Victimización en el comercio
La reciente Encuesta de Victimización del Comercio, correspondiente al primer semestre, elaborada por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC) reveló una tasa de victimización del 41,2% en el país. Si bien los resultados fueron menores a mediciones anteriores, siguen siendo altos, si se toma en cuenta que los locales estuvieron un promedio de 38% del tiempo cerrados, por las medidas de cuarentena cuando se acentuaron los contagios de covid-19. El sondeo se realizó a 1.162 establecimientos de Iquique, Antofagasta, Viña del Mar-Valparaíso, Gran Santiago, Concepción-Talcahuano, Temuco y Puerto Montt.
El comercio es uno de los sectores más atacados por la delincuencia y junto con afectar a los comerciantes en su patrimonio y seguridad, también desalienta la inversión en la ampliación de establecimientos y en la iniciación de nuevos emprendimientos. Y con ello también se limita el crecimiento de las fuentes de empleo, con lo cual el daño tiene una notoria derivación social.
Si se realiza un seguimiento de las informaciones sobre delitos graves que se publican en los medios de comunicación, se llega a la conclusión de que muchos de estos son cometidos por reincidentes y sujetos que habían pasado por los tribunales pero fueron dejados en libertad. El presidente de la CNC, Ricardo Mewes, ha señalado que "mientras la mayoría de los sectores y las personas tuvieron que sufrir las restricciones que se impusieron por el coronavirus, las organizaciones criminales y los delincuentes no solo no frenaron su actividad ilícita, sino que han aprovechado esta pandemia para potenciarse y crecer".
Los delitos de mayor ocurrencia son el hurto, el robo hormiga, delito económico, rayado no autorizado y el robo con violencia. Ello ha llevado a los comerciantes a reforzar sus medidas de seguridad, como la instalación de más cámaras de seguridad, alarmas, rejas y contratación de guardias. A ese sector le preocupa que por la delincuencia y la falta de políticas efectivas de seguridad de parte del Estado, no puedan aportar más a la creación de empleo y a la reactivación de la economía, ya que en la actualidad son los propios comerciantes los que deben invertir en medidas de resguardo en sus locales y hacer frente a robos y asaltos.
La delincuencia es un tema que preocupa a los ciudadanos en general, y al comercio en particular, porque ven que, más allá del Gobierno de turno, ésta no cede, por lo cual desde diversos sectores se hacen frecuentes llamados a las autoridades para que lo aborden de forma constante y persistente y no solo en algunas épocas del año. Es evidente que se requiere de forma urgente una solución a nivel país, impulsada desde el poder central.
Muchas de las víctimas deciden no denunciar los ataques y robos que sufren, lo que es muy frecuente en el comercio minorista, porque estiman que no tendrán resultados, o porque lo consideran una pérdida de tiempo, de manera que al no haber registros oficiales sobre ellos, pasan a integrar lo que se conoce como las "cifras negras" de la delincuencia. De acuerdo con la reciente encuesta de la CNC, de aquellos que fueron victimizados en el primer semestre en todo el país, un 58% no denunció ningún delito, lo que representa 15 puntos porcentuales más que en la medición anterior. Un 14% dice que denunció todo, siendo los comerciantes de compra y venta de automóviles, empresas de logística, y estaciones de servicio, hoteles y restaurantes los que más denunciaron.
A juicio de los comerciantes consultados, las autoridades que presentan mayores niveles de insatisfacción frente a la delincuencia son Tribunales de Justicia (85,1% de insatisfechos), el Congreso (83,4 %), Ministerio Público (77,3%) y el Gobierno (75,9%). En momentos en que el país se encuentra en una campaña que llevará a las elecciones de presidente y de parlamentarios en noviembre, las autoridades y los sectores políticos tienen el deber de hacerse cargo del tema.
De acuerdo con la encuesta de la CNC, de aquellos que fueron victimizados en el primer semestre, un 58% no denunció ningún delito, por estimar que no tendrán resultados, o porque lo consideran pérdida de tiempo, lo que representa 15 puntos porcentuales más que en la medición anterior.