Por Felipe Cuevas Mora

Al momento de asumir funciones, la delegada presidencial Daniela Dresdner había señalado su intención de abandonar las oficinas dispuestas para su trabajo y el de sus colaboradores en el edificio del Gobierno Regional de Avenida Prat en Concepción: "No queremos separar a la delegación de nuestros funcionarios. Este es el edificio del Gobierno Regional, y corresponde que lo ocupen sus equipos. Será lo más pronto posible, y lo que nos detiene es el tema de la seguridad y uso de espacios".

Pese a que la intención de Dresdner y su equipo era entregar las oficinas a mediados de abril, el desalojo de las dependencias se adelantó a esta semana.

¿La razón? Un oficio del pasado martes, enviado por la División de Gobierno Interior del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, que solicita a todas las delegaciones presidenciales entregar las dependencias este jueves, como parte de un compromiso de campaña del Presidente Gabriel Boric.

Oficio que fue firmado por el jefe de División de Gobierno Interior, Enrique Inostroza (PS), quien fuera seremi de Gobierno del Biobío en la administración de Rodrigo Díaz, y hoy pieza clave al ser el jefe directo de todos los delegados presidenciales del país, trabajando de la mano con el subsecretario Manuel Monsalve.

En total, serán 14 los funcionarios de la delegación presidencial regional (DPR) quiénes dejarán las dependencias de Avenida Prat -cedidas en comodato desde el Gobierno Regional a la DPR a fines de 2020- esta semana para instalarse en el edificio de la exgobernación en avenida Aníbal Pinto frente a la Plaza de la Independencia, que desde mediados del año pasado depende administrativamente de la Delegación Presidencial.

PROCESO EN MARCHA

El documento firmado por Inostroza detalla que "en primera instancia, nuestras autoridades (DPR) junto con su jefe de gabinete deben trasladarse de las oficinas que se encuentren en dicha situación a la oficina del gobernador regional, lo cual debe materializarse el 31 de marzo del presente mes".

Párrafo seguido, dice que "daremos inicio a un procedimiento de reasignación y regularización de los respectivos inmuebles en el que les solicito colaboración y coordinación con nuestro servicio y los respectivos gobiernos regionales".

Consultada la Delegación Presidencial del Biobío, detallaron por escrito que "actualmente las dependencias de Avenida Prat están siendo utilizadas por el equipo de la DPR, el cual se trasladará en su totalidad el jueves 31. En total son 14 personas las que componen el equipo: una secretaria, dos periodistas, cuatro personas de seguridad, seis asesores y la delegada presidencial".

ESPACIOS NECESARIOS

El gobernador Rodrigo Díaz valoró la decisión adoptada a nivel nacional e indicó que "fue una torpeza lo que se hizo en la administración anterior respecto a dar pie atrás con la decisión de devolverle sus oficinas al Gobierno Regional. En el caso del Biobío, la reparación de la exestación de ferrocarriles fue financiada con dineros del Gore, y hoy los trabajadores tienen que sufrir hacinamiento, programando la concurrencia para cumplir las medidas sanitarias".

Además, planteó que "esperamos que se materialice esta semana. Para ser justos, le hemos hecho varias peticiones a La Moneda y esperamos que este jueves 31 que es el día de las regiones, haya más anuncios".

Una de las principales dudas radica en qué ocurrirá con los funcionarios de la Seremi de Gobierno, quienes aún no cuentan con dependencias disponibles para trasladarse desde el primer piso del edificio de Avenida Prat. Desde la DPR, dijeron que "estamos trabajando para que también haga un traslado a corto plazo. Tenemos el compromiso de dejar el edificio del Gobierno Regional y lo estamos cumpliendo".

El gobernador Díaz en tanto, indicó que "necesitamos que nos devuelvan todo el edificio para la comodidad de nuestros funcionarios, e incluso el exseremi Daniel Garcés estuvo disponible para entregar las solicitudes para abandonar las dependencias, pero la Segegob no quiso. Esperamos que se nos devuelvan las dependencias que le pertenecen al Gobierno Regional".

