Por Redacción

Tras los hechos de violencia ocurridos el lunes 18 de octubre, en el marco de la conmemoración del estallido social de 2019, volvió a instalarse la discusión sobre la efectividad del sistema de persecución penal en el país.

El tema fue puesto en la mesa por el Gobierno, aunque con posturas disímiles. El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, manifestó su preocupación por el bajo número de personas que quedaron privadas de libertad por los delitos cometidos ese día.

"Presentamos nueve querellas que involucraron a cerca de 100 personas y solamente 14 quedaron con prisión preventiva y el resto, con otras medidas cautelares. Algunos incluso en libertad y otros en su casa con una cautelar de arresto domiciliario", afirmó el jefe del gabinete.

El debate se cruza con la discusión del proyecto de ley que busca un indulto a los llamados presos del estallido social (o de la revuelta), algunos de los cuales, según sus promotores, se encuentran privados de libertad desde 2019 a la espera de un juicio oral.

De acuerdo a la Fiscalía, hasta agosto había 53 personas recluidas por delitos cometidos en el estallido social, de las cuales 46 se encontraban en prisión preventiva.

Aunque el ministro del Interior se quejó por el bajo número de detenidos que quedó con esa medida cautelar por los hechos del lunes, otras autoridades de gobierno consideran que su uso es excesivo.

"Nosotros creemos que aquí en Chile la prisión preventiva se usa en forma indebida", dijo el ministro de Justicia, Hernán Larraín. "El 40% de las personas que han estado en prisión preventiva, cuando termina el proceso, no terminan con condena alguna, o los que terminan con condena, terminan sin pena privativa de libertad, y por lo tanto hay un porcentaje alto de personas que se pasan una temporada gratuita en la cárcel", enfatizó el secretario de Estado, según consignó radio Biobío.

Una opinión similar manifestó la presidenta del Senado, Ximena Rincón. "El uso de la prisión preventiva, no solo en este caso sino en todos los casos del país, es un tema que tiene que ser revisado", manifestó.

INDULTO EN CAMPAÑA

El proyecto de indulto está en la Comisión de Constitución del Senado, pero no cuenta con los votos necesarios para seguir avanzando. Incluso los parlamentarios de oposición coinciden en que requiere mejoras para ser votado favorablemente.

La iniciativa se ha instalado como tema de la campaña presidencial. El lunes, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, responsabilizó a los candidatos opositores Gabriel Boric y Yasna Provoste por los hechos de violencia de la jornada, dado que ambos apoyan el indulto.

El miércoles el abanderado de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, pidió "que se retire o se rechace ya el proyecto de indulto que han promovido particularmente los candidatos Provoste y Boric".

Ayer el diputado Francisco Undurraga (Evópoli) insistió: "Lo que se está haciendo con este proyecto por parte de la senadora Provoste es faltarle el respeto al anhelo de paz de todos los ciudadanos, y al diputado Boric, mi colega, señalarle que estamos cansados de sus tuits y de sus perdones".

Desde el comando de Apruebo Dignidad respondió el diputado Giorgio Jackson (RD). "El candidato Sichel se suma a la absurda campaña del gobierno de querer culpar a Gabriel Boric por cualquiera de los males, lo culpan por la migración, lo culpan también por la inflación y ahora lo culpan también por los saqueos", sostuvo, según radio Cooperativa.

40% de las personas que han estado en prisión preventiva, al finalizar el proceso, no terminan con condena alguna, dice Larraín.

9 querellas presentó el Gobierno por los hechos violentos del lunes. De 100 involucrados, 14 quedaron en prisión preventiva.

Los empresarios Michael Healy y Álvaro Vargas, presidente y vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) de Nicaragua, respectivamente, fueron arrestados este jueves por la Policía Nacional y permanecerán en prisión hasta 90 días para ser investigados por el supuesto delito de lavado de dinero, informó el Ministerio Público.

La Fiscalía explicó que solicitó una audiencia especial de garantías constitucionales para pedir la ampliación del período de investigación y detención judicial contra los dos líderes empresariales, "quienes están siendo investigados por la Policía Nacional".

