Cómo un ciudadano chileno, esposo, padre y pastor evangélico, no he querido enfrentar este histórico proceso desde el prejuicio, ni menos desde la falta de diálogo con personas que muchas veces se muestran petrificados en el "slogan" de viejas ideologías, que, incluso, no dominan intelectualmente. Sin embargo, y hay que decirlo con claridad, muchos son de sectores populares con grandes dolores. La sociedad chilena tradicional; la élite social, política y económica, los condenó a la marginalidad, hasta que se manifestaron con una energía inusitada, pusieron en jaque a un gobierno carente de estatura moral y lo derrotaron.

Estos 6 meses, he buscado que entiendan y sientan en su corazón, que el pueblo evangélico los comprende y acompaña, pero sin dejar de representarles aquellos temas en los que actúan de manera equivocada. Mi trabajo ha sido mostrarles que no pueden escribir una nueva Constitución para "el pueblo" y "los pobres", dejando fuera del diálogo al sector con mayor arraigo popular como lo es la iglesia evangélica, misma que se ha convertido en una barrera para evitar el narcotráfico, la violencia y otros males en las poblaciones y barrios más sencillos. En Chile hay 1 millón de hogares evangélicos donde no entra la droga.

Al respecto volver a consagrar libertades anteriores al estado como la libertad de culto, conciencia y expresión en este "nuevo contexto de cambio cultural" ha sido una labor difícil. He tenido que explicarles que la familia como base de la sociedad, y clave para el sano cambio y movilidad social, no puede ser reemplazada por conceptos "sui géneris" como "las comunidades" y que el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos no puede ser reemplazado por el estado, cuando este justamente se ha mostrado incapaz de asumir tareas básicas.

Logré, con la lucha de la bandera cristiana al interior de la convención, que entiendan la diferencia abismal entre estado laico y uno "laicista". Este último, era camino a seguir, al comienzo del proceso constituyente, con el riesgo de sacar a las entidades religiosas de su trabajo en sectores públicos como las cárceles, hospitales y cementerios, donde realizan un trabajo que no puede hacer ninguna organización, partido político o política pública y a costo $0 por parte del estado.

Desde el día 1 de la convención, y a costo de muchas críticas injustas, mostré que para ser relevantes en un proceso donde la derecha no tiene opción de escribir una sola coma, era necesario ser dialogantes, bien intencionados y estar dispuestos a votar fuera de las lógicas de nuestro sector. Así me jugué por una profunda regionalización y la promoción de herramientas de democracia directa, apoyando iniciativas sociales urgentes en materia de vivienda, pensiones, salud, educación y minería, entre otras.

Quedan pocos días para que los ciudadanos votemos cada uno como máximo, por siete iniciativas populares de norma, propuestas para la nueva Constitución. Es así como desde Pacto Global hemos trabajado junto a otras instituciones convocadas por la SOFOFA, en temáticas que generen consensos y que puedan aportar a la nueva Constitución. Para ello, desarrollamos un documento sobre temas medioambientales relevantes donde abordamos entre otros, la gestión de recursos naturales, la administración del recurso hídrico y los derechos de la naturaleza, difundiendo estas propuestas e invitando a algunos constituyentes a participar en la discusión. Una de las conclusiones fue incluir una iniciativa de norma llamada "Para una Constitución Sostenible", que hasta hoy cuenta con una baja votación, tal vez por falta de difusión o de comprensión de su importancia e impacto.

Convocar a un desarrollo sostenible es fundamental y amplio en su concepción, dado que iluminará el desarrollo de todas las actividades económicas bajo la mirada de un equilibrio entre lo económico, lo social, y lo medioambiental. El marco constitucional será clave para generar las condiciones necesarias para el progreso del país, en general, y de la actividad productiva, en particular, por ello, la búsqueda de un sano equilibrio entre progreso social, crecimiento económico y protección ambiental, se vuelve un imperativo urgente.

Pero ¿por qué es tan importante el progreso para un país? Para solucionar unos de los principales problemas de la humanidad: La pobreza. En 2015 se realizó la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, instancia en la cual más de 150 líderes mundiales adoptaron la nueva Agenda 2030, de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que precisamente buscan, eliminar la pobreza con metas exigentes sobre la salud, la educación y la igualdad de género, objetivos universales que se aplican a todos los países y a todas las personas, poniendo a estas, en el centro. De esta manera, el concepto de Desarrollo Sostenible tiene implícito un claro sello intergeneracional, por cuanto plantea que el progreso de la generación presente podría significar una presión sobre los escasos recursos naturales, lo que causaría un perjuicio para las generaciones futuras.

Con la consagración del Desarrollo Sostenible como un principio constitucional, se propicia un compromiso con la implementación de la Agenda 2030 de la ONU, estrategia que ofrece un marco razonable, equilibrado y orientado al bien común, indicando una ruta concreta y detallada que puede transformarse en un eje fundamental de la Nueva Constitución.

Resulta evidente entonces, que la discusión sobre la Sostenibilidad no tiene que ver con un modelo de desarrollo económico particular, sino que con la necesaria articulación constitucional de garantías a las personas y su entorno. De hecho, el Índice de Desempeño Ambiental (Environmental Performance Index, EPI 2020), que clasifica a 180 países en salud ambiental y vitalidad de los ecosistemas, evidencia que existe una correlación positiva entre el PIB per cápita y ambiental.

En definitiva, se necesita el apoyo de todos quienes compartan este concepto y visualicen su importancia, ya que se acaba el plazo para votar, y no podemos dejar pasar, esta oportunidad histórica.

