Por Redacción

Cobrar más a quienes consuman agua en exceso, además del racionamiento, es una de las ideas que asoma en la discusión sobre la escasez hídrica.

Así al menos lo planteó el ministro de Obras Públicas (MOP), Juan Carlos García, durante una visita a las obras de modernización de la planta Padre Hurtado de Aguas Andinas, que abastece a 250 mil hogares de la zona oriente de Santiago.

"Queremos reconocer el trabajo de las municipalidades para reducir el consumo de agua en parques y reconocemos que existe una conciencia en la ciudadanía, pero vamos a tener que seguir en este proceso", dijo García en la actividad, realizada en el marco del Día Mundial del Agua.

En tal sentido, la autoridad no descartó "gravar el consumo de agua de las familias si eso fuera necesario".

El secretario de Estado argumentó que algo similar ya se realiza en el mercado de la electricidad. "No es una medida radical, es una medida progresiva que existe por ejemplo con el consumo eléctrico en los periodos de invierno. Son medidas que estamos empezando a estudiar y tendrán que ser consensuada con todos los actores", recalcó.

De acuerdo a lo señalado por el titular del MOP, el análisis de este eventual "gravamen" al alto consumo hídrico está a cargo de la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

García destacó la necesidad de "hacer visible la situación en la que estamos, con un cambio climático importante. Tenemos que hacer conciencia de la importancia del recurso hídrico para el consumo humano y agricultura".

RACIONAMIENTO

En relación a eventuales restricciones al consumo de agua potable en la Región Metropolitana, el titular de Obras Públicas aseguró que gracias a las obras hidráulicas que se están realizando, como la planta Padre Hurtado, es posible asegurar el abastecimiento "sin racionamiento" durante este 2022.

Sin embargo, aclaró que "nunca estaremos tranquilos dada la escasez hídrica que tenemos. Tenemos que observar las lluvias que tendremos en invierno y a partir de ahí, ir informando a la ciudadanía sobre los riesgos".

Además, Juan Carlos García remarcó que si bien en las ciudades aún es posible mantener la continuidad en el suministro, existen muchas zonas rurales que están viviendo dificultades "extremas".

Lo anterior en alusión a aquellas localidades que deben abastecerse mediante camiones aljibe u otras alternativas. En esa línea, aseguró que se buscará avanzar a través de las herramientas que entrega el nuevo Código de Aguas y de un plan especial de agua potable rural del MOP.

En abril, la Convención Constitucional cumplirá nueve meses de trabajo y ayer la presidenta de la mesa, María Elisa Quinteros, realizó una cuenta pública ante el pleno del trabajo realizado.

Además, el órgano activó de forma oficial la prórroga legal de tres meses de plazo para continuar su trabajo, lo que implica que se completará un año de funcionamiento y que el 5 de julio debe presentarse a más tardar la propuesta de nueva Constitución.

En su discurso, Quinteros agradeció el trabajo de la mesa directiva anterior, recordó el proceso de participación ciudadana, la implementación de comisiones y el total de iniciativas de norma presentadas entre las populares y de constituyentes.

Admitió además que hubo problemas. "No fue fácil comunicar de forma oportuna todo lo que estábamos haciendo. Probablemente no explicamos lo suficiente que el proceso de instalación era fundamental para lo que venía después. He aquí una de nuestra autocríticas", reconoció.

Luego se refirió a los plazos: "Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para llegar al 5 de julio con una propuesta de texto constitucional en forma y fondo, cumpliendo el mandato que el país nos dio.Lo vamos a lograr. Y sí, lo vamos a aprobar. Esa es mi más profunda convicción".

"Hemos tenido diferencias, reflejo de la diversidad de nuestro país, y del proceso lógico de aprendizaje de este órgano redactor, pero hemos zanjado esas diferencias de la forma en que se resuelve en democracia, con acuerdos transversales que han permitido alcanzar amplias mayorías", agregó.

Quinteros enfatizó que "no es cierto que esta Constitución que se está escribiendo refleja sólo el pensar y sentir de un sector de la población. Nada más lejos de la realidad". En la instancia, el pleno además ratificó a la mesa directiva, por lo que Quinteros y Gaspar Domínguez continuarán hasta el final del proceso.

