Tras los seis primeros meses de instalación es evidente que el proceso constituyente avanza. Con la aprobación del reglamento y la instalación de la Mesa presidida por María Elisa Quinteros de los Movimientos Sociales Constituyentes, hemos iniciado este segundo periodo en el que se abrirá espacio a la deliberación y votación de los contenidos de la próxima Carta Magna.

En esta etapa las y los constituyentes deberemos incorporar una diversa variedad de propuestas y armonizarlas entre sí, en un texto que logre contener el sentir de los pueblos movilizados que hicieron posible este proceso.

El reglamento de participación popular aprobado ha mantenido el vínculo con los territorios. El diálogo constante y la más estrecha cercanía es de vital importancia. Las semanas territoriales, las cuentas públicas y audiencias han logrado concretarlo, dejando consigo una larga bitácora constituyente que ha registrado las síntesis colectivas que ha levantado la ciudadanía.

Junto con ello, ha sido asombroso el apoyo a las iniciativas populares de norma dispuestas en la plataforma de la Convención Constitucional, que refleja más de 500 mil apoyos de más de 260 mil personas diferentes y una cantidad importante de iniciativas que ya han logrado las 15 mil firmas para pasar al debate constitucional, algunas de ellas en tiempo récord.

Este proceso está sirviendo de termómetro para medir el calor de la participación popular. Una que desborda y que deja en evidencia que las personas y comunidades exigen mucho más que los limitados estándares que ofrecía la institucionalidad chilena en los últimos 30 años.

Paralelo a esta deliberación ciudadana incidente ha sido fundamental el proceso de difusión y acelerar los procesos de revisión, especialmente ante la alta demanda de la presentación de iniciativas. En la comisión de participación popular hemos trabajado a toda máquina y estamos satisfechos por el avance que ha tenido este proceso en el que se han puesto a disposición los recursos humanos, técnicos y económicos requeridos para que las iniciativas populares junto a los mecanismos de participación puedan ser inaugurados como Convención Constitucional.

Esperamos que en el futuro este proceso sirva como ejemplo para iniciativas populares de Ley o algún símil que materialice los mecanismos de democracia semidirecta o directa que se están trabajando en este proceso constituyente.

Por el momento, la tarea es clara: llamar a la ciudadanía a patrocinar a través de la plataforma oficial de la Convención sus iniciativas populares de norma hasta antes del 1 de febrero. En firmapopular.cl los movimientos sociales han dejado a disposición las iniciativas que surgen desde los pueblos organizados. Juntos y juntas seguimos avanzando.

Son muchas las voces que señalan que el corazón del proceso constituyente se encuentra en la Comisión de Derechos Fundamentales, la que se encuentra compuesta por 33 convencionales y que tiene por objetivo generar el marco constitucional de los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales que deben ser garantizados, promovidos y protegidos por el Estado, y que a su vez respetados por las personas naturales y jurídicas.

La garantía de los derechos fundamentales -como la Educación, Salud, Trabajo, Vivienda, Pensiones, entre otros- le otorgan legitimidad a las sociedades y a la democracia, a su orden jurídico, estatal, social y político. La necesidad de establecer su garantía expresa sin discriminación y universal, proyecta el desarrollo de políticas públicas que nos permiten construir el país que deseamos de aquí a 50 años más.

Para que las personas naturales y colectivos puedan ejercer tales derechos sociales, económicos, culturales y ambientales debemos tener clara la necesidad de establecer garantías de progresividad, gradualidad y de no regresión. Esto con el objetivo de establecer la plena realización y efectividad de tales derechos. Lo que no significa que el Estado se encuentra autorizado para permanecer en la inactividad, ya que, muy por el contrario, la obligación de progresividad supone que los esfuerzos en esta área se deben dar de forma continua, eficaz y con la mayor rapidez posible.

Tal obligación supone que el cumplimiento pleno de los derechos sociales requiere de una cierta gradualidad, condicionada por las limitaciones fácticas o económicas de cada Estado. Sin embargo, que sea progresiva la obligación de la protección del derecho, permite controlar las omisiones legislativas, entrega parámetros de constitucionalidad, proporciona un criterio de interpretación y es una herramienta para justificar el continuo avance en la protección de los derechos sociales.

Buscamos que por priorización de necesidades el Estado los ejecute de forma diligente, efectiva, inmediata y de buena fe; donde su financiamiento no suponga un desequilibrio fiscal que ponga en peligro su garantía, evitando así retrocesos en estas luchas y estableciendo su aplicación como políticas públicas sin importar quién sea la administración de turno. En este sentido el Estado no podrá tomar medidas regresivas en el tiempo en la garantía de estos derechos sociales, económicos, culturales y ambientales, que ponga en peligro o reduzca su protección y respeto con altos estándares de satisfacción.

De este modo, nos aseguramos de que los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales no sean un amplio catálogo de buenas intenciones. Esto debido, a que una vez que sean reconocidos en la Nueva Carta Magna, los derechos sociales, pasarán a constituir un derecho subjetivo.

Con esto cambiamos de perspectiva, ya que no será el ciudadano quien deba demostrar la desprotección, sino que el Estado es quien debe fundamentar que tal instancia no constituye un retroceso o se encuentra razonablemente justificada.

Y de esta forma haremos valer en la nueva Constitución un Estado que realmente sea garante de derechos para todos y todas.