La sustentabilidad de los paisajes se fundamenta en que estos cuenten con ecosistemas capaces de satisfacer, de manera sostenida, necesidades humanas esenciales en el largo plazo. Actualmente, en los paisajes del centro y sur de Chile existen vastas áreas de plantaciones forestales de especies exóticas que llegan a formar unidades continuas de cerca de 300 mil hectáreas, extendiéndose por sobre 180 km de una región a otra de manera ininterrumpida. Estos mismos paisajes han estado sometidos a un régimen de incendios forestales de origen eminentemente antrópico, caracterizado por una alta frecuencia, severidad y de gran extensión espacial, con considerables consecuencias en el bienestar de las personas y en la biodiversidad.

Adicionalmente, bajo un contexto de vulnerabilidad climática e intensa presión de cambio de uso del suelo, se deben establecer mecanismos para regular la continuidad espacial de grandes extensiones de monocultivos forestales de especies exóticas, sobre todo en zonas climáticas más susceptibles a incendios forestales. Desde el punto de vista de la ecología de paisaje, debemos apuntar a recuperar la heterogeneidad de los paisajes, dada por un mosaico de ecosistemas naturales y modificados, con distintas cargas de combustible vegetal, con diversidad de condiciones ambientales, edáficas y diversidad de hábitat, promoviendo la provisión de múltiples servicios ecosistémicos vitales para las personas.

Esto debe estar acompañado de cambios en las normativas sectoriales que obliguen la incorporación del riesgo de incendios forestales y la incorporación de enfoques de manejo multi-escala (desde predial a regional) de manera explícita y vinculante mediante los distintos instrumentos de planificación territorial.

En este sentido, si bien la educación y prevención son factores críticos que se deben fortalecer en la ciudadanía, es importante relevar el rol de la planificación y gestión territorial como un instrumento clave para coordinar distintos sectores, tanto públicos como privados. De esta forma, sería posible avanzar hacia paisajes más diversos y resilientes, que permitan mitigar el impacto de los megaicendios y sus efectos en la población, los ecosistemas y los servicios que estos proveen para el bienestar humano.

La promulgación de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT) plantea una serie de oportunidades para repensar los territorios bajo una mirada de sustentabilidad y resiliencia, brindando especial énfasis al riesgo de desastres y los desafíos climáticos. La PNOT establece un sistema integrado de decisiones para el ordenamiento territorial y articula a diversos actores e instrumentos a escala nacional, regional y comunal, lo que facilita abordar la dinámica de incendios desde la comprensión de los patrones espaciales del paisaje. Por tanto, si bien hoy finalmente contamos con una PNOT, es necesario diseñar un reglamento que brinde soporte a una implementación adecuada y pertinente a los desafíos sociales, ambientales y económicos que experimentan nuestros territorios.

El Presidente Sebastián Piñera pidió a la futura ministra del Interior, Izkia Siches, "informarse bien" sobre el Estado de emergencia en la Macrozona Sur -que permite la presencia militar en calles y caminos, debido a que Siches afirmó el fin de semana que la medida "no ha logrado el objetivo de reducir la violencia, sino que la ha incrementado". Piñera explicó que "tenemos cerca de 2.000 miembros de las FF.AA. desplegados en la Macrozona Sur, pero además nos ha permitido reducir significamente el número de hechos violentos (...) en cerca de 30%, 40%".

Aunque que no se logró votar en su totalidad, el proyecto que concede una amnistía a los detenidos por delitos ocurridos en el marco del estallido social (antes llamada ley de indulto), logró avanzar este martes en la Comisión de Constitución del Senado.Los parlamentarios de dicha instancia definieron el catálogo de delitos que serán considerados al momento de la evaluación del beneficio. Se rechazó la idea de incluir el delito de homicidio frustrado, contemplado en el artículo 391 del Código Penal y también quedó fuera del catálogo el maltrato de obra a funcionarios policiales.

En forma unánime, la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este miércoles el proyecto que crea la Pensión Garantizada Universal (PGU), aporte económico de hasta $185.000 destinado a todas las personas desde los 65 años, excepto a quienes pertenezcan al 10% de mayores ingresos. Con esto, la iniciativa fue despachada del Congreso y quedó lista para ser promulgada por el presidente Sebastián Piñera y publicada en el Diario Oficial. El beneficio se empezaría a pagar durante la tercera semana de febrero. Los primeros en recibir estos recursos serán los beneficiarios del Pilar Solidario y se calcula que serán dos millones 400 mil personas.

Agobiado por el escándalo de las fiestas en Downing Street, el primer ministro británico Boris Johnson compareció, como cada semana, ante el Parlamento, y por segundo miércoles consecutivo rechazó renunciar a su cargo por las cada vez más abultadas acusaciones de fiestas realizadas durante la etapa más estricta de la cuarentena en 2021. En otro golpe para el primer ministro, unos mensajes filtrados a una comisión parlamentaria indican que pudo haber mentido cuando negó haber autorizado la evacuación de Afganistán de los animales de un refugio dirigido por Pen Farthing, criticada por priorizarlos antes que a las personas.

El segundo año de la pandemia de covid-19 disparó la pobreza extrema en Latinoamérica hasta alcanzar a 86 millones de personas, cinco millones más que en 2020, apuntó un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que para Chile cifró la subida de esta tasa en 3,1%. "La recuperación económica de 2021 no ha sido suficiente para mitigar los profundos efectos sociales y laborales de la crisis sanitaria", lamentó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, al entregar el reporte "Panorama Social de América Latina".