior significa que no habrá una desprotección del territorio".

No obstante, respecto al uso de estos vehículos, el jefe de operaciones apuntó a que aquello es materia que la zona de Control de Orden Público debe analizar. "Lo que puedo decir es que los servicios que actualmente hace COP Los Álamos cuentan con material blindado. Si van a ser repuestos o aumentados ya es materia de las autoridades en coordinación con la demanda de servicio que se está realizando", explicó.

Respecto a la capacidad del personal para manejar los hechos de violencia que ocurren en la zona, el coronel aseguró que se continuará operando con el mismo equipamiento de siempre, pues han invertido en dotar a los efectivos con elementos de protección personal para garantizar primero su seguridad.

"La institución ha mejorado sus procesos, hay recursos humanos especializados que se ha preparado en coordinación con la Armada y el Ejército, nosotros tenemos un apoyo a las operaciones que está funcionando y que le da un apoyo real a las operaciones terrestres que realizamos y hoy también aéreas", agregó en la misma línea.

46 personas fueron detenidas por Carabineros en las provincias de Arauco y Biobío durante el estado de excepción

Cerca de las 7 de la mañana un bus utilizado para el transporte de trabajadores de una forestal de la comuna de Tirúa fue incendiado en el km 17 de la Ruta P-72, que conecta Tirúa y Cañete.

El conductor de la máquina detalló que sujetos encapuchados y armados lo amenazaron e intimidaron, obligándolo a descender del móvil y lo incendiaron en la ruta.

En el lugar se encontraron pancartas reivindicatorias, mientras que por instrucción de la fiscalía se determinó que Labocar, OS9 y la SIP de Cañete realizará las diligencias correspondientes.

El Departamento de Migraciones y Policía Internacional (Polint) Concepción, de la PDI retomó a principios de este año el trabajo migratorio en puestos de la región. Estos operativos habían dejado de realizarse de forma presencial por la pandemia durante 2020 y 2021.

El jefe de Polint Concepción, subprefecto Rubén Villablanca, explicó que el departamento "dentro de sus facultades es el encargado de controlar los ingresos y salidas de personas del territorio nacional, velando por su correcta identificación".

Agregó que este es un trabajo mancomunado en el que diversos actores públicos participan, tales como el Servicio Nacional de Aduanas, Servicio Agrícola y Ganadero, Capitanía de Puerto y, debido a la contingencia sanitaria, también se suma la Seremi de Salud.

En cuanto al trabajo que realizan los efectivos policiales está la coordinación con los agentes navieros, los que informan de forma anticipada la llegada de buques. Así se indica el tipo de carga que transportan y desde qué puertos internacionales provienen. Con estos datos, los detectives acuden a los puertos junto a las demás instituciones, abordan las embarcaciones, revisan la documentación para determinar que todo se encuentre en regla y que no tengan impedimentos de entrada o salida.

Semanalmente son mínimo 10 los buques que recalan en el puerto Lirquén y que pasan por estos controles.

Tras 165 días de Estado de Excepción Constitucional en las provincias de Arauco, Biobío, Cautín y Malleco, terminó por decisión del Gobierno del Presidente Boric. Si bien, era una decisión conocida, preocupa que aún no se implemente una estrategia para enfrentar el terrorismo, el narcotráfico, y el crimen organizado en la Región del Biobío tras la salida de las Fuerzas Armadas. La Macrozona Sur ya no cuenta con el apoyo de los más de 2.000 efectivos de FFAA. ni con drones, camiones, mowag's, humvee's, helicópteros, aviones, embarcaciones, ni tampoco con estrategias conjuntas de disuasión, visualización e intervención.

La violencia ha continuado, y ahora con una expresa presión política. El domingo 20 de marzo conocimos del triple atentado incendiario en Contulmo, adjudicado por la Weichán Auka Mapu (WAM). Recordar que la WAM se ha adjudicado los recientes atentados en Vilcún, Nueva Imperial y en Arauco, en todos exigiendo la libertad de los primos Tralcal, y en el último amenazando al director regional de Gendarmería del Biobío. Los primos aludidos fueron condenados por el crimen del matrimonio Luchsinger Mackay, y desde el domingo comenzaron a gozar de salida trimestral y dominical.

Por su parte, la Delegación Presidencial Regional del Biobío ha sido indiferente en perseguir a los responsables de delitos violentos, afectando lo avanzado en causas judiciales. En la región fuimos activos en la persecución penal, interpusimos 25 querellas durante el 2022 (hasta el 10 de marzo), y 259 querellas desde el 2018. Asimismo, implementamos un plan de seguimiento al cumplimiento de arrestos domiciliarios que permitió identificar a imputados que se encontraren incumplimiento. Lamentablemente, no es prioridad para la Delegación, pues tras los recientes atentados incendiarios, no se han querellado, ni se han opuesto a requerimientos de imputados, ni han ejercido acciones frente al incumplimiento de cautelares.

En cuanto a resultados del Estado de Excepción, debemos recordar que el trabajo conjunto de policías y militares, y la colaboración en transporte, logística, vigilancia y tecnología, permitió la disminución de un 45% de hechos de violencia, 8% menos de atentados incendiarios, 73% menos de usurpaciones, 185 detenidos y más de 70 mil controles mixtos.

Como ciudadana veo con preocupación la ausencia de una hoja de ruta para enfrentar el terrorismo, el narcotráfico y crimen organizado en el Biobío, pues no solo nuestras policías no contarán con el apoyo integral de las FFAA., sino además la nueva estrategia judicial no apunta a perseguir penalmente a los responsables de delitos violentos, dejando de velar por la seguridad de las familias, por la necesidad de justicia y reparación de las víctimas que han sufrido en la Macrozona Sur.

Bárbara Cortés Cabrera

Ex Coordinadora Macrozona Sur, Región del Biobío