Agenda de descentralización
Esta semana la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales entregó al Presidente electo Gabriel Boric una agenda de descentralización, la que tiene por principal objetivo dar a conocer en detalle cuáles son las principales ideas y cambios que los representantes regionales estiman que se deben priorizar en el futuro gobierno.
Se trata de medidas y modificaciones que durante los últimos seis meses han sido parte del análisis que las nuevas autoridades electas han sido detectado como necesarias para su diario quehacer y que, según su mirada, podrían significar aportes sustantivos a la gestión territorial que tienen como mandato realizar durante su periodo de administración.
En una extensa declaración, la asociación aseguró que sus integrantes están convencidos de que la meta de construir una agenda de colaboración para la descentralización del país entre los distintos actores es posible, por lo que decidieron dar este paso fundamental para que también se considere el concretar una plataforma de colaboración que combine el cumplimiento del programa de Gobierno en descentralización del propio mandatario electo con las prioridades actuales de los gobiernos regionales.
Uno de los puntales de la decisión de entregar el documento a Boric por parte los gobernadores y gobernadoras tiene relación con el programa que el entonces presidenciable presentó durante su candidatura, el que abordaba algunas de las mismas demandas que los representantes regionales han enarbolado como banderas y, por otra parte, por la voluntad descentralizadora que ha mantenido presente en su discurso, antes y después de ser electo.
Tras el encuentro, realizado en Santiago, el Presidente electo volvió a dejar clara su intención de avanzar en el tema, asegurando que "creo que estamos en sintonía. Es una muy buena noticia que con los 16 gobernadores y gobernadoras vamos a trabajar en conjunto, con mucho optimismo lo que se viene para las regiones de Chile". Además, también tuvo palabras para agradecer la buena disposición de las nuevas autoridades, destacando la claridad de sus propuestas y de paso comentando que también tienen presentes las restricciones presupuestarias que se tendrán durante este año 2022.
Las medidas propuestas son, en efecto, parte de los planteamientos que se han venido realizado desde el inicio del mandato de los gobernadores y gobernadoras regionales. Se cuentan entre ellas algunas de tipo administrativo, como la entrega de los edificios de las Delegaciones (ex Intendencias), la posibilidad de que puedan nombrar representantes en directorios empresas públicas y universidades regionales, así como también considerar la opinión del Gobierno Regional en la nominación del delegado presidencial y de los encargados de servicios públicos estratégicos por región.
También hay otra como la creación de una mesa compuesta por gobernadores y ministros de Estado y de una comisión de trabajo permanente traspaso de competencias.
Otras de las propuestas planteadas pasan por cambios legislativos y ahí es donde llama la atención que la asociación haya optado por incluir plazos precisos, que de alguna forma marcan la importancia o prioridad que las autoridades regionales le quieren imprimir a la agenda recientemente compartida.
Para un ambicioso periodo de 100 días, se plantea tal vez una de las aspiraciones más reiteradas desde los Gobiernos Regionales, como es la eliminación de la figura del delegado presidencial, ya que se estima que es una forma de reconocer que la administración superior de cada región debe ser entregada a plenitud y sin intromisiones al cargo de votación popular. A esto se suman la flexibilidad presupuestaria, la inversión sectorial vinculante en el territorio, la posibilidad de presidir los comités regionales, como son la Comisión de Evaluación Ambiental, la Comisión Regional de Uso del Borde Costero, Comités Regionales de Cambio Climático, Comité Regional de Protección Civil (ex COE) y Áreas de Desarrollo Indígena, otras instancias similares, y por último, se prioriza también el concretar el traspaso de nuevas competencias.
En un segundo ítem, pero esta vez con un plazo de seis meses, incluyen el contar con autonomía presupuestaria, la aprobación de la Ley de Rentas Regionales/patentes y descentralización fiscal y aumentar la asignación al Fondo Nacional de Desarrollo Regional destinando al menos el 5% de la recaudación tributaria (actualmente se destina cerca del 1,03%). Por último, también se incluye iniciar un proceso de modernización Ley de Plantas Regionales y por último desarrollar una Ley de Puertos, la cual establezca que se pueda gravar la carga y dejar parte de la recaudación portuaria dentro del presupuesto comunal y regional donde se ubican los puertos, necesitando una autoridad logística portuaria a nivel nacional con expresión regional, en coordinación con los sindicatos portuarios.
Las metas son claras y, hasta ahora, las voluntades parecen converger en un mismo sentido, por lo que es de esperar que, pese al escenario de incertidumbre en que distintos sectores concuerdan que se avanzará durante este año, las medidas que se han propuesto puedan tomar un camino claro y concreto, para así dar una señal distinta y que valide que un proceso que espera desde hace décadas.
Algunas de las propuestas planteadas pasan por cambios legislativos y ahí es donde llama la atención que la asociación haya optado por incluir plazos precisos, que de alguna forma marcan la importancia o prioridad que las autoridades regionales le quieren imprimir a la agenda recientemente compartida.