Por Agencias

Veinte ciudadanos cubanos fueron condenados a penas de hasta 20 años de cárcel por el delito de sedición, por participar en las pasadas manifestaciones del 11 de junio en contra del régimen cubano, ocurridas en la ciudad de Holguín. Entre ellos habrían cinco menores de edad.

Este fallo del Tribunal Provincial de Holguín es, según explicó la activista de la organización Justicia 11J, Salomé García Bacallao, la primera sentencia conjunta por el delito de sedición que se dicta en el país a raíz de las manifestaciones del pasado mes de julio.

Los 15 condenados mayores de edad, personas -en su mayoría hombres- de entre 18 y 59 años, han recibido penas de cárcel por debajo de la petición de la fiscalía. Ningún procesado ha sido declarado no culpable.

Hay dos condenados a 20 años de prisión, tres a 18 años, dos a 17, uno a 15, dos a 14, dos a 12 y dos a siete. Además, un joven de 18 años fue sentenciado a 5 años de "trabajo correccional sin internamiento".

Los cinco menores de edad -cuatro de 17 años y uno de 16-, para quienes la fiscalía solicitaba entre 15 y 18 años de cárcel, han sido sentenciados a "cinco años de limitación de libertad".

La edad penal mínima en Cuba son los 16, pero las personas de 16 y 17 años pueden recibir una reducción de hasta la mitad del tiempo de condena.

En la sentencia no aparece Yasmani Crespo, que estaba incluido en el expediente y no se presentó al juicio, según García. Se especula con la posibilidad de que haya abandonado el país.

Algunos activistas denunciaron que varios de los condenados fueron llevados directamente a prisión tras la lectura del fallo, pese a que la sentencia fijaba que podían quedar en libertad bajo fianza hasta el momento de la apelación.

La Justicia cubana no difundió públicamente estas sentencias y los medios oficiales no informaron sobre el fallo.

Activistas y ONG han denunciado falta de garantías, fabricación de pruebas y penas excesivas en estos procesos en torno a las mayores protestas antigubernamentales en décadas.

También han señalado el empleo del delito de sedición en los juicios a los manifestantes del 11J, por su connotación política y su ambigua probatoria.

"Fue a recoger la sentencia y ahí mismo se lo llevaron preso" señaló a Radio Televisión Martí el padre del condenado Miguel Girón, que se encuentra radicado en Kentucky, Estados Unidos.

"Mi hijo estaba en su casa, que no huyó, que no se fue del país, que tiene sus antecedentes penales limpios, ya se lo llevaron a la prisión provincial de Holguí. Maltrataron a mi familia, empujaron a mi hermano", señaló.

La Fiscalía General de Cuba argumentó recientemente que se optó por acusar de sedición en algunos casos por "el nivel de violencia demostrado en las conductas vandálicas" y "de manera tumultuaria" tuvieron el "deliberado propósito de subvertir el orden constitucional" y como resultado la "perturbación grave del orden público".

Agregó asimismo que se ha verificado en los juicios "el cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales del debido proceso" pese a las "manipulaciones" que "pretenden acusar a Cuba de violaciones de los derechos humanos".

Cuba informó del procesamiento de 790 personas por hechos relevantes relacionados con las protestas del 11 de julio, de las que 55 tienen entre 16 y 17 años. Otros 27 tienen menos de 16 años, a los que se han aplicado medidas alternativas al no alcanzar la edad mínima penal.

El presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció que las Fuerzas Armadas apoyarán a la Policía Nacional en la lucha contra la delincuencia e hizo un llamado al Ministerio del Interior a sacar a los militares a las calles, dos semanas después de que el país declarara en estado de emergencia a Lima Metropolitana y la provincia constitucional del Callao.

"Pido al señor Ministro del Interior que coordinemos con el Ministerio de Defensa no solamente para tener a la Policía, porque no todo es responsabilidad de la Policía. Vamos a sacar a las Fuerzas Armadas para combatir de una vez por todas al delincuente chico y al delincuente grande. No podemos frenarla de otra forma si no hacemos una tarea conjunta", declaró el mandatario.

Este pronunciamiento del mandatario se da casi dos semanas después de que su Gobierno declarara el estado de emergencia. La medida, que regirá por 45 días desde el 2 de febrero, implica que la Policía Nacional mantiene en todo momento el control del orden interno, pudiendo solicitar el apoyo de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de frenar el incremento de crímenes y actos delictivos en estas regiones del país.

Ayer martes, el Ministro del Interior Alfonso Chávarry puntualizó las declaraciones del mandatario. Aseguró que las Fuerzas Armadas realizarán un trabajo conjunto con la Policía. Adelantó que este miércoles presentará una iniciativa ante el Consejo de Ministros sobre la situación de los extranjeros sin documentación migratoria.

El presidente Castillo en su anuncio respecto a las Fuerzas Armadas dijo también que " si me demuestran que he robado un centavo a este país, pido cadena perpetua empezando por mí mismo. Nos quieren poner el cliché de un corrupto más en esta historia".

El nuevo gabinete, el cuarto desde que Castillo asumió el poder el pasado 28 de julio, está ahora a la espera de marcar una fecha y hora para acudir ante el pleno del Congreso para exponer y debatir la política general de su gestión y pedir el voto de confianza. Esto en medio de un nuevo intento de destituirlo por parte de sectores de derecha y ultraderecha.

Al menos diez personas murieron y otras once están desaparecidas en el naufragio del pesquero español Villa de Pitanxo, que se hundió a primeras horas de ayer martes en aguas de la isla canadiense de Terranova con 24 tripulantes a bordo.

"Han aparecido siete personas muertas, tres vivos en una balsa y el resto están desaparecidos", declaró el presidente regional de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, tras una conversación con la embajada de España en el país norteamericano.

La embarcación había salido del puerto de Marín y tras sufrir un "accidente" por "causas desconocidas" enviaron una señal de alerta, que hizo que dos navíos que se encontraban en la zona concurrieran en auxilio, señaló Rosa Quintana, Consejera de Mar del Gobierno de Galicia. De los 24 tripulantes, 16 personas tienen nacionalidad española y el resto son de origen peruano y ghanés con nacionalidad española.

El lugar del naufragio se ubicó a 250 millas náuticas (unos 460 kilómetros) al este de la costa de Terranova.

En las labores de rescate están participando varios pesqueros que faenaban por la zona y uno de ellos, el Playa de Menduíña 2, también de origen gallego, rescató a tres tripulantes con vida y seis cuerpos, mientras que el séptimo cadáver fue recuperado horas después por el pesquero portugués Novo Virgem da Barca, según informó el Centro de Coordinación de Rescate con base en Halifax, Canadá, a Salvamento Marítimo español.

Estos dos pesqueros, que faenaban por la zona, trabajan desde el primer momento en la búsqueda de supervivientes, dificultadas por el estado del mar, con olas de cuatro metros de altura y visibilidad de sólo unos 500 metros.

El naufragio, el más grave que ha sufrido la flota pesquera española en la última década, ha causado una gran consternación en toda Galicia, región con gran tradición pesquera.