"Los estudios avalaron la necesidad de reestructurar la Dirección General"
La autoridad aseguró que los despidos se enmarcan en un proceso de redistribución y redefinición de funciones, tras la detección de irregularidades en 2018. Funcionarios anunciaron un paro indefinido.
En el marco de una reforma estructural de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) del Biobío, el pasado viernes 9 funcionarios de la Dirección General de la institución fueron desvinculados, esto como parte de una redistribución y redefinición de funciones que creará 4 nuevas direcciones y nuevos departamentos, con lo que se sustituirán 11 cargos del nivel de dirección y jefatura, lo cual implica necesariamente el despido de los trabajadores públicos, gremio anunció el inicio de un paro indefinido durante esta jornada.
La Contraloría General de la República emitió un informe en 2018 que detectó una serie de irregularidades con directa relación de la pérdida de los bonos por desempeño de los funcionarios en 2019, lo cual derivó en una extensa paralización de la corporación. Tras ello se realizó un diagnóstico por parte de la consultora externa Clío Dinámica Consulting, que ha participado en procesos de modernización de otros servicios públicos de justicia, y que derivó en la reestructuración del organismo.
Así lo explicó Gonzalo Contreras, director general de la CAJ Biobío, agregando que "si bien hoy perdemos 9 profesionales, en los últimos 2 años hemos sumado más de 150 en las distintas líneas de atención, esencialmente abogados, psicólogos y asistentes sociales que aumentaron nuestra dotación, capacidad de gestión y atención de usuarios (…) Ahora el desafío es crecer en la calidad de atención y en cómo resolvemos los problemas jurídicos de las personas".
¿Cuántas personas dejan la Corporación en esta Reestructuración y qué cambios implican?
-En el caso puntual de esta reestructuración y reorganización interna de la Dirección General son 9 cargos de jefaturas, el análisis que se hizo en su minuto, los estudios que se hicieron por empresas externas avalaron la necesidad de reestructurar la Dirección General como centro de la toma de decisiones de la corporación que abarca 6 regiones, y cuyo impacto en ellas es fundamental. Son 9 cargos que se eliminan y dan paso a esta nueva estructura organizacional.
¿Qué ocurrirá si funcionarios de la CAJ inician movilizaciones por estas desvinculaciones?
-Nosotros lamentaríamos que se iniciaran este tipo de acciones, pero como servicio público debemos garantizar a nuestra continuidad, y sin perjuicio de que planteen sus legítimas diferencias de opinión en torno a las decisiones tomadas y que los propios afectados tomen iniciativas particulares respecto a sus defensas, el servicio continúa prestándose, la institución sigue funcionando y obviamente que ante situaciones de alerta de movilizaciones estaremos atentos, con tranquilidad, serenidad, porque sabemos que las decisiones que hemos tomado son objetivas e importantes y garantizaremos la continuidad del servicio, tanto a nivel de Dirección General como a nivel de unidades operativas en las 6 regiones.
¿Qué otros nudos críticos fueron detectados y desencadenaron este proceso?
-La Contraloría (…) detectó un sin número de problemas en materia de procesos, planificación estratégica, procedimientos, control cruzado interno, recursos humanos, cumplimiento de jornada, es decir un sin número de hallazgos graves. Situaciones graves que fueron expuestas al consejo directivo y ante el Ministerio de Justicia y DD.HH. también y eso gatilló y alertó a las autoridades para iniciar este proceso de transformación y modernización.
¿Qué implica esta reestructuración para los usuarios de la Corporación?
-Este servicio público tiene 40 años de historia y funcionamiento. Esta reestructuración es inédita, es la primera que se hace en este sentido y busca cambiar el enfoque que como servicio público le damos a la solución de los problemas jurídicos de las personas. En cuanto a los usuarios, lo que buscamos es poner en el centro del quehacer institucional la solución de sus problemas jurídicos de la mejor forma posible. Para eso es necesario modificar la estructura, la organización para tener mejores herramientas que permitan solucionar los problemas de los usuarios. Con un mejor control, infraestructura, planificación, administración de los recursos públicos, una mejor gestión de las causas que se tramitan es evidente que el resultado va en directo beneficio de estas personas.
¿Qué medidas ya se habían implementado en este proceso de modernización institucional?
- Esta reestructuración es un paso más en un proceso de modernización en ejecución hace ya 3 años y que inicia con una crítica que se nos hace del exterior (…). Es por eso que iniciamos la modernización, mejorando las áreas de soporte, antes de hacer reestructuraciones en la Dirección General había que pensar en las condiciones en que se encontraban los funcionarios, en optimizar la contratación de los mismos funcionarios a través de empleos públicos, dotar de internet eficaz a todas las unidades, elementos tecnológicos para que puedan cumplir con sus audiencias y estar conectados, eso incrementado obviamente con la situación de pandemia, que obviamente nos afectó muchísimo y debiendo reconvertirnos rápidamente hacia una atención virtual, semi presencial en muchos casos, pero era fundamental.
FUNCIONARIOS INICIAN PARALIZACIÓN
A través de una declaración, los trabajadores de la Corporación de Asistencia Judicial del Biobío anunciaron que iniciarán un paro indefinido a partir de hoy lunes 10.
"La medida de presión se vincula con desvinculaciones de 9 directivos de ese servicio, comunicadas en las primeras horas de este viernes", se indicó en el comunicado.
Además, en la presidenta de la Asociación de Funcionarios, abogada Francisca Vilches, manifestó el absoluto repudio a la decisión, que se da a dos meses del cambio de gobierno, lo que levanta una serie de suspicacias respecto de la oportunidad y legitimidad de la medida.
Marcelo Inostroza, presidente de la Federación de Trabajadores que reúne a los 7 gremios de las cuatro corporaciones de Asistencia Judicial del país, aseguró que "la medida es completamente desproporcionada y vulneratoria comprometiendo además un desembolso patrimonial considerable para el servicio, pues la causal recurrida para los despidos es la de "necesidades de la empresa", lo que en definitiva determinaría un fuerte desembolso de recursos".