Por Redacción

La conmemoración del segundo aniversario del estallido social, este lunes, estuvo marcada por multitudinarias marchas en varios puntos del país, pero también se vio empañada por graves hechos de violencia, destrucción de mobiliario público y saqueos que ocurrieron hasta la madrugada de este martes.

"Estamos en presencia de algunos delincuentes y me refiero a quienes van y utilizan estas fechas para delinquir, para saquear, para quemar, robar, para atacar a Carabineros, para atacar a civiles, y atacar propiedad pública y privada", evaluó el ministro del Interior, Rodrigo Delgado sobre los hechos producidos en el contexto de 232 manifestaciones en el país.

Según Carabineros, se generaron 109 barricadas, 35 saqueos -evitándose más de 300 gracias a denuncias ciudadanas- y 12 atentados incendiarios, principalmente en las regiones Metropolitana, de Valparaíso y del Biobío.

Llamaron especialmente la atención el ingreso de saqueadores al Mall Arauco Quilicura en una micro del Transantiago para derribar el portón de entrada y el robo de 100 millones de pesos desde un BancoEstado de Maipú, aprovechando el caos en la comuna.

Además, se reportaron 49 actos de desórdenes, 13 ataques a cuarteles policiales y 15 atentados contra la autoridad. Fueron 19 mil efectivos desplegados para controlar el orden público, de los cuales 45 resultaron heridos. Además de ellos, 450 personas fueron detenidas por desórdenes y daños, 11 fueron heridas y dos fallecieron.

En la evaluación del "día después", el subsecretario de Interior, Juan Francisco Galli, apuntó a quienes tuvieron "responsabilidad" en los hechos de violencia registrados. "Este nivel de violencia no es tolerable en una sociedad democrática", dijo, apuntando a "los responsables finales de esta violencia" que, a su juicio, "son quienes instalaron en nuestro país una sensación de impunidad, que no había consecuencias de cometer hechos de violencia".

"Los que hicieron un llamado a quemarlo todo, como la expresidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez; quienes presentaron un proyecto de ley para indultar a quienes destruyeron y quemaron, como Yasna Provoste; quienes van a visitar a la cárcel a un imputado en prisión preventiva por lanzar bombas molotov, como el candidato del Partido Comunista y el Frente Amplio Gabriel Boric; o Fernando Atria, que le atribuye la maternidad de la constituyente a la violencia", lanzó Galli.

Sus palabras fueron, luego, ratificadas por el vocero de La Moneda. Jaime Bellolio descartó "aprovechamiento político" en sus dichos, calificándolo como una "opinión". "No basta con tuitear, hay después que accionar, tener un correlato entre lo que se dice en Twitter y lo que se hace; no basta con decir 'condeno la violencia' al mismo tiempo que propongo un proyecto de indulto", explicó el ministro de la Segegob.

OPOSICIÓN: INTERVENCIÓN

Uno de los aludidos, el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, acusó que "una vez más, el Gobierno busca tratar de sacar provecho político de hechos de violencia en vez de cumplir su rol". Por ello llamó a que "dejen de utilizar al Gobierno para hacer campaña electoral por sus dos candidatos", refiriéndose a Sichel y Kast.

Por su parte, el constituyente Fernando Atria -también mencionado por Galli- calificó como "bien increíble" lo que hace el Ejecutivo: "Pasó de culpar al gobierno anterior a culpar al gobierno que viene. Siempre este gobierno es irresponsable".

En la DC, en tanto, optaron por la vía formal y a través de un oficio ante la Contraloría, los diputados Gabriel Silber y Gabriel Ascencio pidieron investigar posible intervencionismo.

DEBATE EN ENADE Y SENADORA EN PAUSA

El 11 de noviembre se realizará el debate del Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2021, y que contará -hasta ahora- con la presencia de José Antonio Kast, Sebastián Sichel, Marco Enríquez y Gabriel Boric, en lo que será la primera comparecencia del candidato de Apruebo Dignidad ante el empresariado. A la cita no habían confirmado ni Eduardo Artés ni Yasna Provoste, quien ayer comunicó que estará en cuarentena preventiva hasta el sábado 23, tras un caso positivo de covid-19 en un acto en que participó.

La Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP) manifestó preocupación por algunas de las normas contenidas en el reglamento de la Convención Constitucional, las que a su juicio podrían tener repercusiones negativas para el ejercicio de la libertad de expresión.

En un informe presentado en la Asamblea General que se desarrolla hasta el viernes de manera virtual, el organismo aludió a las disposiciones que sancionan el negacionismo entre los constituyentes, respecto de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el régimen militar y tras el estallido social de 2019.

La SIP también hizo referencia a las normas que buscan condenar a quienes nieguen o minimicen las atrocidades y el genocidio cultural hacia los pueblos originarios.

La entidad argumentó que si bien estos artículos aplican al trabajo interno de los convencionales, "podrían tener repercusiones sobre el estatuto de la libertad de expresión en la futura Constitución".

También cuestionó la norma del reglamento que busca combatir las fake news. El texto condena la desinformación entendida como "la expresión, a través de cualquier medio físico o digital, de un hecho que se presenta como real, conociendo o debiendo saber que es falso". El gremio considera que estas expresiones podrían traspasarse a la futura carta magna. Además, la SIP sostuvo que "esa definición exigirá que la Comisión de Ética determine la 'verdad oficial', mientras que el término 'debiendo saber que es falso', es ambiguo".