CRÍTICAS DE LUKSIC

Más temprano, el empresario Andrónico Luksic indicó en una carta dirigida a los accionistas de CCU recogida por Emol y otros medios, que "el tono de debate y algunas de las propuestas que han logrado avanzar hasta ahora son, en lugar de luces de esperanza y señales de reencuentro, un motivo de profunda preocupación por el futuro de Chile".

"Aún es tiempo de cambiar el rumbo y de que la responsabilidad y la racionalidad primen en la Convención Constitucional, mandatada por la ciudadanía para elaborar una propuesta que apunte a construir un mejor país para todos, que supere el ánimo de revancha invitando verdaderamente al entendimiento y la paz, y que dé respuesta a legítimas demandas sociales", añadió.

Uno de los fenómenos más dignos de análisis, de todos los ocurridos por estos días, lo constituye la amplia aprobación inicial a la iniciativa de autorizar un quinto retiro de los fondos previsionales.

Hasta poco antes de las últimas elecciones el fenómeno podía atribuirse al anhelo de los diputados, y los senadores, por reelegirse. Como sugeriría la escuela de la elección pública, no debe sorprender que los parlamentarios, llegado el caso, se sirvan del dinero de los ciudadanos para promover su propia reelección.

Pero una vez reelectos ¿qué podría explicar este empeño por promover un quinto retiro cuando todos saben, o debieran saber, que eso acabará dañando el bienestar social?

Si se descuenta la ignorancia supina (es decir, la idea que los parlamentarios simplemente no saben o no logran comprender cómo un retiro adicional daña la economía) no cabe más que buscar explicaciones a este fenómeno en alguna dimensión de la vida social distinta a la de la racionalidad puramente económica.

¿Cuál sería ella?

Una explicación posible es que en la cultura del Congreso -lo que pudiera llamarse con algo de exageración, su ethos- se ha producido un cambio silencioso pero radical. Ese cambio consistiría en que los parlamentarios ya no se ven así mismos como partes de un proyecto ideológico o de un programa de políticas públicas cuyo sentido final deben servir, y a cuya consecución deben subordinar sus propias decisiones. Esa concepción del trabajo legislativo que se consolidó durante la transición habría sido sustituida por la idea que ser parlamentario consiste en ser mandatario de los intereses inmediatos del electorado que, de otra forma, los abuchea, los insulta o los degrada en las redes o en la calle. Ser político no consistiría así en tener ideas que modelen o conduzcan las expectativas de las personas, sino en tener la sagacidad para adivinar esas expectativas y seguirlas o amplificarlas cuidando -hasta el escrúpulo - no denunciarlas como inconvenientes, dañinas o irracionales.

Es difícil exagerar cuán dañino para el bienestar social puede resultar esa forma de concebir el trabajo del político parlamentario.

El bienestar social exige adoptar medidas que, desde el punto de vista de los intereses inmediatos de los ciudadanos puedan resultar lesivas o insatisfactorias; pero que, en el mediano plazo, sean el único camino razonable para incrementarlo. Por eso el político de veras (es decir, aquel que no concibe su trabajo como el de simplemente transportar los intereses de su electorado abogando por ellos) suele persuadir a la ciudadanía, orientar sus expectativas o llegado el caso moderarlas o contenerlas según lo exija el horizonte de largo plazo que su programa o ideología le indique.

Pero si el político se deja atrapar por los intereses inmediatos; si para él el tiempo pierde todas sus dimensiones, salvo la del presente; si las ideas generales que deben orientar la vida colectiva desaparecen, entonces es la política la que también arriesga su existencia para tarde o temprano ser sustituida por la mera agregación de intereses. Porque suele olvidarse que la diferencia que media entre el mercado y la política deriva del hecho que en el primero los intereses se agregan o suman, en tanto que en la segunda se deliberan a la luz de un cierto horizonte de ideas en las que se cree.

La semilla de esa forma de concebir la política -suele olvidarse- la plantó la derecha mediante Joaquín Lavín quien persuadió a todos que la política consistía en atender a las necesidades de la gente (entendiendo por tales lo que la gente apetece sin pensar las ulteriores consecuencias) para lo cual debía consultársela, incluso, mediante la realización de plebiscitos cotidianos (hoy reemplazados por las redes). Y no deja de ser irónico que cuando la izquierda se ha hecho del poder, ese estilo de hacer política parlamentaria sea el que predomina, como si por debajo del triunfo del PC y el FA hubiera, después de todo, un triunfo casi cultural de esa forma liviana de concebir la vida colectiva.

Carlos Peña