Por Agencias

El informe que acusa al presidente Jair Bolsonaro de "crímenes contra la humanidad" y otros delitos por su errática gestión de la pandemia de covid-19, fue aprobado este martes por una comisión parlamentaria y será remitido hoy a la Justicia.

El documento, aprobado por siete votos contra cuatro, relata en 1.287 páginas el resultado de la investigación realizada por una comisión de 11 senadores sobre la actuación del Gobierno frente a una pandemia que ya mató en el país a más de 606.000 personas.

La comisión dijo haber constatado gravísimas irregularidades, que la llevaron a formular nueve cargos contra Bolsonaro e imputaciones diversas contra cuatro ministros, tres de los hijos del mandatario, asesores del Gobierno y parlamentarios, incluidos en un total de 80 acusados, entre los cuales figuran dos empresas del área médica.

En el caso del líder de la ultraderecha, se le acusa de crímenes contra la humanidad, infracción de medidas sanitarias, charlatanería médica, incitación al delito, falsificación de documentos, uso irregular de dinero público, prevaricación, epidemia con resultado de muerte y atentados contra la dignidad del cargo.

SIN REDES SOCIALES

Las acusaciones serán presentadas próximamente a los tribunales ordinarios y, en lo que compete a Bolsonaro, a la Fiscalía General, la Corte Suprema y la Corte Penal Internacional de La Haya, en este último caso debido a los alegados crímenes contra la humanidad.

En los documentos que serán enviados a tribunales, se incluyó un pedido para que Bolsonaro sea "suspendido" por tiempo indeterminado de las redes sociales, en las que tiene una febril actividad y que ha usado para difundir masiva información falsa sobre la pandemia.

La última de ellas, la semana pasada, cuando insinuó en una transmisión en directo que quien toma las dos dosis de las vacunas corre más riesgos de contraer sida, lo que llevó a Facebook y a Instagram a retirar ese video y a Youtube a suspender la cuenta del mandatario durante siete días.

LA PRINCIPAL SOSPECHA

A lo largo de su trabajo, la comisión celebró 69 audiencias en las que interrogó a casi un centenar de personas y descubrió desde indicios de supuestos fraudes en negociaciones para la compra de vacunas, hasta una estructura de difusión de noticias falsas y una presunta "estrategia" del Gobierno para acelerar los contagios.

Según el informe final, el propio Bolsonaro "incentivó de forma reiterada a la población a incumplir el distanciamiento social, se opuso al uso de mascarillas, promovió aglomeraciones e intentó descalificar a las vacunas".

Pero todo eso, concluyó la comisión, en realidad escondía "una estrategia fundamentada en la idea de que el contagio natural induciría a la inmunidad colectiva" y que fue "consecuencia" de una "decisión política que apuntaba exclusivamente a una rápida retomada de las actividades económicas".

En sus conclusiones, el informe recoge la decisión de crear, en la sede del propio Senado, un memorial en recuerdo de los fallecidos por covid-19 en Brasil.

Además, el informe propone que se conceda una pensión equivalente a un salario mínimo a los "huérfanos del", como se conoce a los niños que han perdido a su padre, su madre o ambos y que, según un reciente informe publicado en la revista Lancet, se cree que son unos 113.000.

El último minuto de la comisión parlamentaria, tras cerca de cien horas de audiencias, fue de silencio, en memoria a las víctimas.

DOCE ACUSADOS

Los doce principales acusados y los cargos formulados en el informe parlamentario son:

1.- Jair Bolsonaro. Crímenes contra la humanidad. Infracción de medidas sanitarias. Charlatanería médica. Incitación al delito. Falsificación de documentos. Uso irregular de dinero público. Prevaricación. Epidemia con resultado de muerte. Atentados contra la dignidad del cargo.

2. Ministro de Salud, Marcelo Queiroga. Epidemia con resultado de muerte. Prevaricación.

3. Ministro de Defensa y exministro de la Presidencia, general Walter Braga Netto. Epidemia con resultado de muerte.

4. Ministro de Trabajo y exministro de la Secretaría General, Onyx Lorenzoni. Crímenes contra la humanidad. Incitación al delito.

5.- Ministro de la Contraloría General, Wagner Rosario. Prevaricación.

6. General Eduardo Pazuello, exministro de Salud. Crímenes contra la Humanidad. Epidemia con resultado de muerte. Uso irregular de dinero público. Difusión de información falsa.