La Policía Nacional, que dirige Francisco Díaz, consuegro del presidente Daniel Ortega, detuvo ayer a los dos principales líderes del Cosep para investigarlos por los presuntos delitos de lavado de dinero, bienes y activos en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense, y realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, entre otros.

"Las audiencias especiales de cumplimiento de garantías constitucionales se llevaron a cabo hoy mismo y las solicitudes fueron admitidas por las correspondientes autoridades judiciales, quienes dictaron detención judicial por 90 días para cada investigado", indicó esa cartera, que no precisó el nombre de los jueces.

La Policía, sin ofrecer evidencia, dijo que basa su investigación contra los empresarios citando la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, aprobada con carácter urgente por la Asamblea Nacional, de mayoría sandinista, en diciembre.

Esa ley, promovida por el Ejecutivo, los cataloga "traidores a la patria" y los inhabilita a optar a cargos públicos.

UN DÍA DESPUÉS

La detención de Healy y Vargas, críticos del Gobierno de Ortega, se da un día después de que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) exigiera la liberación "inmediata" de los aspirantes a candidatos presidenciales y los "presos políticos" en Nicaragua, cuando faltan 17 días para los comicios en los que el mandatario buscará una nueva reelección.

Tanto el Cosep, principal cúpula empresarial de Nicaragua, como la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, denunciaron la detención arbitraria de los líderes y demandaron su inmediata liberación.

Healy dijo tras salir del Ministerio Público que le reprogramaron la cita y no le dieron mayores explicaciones sobre el caso por el que se le investiga.

Posteriormente abordó su vehículo y cuando se dirigía hacia su residencia, fue interceptado por la Policía Nacional y detenido junto a su conductor.

Los arrestos de Healy y Vargas son los número 38 y 39, respectivamente, que realiza la Policía Nacional desde el 28 de mayo pasado contra profesionales independientes y disidentes, incluyendo a siete que anunciaron sus intenciones de aspirar a la Presidencia por la oposición.

Ortega, exguerrillero sandinista de 75 años que presidió por primera vez el país de 1985 a 1990, busca su quinto mandato, cuarto consecutivo, y segundo con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

Una serie de críticas recibió el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, por el traspié sufrido la noche del miércoles en el programa Mentiras Verdaderas de La Red, donde se equivocó al dar una cifra sobre las ganancias de las empresas.

Al ser consultado por su idea de aumentar los impuestos al 1% de mayores ingresos, Boric explicó que "estamos hablando de ingresos sobre las 1.000 UF en el caso de las empresas". Al valor actual de la Unidad de Fomento, se trataría de poco más de $ 30 millones.

Tras percatarse del error, el abanderado dijo no tener la cifra exacta en el momento y agregó que "seguramente después van a salir a tratar de atacar por esto".

Uno de los comentarios más llamativos fue el de Matías Muchnick, CEO y fundador de la exitosa startup chilena NotCo. "Si Boric fuera un emprendedor haciendo un pitch de su idea a inversionistas (ni siquiera muy sofisticados) no levantaría un peso. No manejar las cifras del problema que uno está proponiendo resolver es fatal", escribió en Twitter.

Un poco más duro fue el candidato de Chile Podemos +, Sebastián Sichel: "Cuando no sabemos la diferencia entre una empresa que vende mil UF y 100 mil UF tenemos un problema".

"No solo provoca una especie de silencio un poco vergonzoso de muchos, sino que además demuestra cómo a veces se hacen programas de gobierno no teniendo idea el país que quieren gobernar", añadió.

Algo similar planteó el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast. "Lamentablemente hemos visto que cada vez que se le hacen consultas de temas técnicos su respuesta es 'no', después dice 'sí sé', después dice 'no sé', después 'paso' y eso tiene que corregirlo, porque las políticas públicas tienen que abordarse con seriedad", sostuvo.

"Yo le pediría primero que suba su programa (a internet) y que después no mencione cifras si no está seguro de ellas", agregó Kast.