En junio realizarán audiencia de preparación de juicio oral de imputados por daños en UdeC
La más de dos mil pruebas fotográficas y en video presentadas por a Fiscalía son una de las causas esgrimidas para la petición de los representantes, ya que no ha sido posible revisarlas en detalle. Además, estarían evaluando juicios abreviados para algunos de los formalizados.
Para junio próximo fue reprogramada la audiencia de preparación de juicio oral de las doce personas imputadas por daños en zonas patrimoniales de la Universidad de Concepción, hechos ocurridos en febrero y marzo del año 2020 y que son investigados por el Ministerio Público.
La audiencia estaba fijada inicialmente para la jornada de ayer, por lo que al inicio de la misma los abogados defensores solicitaron un prórroga, considerando las cuantiosas pruebas audiovisuales y fotográficas que forman parte de la acusación presentada por la Fiscalía. A esto se suma que algunos de los imputados podrían optar por juicios abreviados, lo que está siendo considerado con la Fiscalía.
El caso se originó en el verano del año pasado, cuando grupos de desconocidos produjeron diversos daños en las inmediaciones de la Universidad de Concepción, así como también al interior del campus, incluido el sector que fue declarado patrimonial por parte del Consejo de Monumentos Nacionales. Tras los destrozos, la casa de estudios presentó una querella contra los responsables, al igual que la entonces Intendencia del Biobío, y se inició una investigación por parte de Fiscalía, a cargo del persecutor Guillermo Henríquez.
En septiembre, la Policía de Investigaciones detuvo a una docena de personas por su presunta responsabilidad en los hechos, entre ellas menores de edad, quienes fueron formalizadas, indistintamente, por los delitos de infracción a la ley de control de armas, daños a monumento nacional (patrimonio de la UdeC) daños simples y desórdenes públicos.
La solicitud de los abogados defensores fue acogida ayer por el magistrado Marcelo Bustos, titular del Juzgado de Garantía de Concepción, quien fijó la nueva audiencia para el 8 de junio de 2022. Desde la Universidad de Concepción, querellante en la causa, no hubo declaraciones respecto de la decisión de aplazar la instancia.
REVISIÓN DE PRUEBAS
Los doce imputados son representados por más de una decena de abogados, entre los que se cuentan profesionales de la ONG Defensoría Popular, de la Defensoría Penal Pública y también particulares. Según lo planteado por algunos de ellos en la audiencia, la acusación presentada en septiembre pasado por la Fiscalía contiene, entre otros, 1.693 registros audiovisuales y 863 fijaciones fotográficas de los distintos hechos que fueron presentados como pruebas.
El abogado Raúl Bustos, a cargo de la defensa de uno de los imputados, destacó la determinación del tribunal y detalló que "esta es una causa que se fundamenta en distintas filmaciones de cámaras de seguridad y hay una gran cantidad de material, entonces no hay ninguno de los defensores que hayamos podido acceder a la totalidad de información que contienen estos antecedentes". Añadió que dentro de los derechos fundamentales de un imputado está el poder preparar la defensa con conocimiento y estudio de todos los antecedentes "y eso, a la fecha, yo al menos no lo he podido realizar por la magnitud de la investigación".
A esto se suma que está en proceso de análisis la posibilidad de que un grupo de imputados acceda a juicios abreviados, por lo que podrían llegar a un acuerdo con la Fiscalía en el corto plazo.
MENORES DE EDAD
En otra arista del caso, durante la breve audiencia de ayer, la defensa de cuatro de los seis menores de edad imputados en la causa solicitó adelantar la fecha fijada por el tribunal por exceder el plazo dado por la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que establece periodos más acotados para los procedimientos en los que estén involucrados menores de edad.
La solicitud no fue acogida por el tribunal, ya que se aseguró que no contaban con disponibilidad para agendar dos días de audiencia en una fecha más próxima.
El defensor penal juvenil, Felipe Martínez, informó que se presentará una acción constitucional de amparo a fin de que la Corte de Apelaciones de Concepción revierta la decisión del Juzgado de Garantía y conforme a la normativa especial de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, ordene fijar una audiencia de preparación en un plazo no superior a dos meses.
"Resulta ilegal que por un tema administrativo se omita el mandato de la ley en lo relacionado con el juzgamiento dentro de un plazo razonable acorde al interés superior de adolescente", aseguró.Actualmente los cuatro menores, representados por la Defensoría Penal Pública están con arresto domiciliario nocturno, medida cautelar que será revisada a petición de la defensa el próximo 3 de diciembre.
1.693 videos correspondientes a cámara de seguridad son parte de las pruebas presentadas por la Fiscalía en el caso.