Los parlamentarios de la zona de oposición han criticado en duros términos el retraso en los nombramientos de las autoridades a nivel regional por parte de la delegada Daniela Dresdner. Los diputados UDI Sergio Bobadilla, Flor Weisse y Marlen Pérez dijeron que es "una clara señal de que para esta administración, a pesar de lo que dijeron en campaña, las regiones tienen poca y nula relevancia. Las regiones tienen una serie de problemas y temas que se deben resolver, sin importar el gobierno de turno, y la ausencia de seremis lo único que hace es retrasar la ejecución de políticas públicas".

Este lunes, el diputado independiente Leonidas Romero ingresó ante la Fiscalía Regional una serie de antecedentes para investigar posibles irregularidades en la administración de los recursos del Departamento de Educación Municipal de Lota, en el periodo del exalcalde Mauricio Velásquez, las cuales ya fueron reveladas por una investigación de Contraloría.

"Presentamos una denuncia por los hechos indicados en el informe de Contraloría, solicitando diligencias y forma de notificación. Una serie de funcionarios municipales me pidieron una reunión para denunciar una serie de irregularidades como el descuento de las imposiciones, el descuento de los préstamos que solicitan y prácticamente hay un fraude al Fisco por casi $2 mil millones, lo que fue ratificado por la Contraloría, luego de hacer la solicitud", comentó Romero.

Además, el diputado dijo que "ojalá el actual alcalde se haga parte de esta denuncia, porque hay un perjuicio para la administración de los recursos municipales. Hago esto porque soy diputado de la República, y cuando me llaman de Arica a Punta Arenas para tomar las denuncias que otros diputados no quieren, estoy encantado de hacerlo".

Romero detalló que "el alcalde de la época no fiscalizó que el exdirector del Departamento de Educación, un exseremi de educación, hiciera su pega, y funcionarios no resguardaron los recursos. Acá hay un delito, y le pido a la Fiscalía que haga la pega, espero que la fiscal Cartagena no la archive como ocurrió hace un tiempo con una denuncia que ingresé sobre financiamiento de campañas políticas".

En prisión preventiva quedó el presunto autor del homicidio de un adulto mayor en el sector costero de Talcahuano. Tras realizarse su control de detención y formalización, el tribunal decretó un plazo de 6 meses para la investigación sobre este ataque que, hasta el momento, según los cargos imputados por la fiscalía, no tienen clara una motivación.

El Juzgado de Garantía de Talcahuano aplicó la cautelar a S.B.A.C. por el homicidio de Juan Silva Pérez de 71 años hace dos semanas, quien se encontraba desaparecido desde el 15 de marzo hasta que fue encontrado sin vida cinco días después.

Según la Fiscalía, la víctima salió de su domicilio en Concepción hacia la población Las Canchas en Talcahuano, donde se dedicaba a la recolección de productos del mar, específicamente en la playa La Conchilla.

Allí la víctima se habría encontrado con dos personas, entre ellas el imputado. En esas circunstancias, mientras estaban en un sendero, el acusado agredió a Silva Pérez con cuchillos artesanales que portaba, provocándole lesiones principalmente en la cabeza y parte cervical.

Su muerte se produjo en el lugar a causa de las heridas cortantes cervicales profundas. Tras la agresión, el imputado trasladó el cuerpo de la víctima hasta un sector aledaño en donde lo ocultó con ramas, hojas y malezas.

Según el fiscal Mauricio Richards, el imputado y la víctima se conocían desde hace bastante tiempo, ya que solo tres personas ejercían el oficio en el lugar. Así también indicó que la tercera persona es quien ha colaborado como testigo, pues ya prestó declaración, aportando antecedentes relevantes a la investigación.