El pasado miércoles 12 de enero, la recientemente conformada Asociación de Gobernadores Regionales se reunió con el Presidente electo Gabriel Boric para avanzar en una propuesta conjunta de descentralización para los próximos años.

Hoy contamos con la declarada voluntad de Gabriel Boric y el compromiso transversal de las y los gobernadores para llevar adelante una agenda conjunta que permita dotar de competencias y recursos a los gobiernos regionales.

Un proceso concordado entre el ejecutivo y los gobiernos regionales debiera permitir conjugar el traspaso a todas las regiones del país de un conjunto de competencias y atribuciones claves, con el levantamiento de demandas más específicas y atingentes a las necesidades de cada región, para un posterior traspaso diferenciado de atribuciones vinculadas a la vocación de cada territorio.

Un primer criterio para el traspaso estandarizado, a todas las regiones del país, por iniciativa presidencial, debiera considerar todas aquellas atribuciones requeridas para asegurar un piso adecuado de acceso a bienes y servicios que hoy día ofrecen servicios tales como el Fosis, Indap, Sence, Sercotec, entre otros, con pertinencia territorial. Por su parte, para el traspaso diferenciado a las regiones que así lo soliciten, debiera primar la vocación de desarrollo de cada territorio, así como el sentido de integralidad en la acción pública.

Esto último, que parece muy técnico y desvinculado del día a día, se hace patente en un ejemplo relativo a unas de las áreas que conozco en mayor detalle: el desarrollo rural. Aunque una parte de las competencias para promover el desarrollo de las zonas rurales del país se encuentran actualmente radicadas en el Indap y otros servicios del Ministerio de Agricultura, bien sabemos que los territorios rurales son mucho más que la actividad agrícola que en ellos tiene lugar, por lo que su desarrollo requiere también cambios significativos en el acceso a la salud y la educación, mejores condiciones de conectividad, la promoción del turismo, entre otras cuestiones extensas de mencionar. Una región del país con vocación rural va, en consecuencia, a requerir contar con autonomía en estas distintas materias.

Pero de criterios y mecanismos se ha discutido mucho y habrá tiempo de seguir haciéndolo. Lo importante hoy día es que contamos con la voluntad y las condiciones habilitadoras para dar inicio a un decidido proceso de descentralización.

Lunes 10 de enero: La variante ómicron de covid-19 continúa elevando los contagios diarios en el país, que sobrepasaron los 4.000 nuevos por segundo día consecutivo, mientras que los casos activos llegaron casi a 20.000 a nivel nacional y las muertes reportadas en las 24 horas previas totalizaron 21, llegando a 39.272 fallecidos desde que se declaró la pandemia. Los expertos coinciden en que la ómicron es la causante de la explosión de casos entre fines de 2021 y comienzos de 2022 en Chile. "Es preocupante, dado que así fue como empezaron varios países europeos", advirtieron.

Miércoles 12 de enero: Un aumento drástico en la tasa de positividad para covid-19 reportó el Ministerio de Salud (Minsal). A pensar de que los casos diarios bajaron de los 4.000 que estaban marcando, El indicador superó el 7% por primera vez desde junio, en la Región de Antofagasta llegó a 32%, en Tarapacá a 18% y en Magallanes a 15%. La ministra (s) de Salud, María Teresa Valenzuela, insistió en que "el virus lo tenemos dentro (del país), lo más importante es que evitemos esa cantidad de fiestas masivas que estamos observando" y se sigan tomando las precauciones, junto con una fiscalización severa.

Jueves 13 de enero: El Gobierno anunció ayer en la tarde que finalmente adjudicó a dos empresas dos de las cinco cuotas del controversial proceso de licitación que impulsa la producción del litio en el país: BYD Chile SpA -de capitales chinos- y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A. De esta forma, quedaron fuera del proceso SQM y Albemarle, las principales firmas de la industria en nuestro país. Gabriel Boric manifestó su rechazo: "Esta era una atribución exclusiva del gobierno en ejercicio y nos parece que es una mala noticia para Chile, me recuerda esas leyes de amarre que se hacían a última hora".

Miércoles 12 de enero: Los estragos causados por el cambio climático y la desigualdad social, que aumentó con la pandemia, son los principales riesgos que enfrenta la humanidad de aquí a 10 años, según un nuevo informe del Foro Económico Mundial (WEF) que también advierte sobre fallos en la ciberseguridad y la crisis del endeudamiento. Todo ello conforma unas predicciones "bastantes pesimistas, en las que el 84% de los sondeados dijeron estar preocupados por el futuro del planeta, mientras sólo 4% eran optimistas", destacó al presentar el informe la directora gerente del WEF, Saadia Zahidi.

Jueves 13 de enero: El primer ministro británico, Boris Johnson, asumió su "responsabilidad" y pidió perdón a los ciudadanos por haber acudido a lo que consideraba un "evento laboral" en el jardín de su residencia de Downing Street en 2020, en pleno confinamiento, frente a los llamamientos de la oposición para que renuncie.Con su credibilidad bajo mínimos, el líder "tory" dio explicaciones en la sesión de control en la Cámara de los Comunes, por primera vez desde que la prensa nacional destapó que el 20 de mayo hace dos años los jardines de la sede del Ejecutivo.