Por Redacción

El Presidente Sebastián Piñera ayer, en La Moneda, inauguró la Semana de la Pyme, donde dijo que "no podemos olvidar que más de 14.000 empresas micro, pequeñas y medianas, fueron víctimas y fueron profundamente afectadas por los actos de violencia (...) que ocurrieron en nuestro país post 18 de octubre de 2019". Ayer, además, se cumplieron dos años de la marcha donde más de un millón de personas ocuparon las calles del centro de Santiago y diversas ciudades del país. Un año más tarde fue el plebiscito que aprobó escribir una nueva Constitución.

"Chile está viviendo tiempos estelares, esos tiempos en que se resuelven los caminos que vamos a recorrer por las próximas décadas. Todos sabemos que estos últimos dos años han sido muy duros para Chile y las pymes", afirmó el mandatario.

"No podemos olvidar que más de 14.000 empresas micro, pequeñas y medianas, fueron víctimas y profundamente afectadas por actos de violencia, vandalismo y delincuencia destructiva, irracional, que ocurrieron en nuestro país durante el periodo post 18 de octubre de 2019", sostuvo Piñera.

Luego el Presidente destacó que "esa violencia destructiva, irracional, que la volvimos a conocer hace unos días atrás, nos recuerda una vez más el valor, la importancia de la paz social, del orden público, de condenar la violencia, respetar el Estado de Derecho, porque eso es lo que se requiere para vivir en una sociedad libre y democrática".

En línea con esto, el Mandatario pidió "a todos quienes aspiran a los más altos cargos de elección popular en nuestro país a defender e impulsar siempre, siempre, la libertad de innovar, de emprender, porque eso es lo que produce bienestar".

"Al igual que los chilenos de trabajo, las pymes saben lo importante que es cuidar lo que con tanto esfuerzo han creado. Cuidar sus emprendimientos, cuidar nuestra democracia, cuidar nuestras instituciones, cuidar nuestro querido Chile que con tanto esfuerzo, con tanto trabajo, con tanto orgullo hemos construido. Y respetar nuestra historia, respetar nuestras tradiciones", continuó Piñera.

"Alguien decía, lo vi en una de las franjas, 'las raíces de la historia nos permiten que las hojas se proyecten con fuerza hacia el futuro'", finalizó el Presidente con una alusión a la campaña de uno de los candidatos a La Moneda por la oposición, Gabriel Boric, quien ha utilizado un árbol como símbolo de sus ideas.

BORIC VALORA PROCESO

Boric, en paralelo, realizó un acto por el 25/O en el centro de la capital, donde sostuvo que "lo que conmemoramos hoy (ayer) es la esperanza de construir un Chile más justo, más digno, en donde no hayan estas diferencias en función de la cantidad de plata que tiene cada uno y esperamos ser un gobierno que colabore con el proceso constituyente, lo empuje y facilite".

Actualmente hay "un Gobierno que no quería este proceso constituyente, este proceso es a pesar de Sebastián Piñera y compañía", agregó.

SICHEL REITERA LLAMADO

El candidato de Chile Podemos+,Sebastián Sichel, también entró en el debate al denunciar la existencia de un sistema "en que algunos sectores validan esa violencia, la legitiman y la quieren indultar. Lo que me impacta es por qué no lo han retirado, si no lo retiran es bueno que se vote lo antes posible, para impedir esa incertidumbre".

El oficialista dijo que "nadie esté a favor de la impunidad. Provoste y Boric al mantener ese proyecto de ley, están ilegítima y moralmente manteniendo esa sensación de impunidad. Ojalá lo retiraran, todavía hay tiempo, porque provocan las sensaciones incorrectas. Mañana los narcotraficantes y delincuentes pueden conseguir que algunos políticos los indulten en el futuro para cometer los delitos hoy".

PROVOSTE PROPONE COMISIÓN NACIONAL

La senadora y candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, anunció que presentará un proyecto de ley para crear una Comisión Nacional de Verdad y Reparación para revisar y dar solución a las "prisiones abusivas" derivadas de hechos ocurridos entre el 7 de octubre de 2019 y el 9 de diciembre de 2020. Tras una reunión que sostuvo con el fiscal nacional Jorge Abbott, Provoste propuso que la comisión entregue un informe en 60 días y reiteró que "nunca hemos estado por amparar a delincuentes".

La Organización de Naciones Unidas (ONU) emitió ayer un nuevo informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Chile, a más de dos años de las protestas del 18 de octubre. La investigación realizada por el organismo central recomendó al Gobierno que "la prisión preventiva no debe ser la regla general, sino la excepción" frente a los detenidos en las manifestaciones.

En diciembre de 2019 la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH, liderada por la ex Presidenta Michelle Bachelet, publicó el primer informe sobre cómo las Fuerzas Armadas y de Orden afrontaron las masivas marchas tras el 18-O, concluyendo que "'existen razones fundadas para creer' que se ha cometido un elevado número de violaciones de DDHH de manos de Carabineros y militares en Chile, entre las que se encuentran el uso excesivo e innecesario de la fuerza que ocasionó muertes ilícitas y heridas, tortura y malos tratos, violencia sexual, y detenciones arbitrarias".

Ayer, una actualización de este reporte que, a su vez, presentaba 21 recomendaciones al Gobierno para evitar estos hechos, señaló que "valoramos los esfuerzos del Estado para incorporar las recomendaciones. Sin embargo, persisten obstáculos en el acceso de las víctimas a la justicia, reparación y garantías de no repetición, entre otros derechos fundamentales", indicó el representante de ONU Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab.

Además, "existe disonancia e inconsistencia en las cifras oficiales entre las instituciones respecto al número de personas en prisión preventiva en el marco de procesos por tales delitos", indicó el organismo, evidenciando que no logró acceder a información actualizada al respecto.

El texto central del documento señaló que "la prisión preventiva no debe ser la regla general, sino la excepción", y "el uso prolongado de esta medida cautelar se hace más problemático en el contexto de la pandemia de covid-19, ya que se contrapone a las políticas de descongestión de los recintos penitenciarios promovidas por los organismos internacionales de DDHH".

"Es obligación del Estado de velar por las garantías de debido proceso y, en este sentido, valorar los límites objetivos al uso de la prisión preventiva", aconsejó la ONU, debido a que "las medidas cautelares no pueden ser más gravosas que el eventual resultado de una condena, evitando por cierto que la prisión preventiva pudiera ser aplicada como una 'pena anticipada', más que como una genuina medida cautelar".

Una vez abiertos los procesos legales en estos casos, la ONU valoró el rol de la Contraloría y la Fiscalía "para fortalecer su capacidad para abordar casos de DDHH, pero los avances son insuficientes en la mayoría de las investigaciones".

Si bien la oficina destacó el "diseño e implementación de programas de apoyo a determinados grupos de víctimas, observa limitaciones que no garantizan una reparación integral", sumado a "constatar una falta de reconocimiento de la responsabilidad del Estado y una ambivalencia en el discurso público".