Por Agencias / Redacción

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) anunció ayer el exitoso término de las negociaciones para un nuevo marco fiscal global, que derivaron en un "histórico" acuerdo que permitirá fijar un impuesto mínimo del 15% a las firmas multinacionales, cuyos beneficios se repartirán en los países donde ese tributo se genere.

El acuerdo logrado incluye a 136 naciones y jurisdicciones -entre ellas Chile-, las cuales engloban más del 90% del PIB mundial. Sólo cuatro países se restaron del consenso: Pakistán, Nigeria, Kenia y Sri Lanka.

Según la OCDE, este pacto generará ingresos para los estados de unos 150.000 millones de dólares anuales gracias al alza tributaria, y la redistribución de otros 125.000 millones de dólares entre los países.

LARGAS NEGOCIACIONES

La llegada al gobierno de Joe Biden supuso un reimpulso a las negociaciones internacionales que buscaban reducir el uso de paraísos fiscales por parte de las grandes empresas, luego que la administración de Donald Trump bloqueara el avance de la iniciativa.

A ello se sumó la anuencia de tres países europeos con baja carga de impuestos a las empresas, que se sumaron al acuerdo luego de su renuencia inicial: Irlanda, Hungría y Estonia. Ello permitió el logro simbólico de tener a todo el G20 y a la totalidad de los países miembros de la OCDE comprometidos con la iniciativa.

"El acuerdo de hoy hará que las disposiciones fiscales internacionales sean más justas y funcionen mejor. Es una gran victoria para un multilateralismo eficaz y equilibrado", destacó el secretario general de la OCDE, el australiano Mathias Cormann.

Ayer se celebró una reunión virtual entre los 140 países y territorios que forman parte del llamado "marco inclusivo" para crear, por primera vez, de un mecanismo para que las grandes empresas paguen impuestos por los beneficios que generan en cada Estado o territorio, así como una fiscalidad mínima para los impuestos de sociedades.

Este acuerdo se debatirá en la cumbre del G20 del 30 y 31 de octubre en Roma, donde se estudiarán los próximos pasos para que lo pactado pueda aplicarse ya desde 2023.

Un primer paso será que los países ratifiquen durante 2022 un convenio multilateral, que evitará entramparse en el proceso de renegociar y ratificar miles de tratados bilaterales en todo el mundo, un proceso que podría alargarse muchos años.

El segundo paso consistirá en que la OCDE desarrolle un modelo de legislación para que los países puedan someter a una aprobación rápida las medidas incluidas.

LOS PILARES

El primero de los pilares del acuerdo fija el volumen del beneficio residual -el queda después de que el país sede haya descontado el impuesto del 10% de la rentabilidad- que se repartirá entre los países donde operan las compañías, que se acordó fijarlo en 25%.

Ese pilar se refiere a grandes empresas con facturación mundial superior a 20.000 millones de euros y una rentabilidad de 10%, cuyo reparto de beneficios se haría entre los países donde cada compañía tiene ingresos superiores a un millón de euros (o 250 mil en pequeños estados). Su aplicación permitirá la redistribución unos 125.000 millones de dólares anuales.

El pilar 2 establece un impuesto mínimo del 15% para las compañías que facturen al menos 750 millones de euros.

Esta nueva tasa mínima generará ingresos fiscales de unos 150.000 millones de dólares en todo el mundo, según la OCDE, que también prevé beneficios adicionales "por la estabilización del sistema fiscal internacional y por el aumento de la seguridad fiscal".

LÍDERES CELEBRAN "JUSTICIA" DEL ACUERDO

Los principales líderes globales celebraron el acuerdo . "Es un momento histórico. Es un gran paso adelante para hacer más justo nuestro sistema fiscal mundial", dijo la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen. El presidente Joe Biden aseguró que "muestra cómo el liderazgo y la diplomacia de Estados Unidos están impulsando los intereses económicos de las familias trabajadoras estadounidenses". "Una revolución fiscal irreversible con más justicia", calificó el ministro de economía francés, Bruno Le Maire.

136 países y jurisdicciones, entre ellos Chile, formarán parte del acuerdo que esperan se aplique desde 2023.

Vivir en un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible es un derecho humano sin el cual no se pueden disfrutar de otros derechos, como a la salud o incluso a la vida.

Así lo estableció el Consejo de Derechos Humanos de la ONU tras aprobar este viernes una resolución, impulsada por Costa Rica y patrocinada por otros 40 países -entre ellos Chile, Uruguay y España-, que por primera vez destaca que el derecho a un medio limpio y sostenible está interconectado con otros derechos ya reconocidos en el derecho internacional, es decir, que son de aplicación universal.

La resolución -que debe ser examinada por la Asamblea General del organismo- alienta a los países a crear capacidades para proteger el medio ambiente y cumplir sus obligaciones en el campo de los derechos humanos, a intercambiar conocimientos entre ellos y adoptar políticas acordes.

Pese a que países como Rusia intentaron incorporar enmiendas que debilitaban el alcance del documento, finalmente ninguna nación votó en su contra.

Sí algunos como China, Japón e India, además de la propia Rusia, se abstuvieron.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, permitirá al Congreso acceder a documentos de su antecesor, Donald Trump, sobre el asalto al Capitolio del 6 de enero, en el que murieron cinco personas.

La decisión de Biden permite que los Archivos Nacionales de EE.UU., que custodian documentos históricos, entreguen información sobre el asalto al Capitolio a un comité de la Cámara de Representantes que investiga ese suceso.

Trump había argumentado que esos documentos debían permanecer en secreto porque podrían poner en peligro la seguridad nacional.

Sin embargo, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, anunció este viernes que Biden había llegado a la conclusión de que la seguridad del país no estaba en peligro y los documentos debían entregarse al comité de la Cámara Baja.

El contenido exacto de esos documentos se desconoce, pero podrían revelar qué ocurrió en la Casa Blanca mientras cientos de simpatizantes de Trump irrumpían en el Capitolio.

La misión del comité, creado por la demócrata Nancy Pelosi, es investigar por qué ocurrió el asalto, quién es responsable y cómo se puede evitar otro suceso similar.