Por Karlyng Silva Leal

Tres inmuebles quemados, un terreno de herencia familiar usurpado y la imposibilidad de volver a la localidad donde por años creció y vivió por miedo a lo que pueda suceder. Esa es la realidad de una de las habitantes de Quidico, un sector de Tirúa en la Provincia de Arauco que durante los últimos años ha sido el escenario de diferentes hechos de violencia, caracterizados principalmente por los ataques incendiarios a viviendas que, según el registro de los habitantes, ya llegan a 67.

El lunes recién pasado la vivienda de Gladis Carrasco, conocida profesora de Quidico y jubilada desde 2019, resultó con pérdidas totales tras un incendio en la localidad costera. Si bien se investiga la participación de terceros en el hecho, se trata de la tercera propiedad de la ex docente que ha sido siniestrada en la caleta.

Una fuente cercana a la familia y que solicitó la reserva de su identidad, comentó que desde el año 2020, en que ocurrió la toma de un terreno de una hectárea que recibió como herencia, comenzó una serie de ataques y amenazas que terminaron provocando su salida de la localidad, sin posibilidades de volver, principalmente por el temor de represalias.

TEMOR LATENTE

"La señora Gladis nació y se crió en Quidico, sus abuelos también y entiendo que a ella la terminaron expulsando de la zona igual que sus hijos, porque vivía cerca del sector La Puntilla, que es una zona bien conflictiva de la caleta y desde que un terreno suyo fue tomado por una comunidad comenzaron a quemar todas sus propiedades", relató quien es cercano a la docente.

Agregó que, actualmente, la profesora no vive ni ha vuelto a Quidico desde que decidió alejarse por las constantes amenazas que estaba recibiendo, ya que "le tienen identificado el vehículo, cosa que si pasa el peaje de Huentelolen le van a disparar entre ese sector y Quidico. Ninguna persona que sea de la zona y que se haya ido se atreve a volver porque les reconocen los autos y obviamente van a atentar contra ellos en medio del camino".

"Ese es el peligro más grande que uno tiene. No se trata de estar en Quidico mismo, sino que salir y que en la ruta P72 (que une las comunas de Cañete y Tirúa) te disparen, encuentres una barricada, una emboscada y bueno, si te quedas en la zona, en la noche finalmente un grupo de personas puede ir a tu casa a disparar", relató sobre la dinámica de violencia que atemoriza a los habitantes del sector costero.

RECURSOS DE PROTECCIÓN

A principios de este año, 15 víctimas de violencia rural que habitaban sectores cercanos al Lago Lanalhue, Peleco, Quidico y Lleu Lleu, incluida Gladis Carrasco, presentaron un recurso de protección por falta de deberes en cuanto a seguridad contra autoridades nacionales y locales, recurso que fue acogido y luego ratificado por la Corte Suprema.

En los documentos de aquel recurso se detalla que una vivienda de Carrasco fue destruida la madrugada del 13 de septiembre de 2020 mediante un incendio por encapuchados que portaban armas de fuego y percutaron disparos, razón por la que las unidades de emergencia no pudieron concurrir a controlar el fuego. Situación similar se registró el 21 de enero de este año, cuando otra vivienda terminó consumida por el fuego.

Por otra parte, el 7 de septiembre un predio correspondiente a una herencia familiar ubicado en la ruta P 90 R en la misma localidad de Quidico fue "usurpado violentamente por un grupo de sujetos que se dicen mapuches y que invocan pertenecer a la comunidad Francisco Namuncura, quienes colocaron pancartas que señalaban recuperación de territorio".

Además, habrían incendiado una plantación de eucaliptus, "sacaron y destruyeron los cercos perimetrales, destruyendo con maquinarias el terreno para hacer caminos", indicaba el recurso.

Posteriormente el 5 de enero de este año, al intentar llegar a dicho predio habría sido repelida con disparos, pudiendo constatar que los ocupantes habían sustraído y matado animales, instalado barricadas con árboles en los caminos, impidiendo que la propietaria pudiera ejercer sus derechos en el terreno, teniendo que abandonarlo hasta la fecha como consecuencia del temor, indica el documento.

