Preocupación por señales económicas
La semana recién pasada el Banco Central publicó el Informe de Estabilidad Financiera (IEF) correspondiente al segundo semestre de 2021. Este documento entrega la visión del Consejo del Instituto Emisor respecto de los principales riesgos, vulnerabilidades y mitigadores para la estabilidad financiera en el país. Se trata, en otras palabras, de tomar la "temperatura" al momento económico que vive el país, para enviar un mensaje especialmente al mundo político y empresarial respecto de los aspectos que deberían preocupar en torno al presente y futuro próximo.
Esta vez, el informe resaltó que en las principales economías del mundo y también en Chile, los impulsos de política para contener el impacto económico de la crisis del covid-19 han contribuido a la recuperación económica en el corto plazo, a evitar la extensión de la crisis a los mercados financieros y a fortalecer la resiliencia de usuarios y oferentes de crédito, en un contexto especialmente desafiante.
Como contrapartida, el documento advierte -entre otros aspectos- el creciente deterioro de las finanzas públicas y el aumento de la incertidumbre. Estos factores han llevado las variaciones de las tasas de interés de mercado, el tipo de cambio y los valores bursátiles en Chile a los extremos de los movimientos internacionales y han comenzado a reflejarse en un deterioro de las condiciones financieras que afectan a los actores domésticos, como el costo de financiamiento para el Fisco, las tasas y plazos de créditos hipotecarios y la valorización de fondos previsionales.
Y esto, contrario a lo que pudiera pensarse, tiene efectos concretos y directos en toda la ciudadanía. El ejemplo más repetido hasta ahora es que lo ocurrido en los créditos hipotecarios, donde los plazos y la proporción del pago al contado han retornado a los niveles observados 20 años atrás. Un mayor deterioro del sistema financiero agudizaría este escenario, afectando la capacidad de pago y fondeo del gobierno, personas y empresas, así como la solvencia de la banca.
En su exposición ante la Comisión de Hacienda del Senador, el presidente del Banco Central, Mario Marcel, hizo ver estos puntos y advirtió que "nuevas liquidaciones forzosas de activos representan un riesgo significativo para la estabilidad financiera". Reiteró que el Banco Central "continuará actuando para contener la volatilidad de corto plazo, pero no puede revertir cambios de carácter estructural".
Las aprensiones del ente emisor tuvieron eco en algunos de los parlamentarios de la instancia, como el senador (RN) José García Ruminot, quien planteó el dilema que se enfrenta entre "el control del gasto, el retiro de las ayudas IFE y el aumento del costo de la vida, pues hoy un kilo de pan supera los 1800 pesos y antes de la pandemia costaba $1000. Entonces, es difícil que las familias puedan vivir con los ingresos anteriores al IFE".
El senador (PPD) Ricardo Lagos Weber complementó que "todo indica que va a ser un cambio de Gobierno más complejo... y sea como sea vamos a estar enfrentados a un país con menos ahorros, con alzas sostenidas en el nivel de precios, con alzas en la tasa de interés, con dificultades para el crédito. Y no quiero hacer chacota, pero este informe de estabilidad financiera cuando veo a algunos candidatos que dicen que le van a introducir más inestabilidad al sistema, a la economía chilena, yo encuentro que eso no ayuda en nada".
Efectivamente, las circunstancias por las que atraviesa el país, especialmente en virtud de los efectos económicos y sociales de la pandemia, ameritan indudablemente observar estos fenómenos con muchísima atención. Asimismos, para el mundo político escuchar los mensajes de un ente técnico reconocido transversalmente por su calidad y visión debería ser un imperativo. El caso contrario -actuar con irresponsabilidad y sin atender las recomendaciones del Banco Central solo ayudará a profundizar una crisis donde, siempre, los más afectados son precisamente los más necesitados.
El creciente deterioro de las finanzas públicas y el aumento de la incertidumbre tiene efectos concretos y directos para la ciudadanía. El ejemplo más claro es lo ocurrido con los créditos hipotecarios, donde los plazos y la proporción del pago al contado han retornado a los niveles observados 20 años atrás.