"Lamentablemente, en noviembre de 2019, con el incendio que afectó la Gobernación de Concepción, las personas más vulnerables fueron las más afectadas, puesto que la oficina de Extranjería sufrió los daños de la violencia, como asimismo la de Bienes Nacionales, donde se hacen las regularizaciones. Ha transcurrido el tiempo y la gente ha sentido que esos hechos de violencia no pueden volver a repetirse porque no afectan solo a una institución, sino también a personas. Vimos con mucho dolor cómo se dañaron lugares de uso para personas no videntes, como los semáforos, los paraderos. Ojalá estos hechos no se vuelvan a repetir y las personas tomen consciencia de que se destruye el patrimonio de todas las personas, no solo de un Estado o Gobierno.

Hay que avanzar en un clima de unidad, buscar salidas democráticas a las necesidades y un punto favorable es lo que ocurre después del Acuerdo por la Paz. Lo que se avanzó para llegar a este proceso da la tranquilidad de que se está buscando una salida democrática para buscar las soluciones a los requerimientos de la comunidad. Lo fundamental es que la democracia se respete, que todos los sectores se comprometan en avanzar como país y buscar el bien común, necesario para avanzar en la construcción de una nación y buscar igualdad, pero no desconociendo lo que se ha avanzado, donde muchos han salido de la pobreza.

Es el Parlamento el llamado también a construir un futuro para el país, a generar las modificaciones estructurales a algunos cuerpos legislativos que den respuesta también a los requerimientos de la ciudadanía. No puede aislarse ni hacerse a un lado de lo que requiere la comunidad.

Puede haber una reactivación de las movilizaciones. Espero que la gente si lo hace, sea con respeto, con civilidad. Las manifestaciones son un derecho consagrado en la Constitución. Es normal en un país democrático. Lo que no es normal es la violencia, que debemos reprochar todos los sectores".

"El estallido social permitió destrabar la demanda de cambio constitucional, manifestada en Chile desde hace décadas, luego de un proceso constituyente fallido en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Esa es la relevancia histórica del estallido: posibilitó un acuerdo institucional para canalizar la demanda. Sin embargo, este gobierno no ha valorado suficientemente esta solución institucional. El Presidente no comprende que la Convención representa la mejor alternativa de salida al conflicto.

La Convención ha sido exitosa, ya que logró una mayor representación de las fuerzas sociales, movimientos de base y agrupaciones territoriales del país, yendo más allá de las fuerzas políticas tradicionales que habían copado los espacios institucionales. El debate de estos tres meses da cuenta de aquello, representando el debate por derechos sociales, descentralización, pueblos originarios, mujeres, etc.

Las críticas, muchas de ellas, han sido dirigidas a desprestigiar el trabajo de la Convención, por temor a los cambios. Las críticas más profundas vienen de quienes quieren mantener el modelo constitucional, que configura el modelo político y económico, y no han sabido leer las demandas manifestadas del estallido.

Lamentablemente, las investigaciones han sido lentas, en parte por la pandemia, pero también por falta de voluntad en la investigación, tanto de delitos asociados a la protesta social, como respecto de violaciones a los DD.HH. cometidas por agentes estatales que hicieron uso excesivo de la fuerza. A la vez, quienes fueron acusados de cometer desórdenes públicos u otro tipo de delitos asociados a la protesta social, no han recibido un debido proceso, siendo en algunos casos sometidos a medidas cautelares excesivas y, en otros, tras largos periodos de prisión preventiva, ser absueltos. El sistema no ha operado en forma adecuada ni para investigar, ni para sancionar.

La pandemia desnudó las debilidades del modelo actual. Con mayor fuerza, las personas han levantado la necesidad de consagrar derechos sociales, protección real en materia laboral, asumir la necesidad de considerarnos una comunidad, un colectivo, y terminar con el excesivo individualismo. La Convención está tratando de dar respuesta a esos anhelos".

"El estallido fue una expresión de un momento que estábamos viviendo como país y sociedad. Las organizaciones que ya nos conocíamos pudimos organizarnos y de manera muy poco estructurada y con algunas metodologías de ciudadanía muy abiertas pudimos ir convocando sin un propósito claro, solo pensando en el encuentro. Llegamos a encontrarnos más de 60 organizaciones de la sociedad civil dedicadas a las personas.

No es fácil entender que hay nuevas maneras de hacer democracia que no necesariamente conducen a resultados tan concretos. Los procesos son resultados en sí mismos. Los encuentros generaron distintas redes que luego, de manera menos articulada, siguieron funcionando. Las nuevas formas de liderazgo tienen que ver con generar espacios para que las personas se sientan en confianza y puedan generar conversaciones. Puede ser que la salida democrática del estallido a través de la nueva Constitución haya dejado más tranquilas a algunas personas, pero el trabajo que hacemos desde este sector trasciende eso.

Es frustrante que los principales dolores que nos mostró el estallido social no se han resuelto. Hay elementos del modelo que todavía no se han tocado, como la previsión social, la salud, la educación y el trabajo. Siempre hemos dicho que es contradictoria que las personas, a pesar de trabajar, se mantengan en pobreza. Por ahí puede que persista el descontento. Sí se ha expresado más y eso ha ayudado a descomprimir, pero no basta con eso.

Veo el trabajo de la Convención como un proceso exitoso. El compromiso que tenemos que tener las organizaciones que trabajamos con personas es tener altas expectativas de estos procesos. Pienso que la salida institucional es una parte del nuevo pacto social, pero la solución a nuestro problema de cohesión social no pasa solo por la nueva Constitución. También pasa por la reflexión que puedan hacer las instituciones, los tomadores de decisiones y las personas. Necesitamos de líderes que promuevan eso y ahí ha faltado compromiso de los tomadores de decisiones de poner lo mejor para que no se genere un espacio de incertidumbre".

Treinta casos menos de delitos como robo en lugar no habitado o robo con intimidación. A eso equivale el 9,9% de disminución que registraron en septiembre los delitos de mayor connotación en Concepción. Esto se desprende de los datos entregados por la Unidad de Análisis Criminal de Fiscalía en la última sesión del Consejo de Seguridad penquista.

Según Álvaro Ortiz, alcalde de Concepción, estas cifras están vinculadas al trabajo realizado en el consejo, que ha permitido reforzar la coordinación entre las instituciones involucradas.

El jefe comunal agregó que se han constituido 17 mesas barriales a cargo de la Dirección de Seguridad Pública en la comuna. "A través de ese levantamiento de información y los reportes de la comunidad, vamos focalizando nuestros servicios, cruzando información con unidades policiales especializadas y aumentando el despliegue y los controles en puntos estratégicos", detalló.

Desde Fiscalía destacaron que pese a la liberación de las medidas restrictivas y la premisa de que a mayor circulación de personas vendría aparejada una mayor comisión de delitos, esto no ocurrió.

El fiscal Michelangelo Bianchi, jefe de la Unidad de Análisis Criminal de la institución, afirmó que "son cifras alentadoras que van dando cuenta de un buen trabajo que se está realizando a nivel preventivo y que evidencian que esta comparativa no solo desciende en relación al 2020, que fue un año irregular por el control sanitario, sino también al año 2019".

Para el Mayor de Carabineros, Carlos Espinoza, las cifras dan cuenta de los planes especiales generados para disminuir los delitos de mayor connotación social en la comuna.