7. Exministro de Relaciones Exteriores Ernesto Araújo. Epidemia con resultado de muerte. Incitación al crimen.

8. Diputado Ricardo Barros, jefe del oficialismo en el Congreso. Incitación al crimen. Tráfico de influencias. Asociación ilícita. Falta de probidad administrativa.

9. Senador Flavio Bolsonaro, primogénito del presidente. Incitación al delito.

10. Diputado Eduardo Bolsonaro, segundo hijo del presidente. Incitación al delito.

11. Concejal Carlos Bolsonaro, tercer hijo del mandatario.

12. Exjefe de prensa de la Presidencia Fabio Wajngarten. Prevaricación. Tráfico de influencias.

78 años de prisión suman los delitos imputados contra el presidente Jair Bolsonaro por la comisión del Senado.

El depuesto primer ministro sudanés Abdalá Hamdok regresó ayer a su casa junto con su esposa tras ser liberado sin restricciones un día después de su que su equipo denunciara que había sido detenido durante el golpe de Estado militar, informó a Efe una fuente castrense.

"Hamdok regresó con su esposa a su lugar de residencia en el suburbio de Kafury en Jartum Norte y no tiene ninguna restricción sobre sus movimientos ni comunicaciones", según una fuente de la oficina del comandante en jefe del Ejército, Abdelfatah al Burhan, que pidió anonimato.

La residencia del exprimer ministro se encuentra custodiada por funcionarios de seguridad, pero es para su propia protección, según la versión del informante, que dijo que de este modo Al Burhan cumplió con lo que había prometido horas antes.

El Ministerio de Información del Consejo de Ministros disuelto el lunes por los militares había denunciado ese mismo día que Hamdok fue detenido y estaba en paradero desconocido tras haber rechazado el golpe, pero ayer el líder militar aseguró que el funcionario estaba en su casa.

"Nadie lo secuestró ni agredió, está en mi casa", había dicho Al Burhan tras asegurar que cuando la situación se calmara podría volver a su casa.

Sobre otros miembros del Gobierno y del Consejo Soberano que fueron detenidos durante el golpe, no se sabe exactamente qué pasará con ellos

Al Burhan también prometió que habrá un nuevo Gobierno. "Lograremos la transición con una participación civil, insistimos en que haya un gobierno civil que realizará con nosotros la transición y acatamos los objetivos acordados en el documento constitucional", dijo el militar, quien agregó que ese texto firmado tras el derrocamiento del dictador Omar al Bashir, en abril de 2019, "no fue anulado".

De todas formas, tras el golpe se han registrado protestas en las que ya han muerto al menos 10 personas por disparos del Ejército de las Fuerzas de Apoyo Rápido, antigua milicia acusada de crímenes contra la humanidad que ahora está reconvertida en cuerpo militar regular.

10 personas, al menos, han muerto en las protestas que se iniciaron en lunes tras el golpe de Estado en Sudán.

El Ministerio de Relaciones Exteriores envió una carta de queja al gobierno argentino por la intervención en la justicia chilena de su embajador, Rafael Bielsa, en el proceso que se le sigue en la Región de La Araucanía al líder mapuche trasandino del grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, quien fue extraditado a nuestro país en 2018 para cumplir una condena de nueve años de cárcel por su participación en un ataque incendiario en la Región de Los Ríos en 2013.

El canciller Andrés Allamand envió una misiva a la embajada argentina en Santiago para representar la objeción del Ejecutivo a la participación de Bielsa en una audiencia judicial en Temuco vía Zoom en la que se revisó la petición de libertad condicional de Huala, solicitud que fue rechazada.

Vía Twitter, la representación diplomática justificó la participación de Rafael Bielsa y sostuvo que esta se dio en concordancia con el Derecho International, citando la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

SOLICITÓ ASISTENCIA

"El ciudadano Huala solicitó la asistencia a través de su abogada. Ha habido casos en los que el abogado lo hace y luego el detenido lo desautoriza, en los que la Embajada se abstuvo de participar, como manda la norma", explicó la embajada, que añadió que es una actitud "regular que realizan tanto los consulados como el propio embajador, habida cuenta de su carácter de jefe de misión".

Añadió que "a solicitud de las autoridades chilenas, el embajador intervino haciendo expresa salvedad del respeto por el derecho interno chileno y los procedimientos que de este ordenamiento se desprenden. El embajador no solicitó a la Comisión que se otorgara ni que se dejara de otorgar la libertad condicional y se circunscribió a responder dichos del representante del Ministerio del Interior de Chile ".