Este martes la comisión revisora conformada la semana pasada por la Cámara de Diputados inició la evaluación de antecedentes de la acusación constitucional presentada por parlamentarios de la oposición contra el Presidente Sebastián Piñera, tras conocerse nueva información de la venta de minera Dominga, en la que está involucrada la familia del jefe de Estado.

La instancia, presidida por Maya Fernández (PS) e integrada por Raúl Florcita Alarcón (PH), Pepe Auth (Ind.), Paulina Núñez (RN) y Virginia Troncoso (Ind.), inició el análisis del fondo del libelo acusatorio, recibiendo durante la mañana a abogados ambientalistas, entre ellos Dominique Hervé y Llankiray Díaz, además del abogado Enrique Aldunate, en representación del equipo jurídico de las bancadas de oposición patrocinantes del recurso contra el Mandatario.

En la cita, además, estuvo el ex presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, quien advirtió sobre una cláusula del contrato de venta de Dominga que a su juicio llama la atención, que es la omisión de declaración de la existencia de una persona política expuesta (PPE) -como ocurría con el Presidente- entre los involucrados en la operación.

Entre la audiencia presente en la sala de la comisión estuvo Jorge Gálvez, abogado parte del equipo jurídico de la defensa del Mandatario, que ahora dispondrá de diez días para hacer llegar los argumentos de su defensa para el conocimiento del órgano parlamentario, previo a su pronunciamiento sobre la acusación.

Además ayer también se invitó a los periodistas Pedro Ramírez, director de Ciper, y Francisca Skoknic, directora de LaBot -ambos parte de la investigación conocida como Pandora Papers que aportó nuevos antecedentes sobre el caso; y al director de El Desconcierto, Sergio Jara, quien en 2017 -como parte de radio Biobío- había desarrollado una investigación en torno a los negocios del Presidente.

La comisión continuará sus sesiones durante este miércoles y jueves, con la audiencia de exministros de Medio Ambiente, además de la actual titular de la cartera, Carolina Schmidt, así como el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Se esperaba que en el inicio de la comisión se hiciera presente el fiscal nacional Jorge Abbott. Sin embargo, el jefe del ente persecutor envió un oficio señalando que no podría ser parte de la audiencia, considerando que hay una investigación actualmente en curso a cargo de la fiscal regional de Valparaíso Claudia Perivancich, "quien actúa autónomamente en uso de sus atribuciones". Por ello, explicó el persecutor, "no resulta procedente que este fiscal nacional pudiera referirse a tales antecedentes".

La comisión, de todos modos, expresó que haría llegar un cuestionario a Abbott.

¿Hay algo en común entre los acontecimientos de hace dos años y lo que ocurrió ayer?

Aparentemente sí.

En ambos casos hubo destrucción, vandalismo más o menos desatado y un desorden generalizado en el centro de las ciudades y en los barrios. Como era de esperar, este lunes, al igual que hace exactos dos años, el epicentro fue la zona cercana a la Plaza Baquedano coronada hoy por un plinto -lo único que queda en ella- desprovisto de estatua.

Sin embargo, cuando el fenómeno se mira de cerca, esa similitud desaparece.

Porque si hace dos años el fenómeno estuvo revestido, siquiera por una delgada capa de componente simbólico, la violencia y el vandalismo de anteayer careció incluso de ese mínimo barniz y, en cambio, se reveló como pura naturaleza, simple pulsión destructora de grupos pertenecientes al lumpen, a lo que la literatura llama underclass, sumados a otros grupos más ilustrados, seguramente anarquistas a sabiendas o espontáneos, que vieron en esto una ocasión carnavalesca y orgiástica, sin sentido normativo alguno. Todas las sociedades (y sería ridículo pretender que la chilena este exonerada de eso) anidan en su seno un potencial de violencia que se sublima y se contiene mediante las instituciones. Pero allí donde las instituciones desaparecen o entran en un periodo de reconstrucción (como ocurre hoy en Chile) resulta casi inevitable que este tipo de fenómenos ocurra y es totalmente predecible que vuelvan a ocurrir de nuevo.

La pregunta entonces consiste en cómo contener esa violencia o cómo evitarla.

Hay varias medidas para hacerlo y por lo pronto dos.

La primera alude a la índole del estado. En la filosofía política del siglo XVII se creyó -y la receta sigue siendo válida- en lo que pudiéramos llamar la "homeopatía de la violencia". Se trata de una receta hasta cierto punto paradójica puesto que afirma que la violencia de los particulares, de los individuos, se cura con la violencia reunida en el estado. Del mismo modo que la homeopatía cura la enfermedad con sustancias en cantidades mínimas que en porciones desequilibradas serían fatales (fármaco, en griego, significaba tanto remedio como veneno), así también el estado moderno, el estado de derecho, cura la violencia que a veces se expande en la vida social aplicando la violencia en base a reglas, la violencia que por estar regulada se la considera legítima. Hay entonces que recuperar el sentido básico del estado. El estado es un proveedor de bienes que nos alejan (como sostienen las diversas versiones del estado de bienestar) del hambre; pero sobre todo es una institución que nos aleja del miedo al otro, de la violencia cotidiana. Desgraciadamente (como se ve a propósito de lo que ocurre en La Araucanía) hay pocas personas que estén dispuestas a reconocer este básico (e incómodo) papel del estado.

La segunda es, por llamarla así, puramente intelectual. Consiste en desproveer a la violencia (como alguna vez sugirió Jorge Millas) de las máscaras tras las cuales suele ocultarse y engañar. La más popular de esas máscaras es aquella según la cual la violencia puede ser virtuosa cuando produce causalmente resultados buenos. Algo de eso parece creer la Convención constitucional (o algunos de sus miembros) cuando decide iniciar el debate constitucional el día 18, lo que constituye una manera inequívoca de atribuir su origen a lo que ese día ocurrió. Esta vinculación entre la violencia (el 18 de hace dos años) y el origen de las instituciones (la Convención) acaba reduciendo la historia a mera naturaleza, a simple fruto de procesos instintuales que no seríamos capaces de controlar.

Un estado deslegitimado en su tarea más íntima y la violencia camuflada de historia, son dos circunstancias que, de mantenerse, acabarán reproduciendo lo de ayer.

Pero desgraciadamente en Chile nadie parece dispuesto a recordar la "homeopatía de la violencia" que constituye al estado. Y muchos en cambio (desde luego la Convención) parecen dispuestos a mantener la máscara con que la violencia hasta ahora se presenta entre nosotros.

Carlos Peña

Allí donde las instituciones enflaquecen (como sucede hoy) resulta casi inevitable que ocurran fenómenos como el del lunes y es totalmente predecible que vuelvan a ocurrir. Salvo que se desprovea a la violencia de máscaras y se recupere el sentido del estado.