15 de noviembre fue el último hecho que afectó la vivienda de la profesora, que resultó destruida por completo.

El Gobierno solicitará al Congreso extender por tercera vez el estado de excepción constitucional que rige en cuatro provincias de la Macrozona Sur, medida con que se ha buscado frenar los hechos de violencia que han ocurrido en la zona durante el último tiempo.

Así lo informó el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien de paso destacó los resultados que se han obtenido en el tiempo que ha operado el estado de excepción en las provincias de Cautín y Malleco en La Araucanía, y Arauco y Biobío en la Región del Biobío.

"El estado de excepción constitucional de emergencia vigente dura hasta el día 26 de noviembre, y la solicitud que le haremos al Congreso será justamente para poder desde el día 27 de noviembre y hasta el 11 de diciembre poder mantener y continuar con este importante trabajo que están realizando mancomunadamente nuestras policías, pero también con el Ejército y la Armada", afirmó el secretario de Estado.

Según dijo, "hemos obtenido resultados importantes", la mayoría de ellos gracias a los patrullajes mixtos realizados entre policías y funcionarios de las Fuerzas Armadas.

"Esto ha permitido, en números gruesos, bajar un 42% los hechos de violencia desde que está instaurado este estado de excepción, y un 82% las usurpaciones. También hemos visto cómo han bajado los ataques en las rutas, que es algo que ha sido muy demandado por la ciudadanía, por la comunidad en general, por los gremios de esta Macrozona", subrayó Delgado.

Por su parte, el ministro de Defensa, Baldo Prokurica, detalló que en el período que ha durado el estado de excepción "se han realizado 2.400 operativos mixtos con militares, Carabineros o la PDI; 33 mil controles y 91 detenidos, que es el último informe que hemos recibido".

"Nosotros creemos que como funcionarios públicos tenemos la obligación legal y el deber moral de utilizar todas las herramientas legales que nos permite la constitución y las leyes para enfrentar a grupos organizados de narcotráfico, de robo de madera, de uso de armas de guerra y que en el último tiempo han quedado en evidencia", acotó Prokurica.

Durante esta semana se adjudicó un monto de $500 millones a 16 víctimas de violencia rural en la Región del Biobío que tuvieron pérdidas de sus elementos de trabajo durante el 2020 y primer semestre del 2021. El beneficio corresponde al resultado de programas de Sercotec y Fosis que aumentaron sus presupuestos con la última inyección de recursos anunciada por el Gobierno hace unas semanas que aumentó el presupuesto anual de la Macrozona Sur, para conceptos de reparación de víctimas, a más de 5 mil millones.

Así lo detalló el coordinador regional de la Macrozona Sur, Roberto Coloma, quien explicó que la inversión se enmarca en uno de los ejes de trabajo de la coordinación encargado de agilizar y mejorar el apoyo a personas y pequeños empresarios que sufrieron pérdidas a causa de diversos ataques violentos, principalmente en la provincia de Arauco. "Estamos conscientes de que estos aportes no atacan el problema de fondo, pero al menos son una herramienta para colaborar con aquellas personas que lo necesitan", agregó.

De este modo, un total de $507 millones beneficiarán a personas con el reemplazo de bienes para fines productivos que se hayan perdido, que en el caso de Fosis apunta a reposiciones con montos más bajos en comparación a los de Sercotec, cuyo límite es alrededor de $50 millones.

"En el caso de Sercotec la transferencia de estos recursos no consiste en dinero, sino que en la adquisición de los implementos solicitados por los afectados por una situación de violencia rural", explicó, añadiendo que se colabora en la reposición del equipo, ya que es una ayuda focalizada cuyo objetivo es recuperar la actividad productiva, ya sea que la realice de forma natural o con una pequeña o mediana empresa.

Comentó que durante este año también se fortaleció, en las provincias con afectación de hechos de violencia, el Fondo Organización Regional de Acción Social (Orasmi), en el que se destinaron $130 millones para la Macrozona Sur, de los cuales $65 millones 613 mil fueron utilizados en la región del Biobío y que se utilizan como ayuda inmediata o de emergencia ante la pérdida de viviendas u otros bienes, reponiendo especies de primera necesidad.